P.R.
La ley de inembargabilidad hace tiempo que cuenta con media sanción del Senado. Si bien desde un principio faltó la aprobación desde ese bloque, el proyecto permaneció en vilo mediante prórrogas por 180 días. Hoy, amparado en el artículo 27 de la nueva Constitución provincial (“Preserva, en un marco de solidaridad comunitaria y educativa, la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura”), los clubes buscan hacer notar su importancia ante la sociedad. Frente a ello, ya tuvieron un nuevo contacto con Senadores y en los próximos días gestionarán una cita con diputados provinciales para seguir avanzando en el tema.
Justamente, el martes por la mañana, integrantes de Acludepa estuvieron en el recinto de la cámara alta donde mantuvieron una reunión con las comisiones de Legislación General y de Mercosur, Turismo y Deportes, que presiden Jorge Ghirardi y Eduardo Melchiori respectivamente. En este cónclave participaron además los senadores Horacio Díaz y José Luis Panozzo, quienes junto al presidente de Acludepa, Hugo Grassi, y la asesora legal de esta entidad, Judith Abreu, analizaron una de las propuestas existentes a fin de pulir detalles para el nuevo proyecto de ley, el cual apunta a mejorar condiciones para la ley de inembargabilidad.
En sí, esta iniciativa de ley plantea una posible inembargabilidad sobre los bienes inmuebles de los clubes, situación que se viene dilatando en el tiempo con la renovación de prórroga cada 180 días de la legislación actual vigente. En ese sentido, la doctora Abreu señaló que provincias como Mendoza y Corrientes ya han avanzado sustancialmente al sancionar leyes provinciales, sentando jurisprudencia al respecto, mientras que otras como Córdoba, Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos se encuentran analizando propuestas similares.
Desde Acludepa se admitió que el proyecto de ley que se encuentra en elaboración y en una fase muy avanzada cuenta con el apoyo de legisladores provinciales de ambas cámaras y de la Secretaría de Deportes de la provincia. En su texto se explicita concretamente lo que puede embargarse sin cercenar el derecho del acreedor y permitir que las instituciones puedan seguir ejerciendo su carácter y su fin social bajo el amparo de la Constitución provincial.
(Más información en la edición gráfica de ANÁLISIS de esta semana)
