El costo del alineamiento automático

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La Nación puede ofrecer aumentos que el gobierno provincial no

Antonio Tardelli

A seis semanas de las elecciones, instancia en la que los gobiernos suelen mostrarse simpáticos, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos debe admitir su impotencia. La administración de Cristina Fernández acaba de congraciarse con los estatales, a quienes concedió un aumento salarial del 15 por ciento, al precio de colocar en incómoda situación a sus gobernadores aliados. Disminuidos los ingresos fiscales, Sergio Urribarri enfrenta la protesta de los sindicatos docentes y la novedosa belicosidad de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con sus finanzas al límite y sin posibilidad de respuesta. En diciembre de 2007, cuando apenas alumbraban los problemas de la economía argentina, y casi nadie pronosticaba la presente crisis internacional, era inimaginable que la estrategia del alineamiento automático se topara tan rápidamente con sus costados más riesgosos.

Hace tres cuartos de siglo, en la Argentina de 1935, se hablaba por primera vez de la coparticipación como mecanismo de reparto de recursos entre el poder central y los Estados provinciales. La primera distribución primaria fue extremadamente favorable al puerto: la Nación se quedaba con el 82 por ciento de los fondos y el conjunto de las provincias con el restante 18 por ciento. Las cosas mejorarían para el interior. Pero hasta cierto punto. Y hasta determinado momento.

Una década más tarde, en 1946, las provincias se apropiaban ya del 21 por ciento. Habían mejorado tres puntos. Y cinco años después, en 1951, el interior se reservaba el 51,2 por ciento del total de la recaudación. Sin embargo, el gobierno nacional mejoraría su posición en los años siguientes: hacia el final de la década le dejó a las provincias sólo el 46 por ciento de los ingresos. Ese índice retrocederá aún más en 1963. La Nación sólo permitirá que las provincias se repartan el 42 por ciento de los recursos (en rigor, algo menos, pues el 6 por ciento correspondía automáticamente a la Capital Federal). En 1966 el porcentaje asignado a las gobernaciones se estacionará en 46 por ciento.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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