Juan Cruz Varela
La celeridad en la administración de justicia es un reclamo permanente y una preocupación que más de una vez ha exteriorizado hasta el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El acceso a una justicia rápida y eficiente es un derecho fundamental de los ciudadanos –bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación– y, por lo tanto, una obligación del Poder Judicial, aunque ello incumbe también a los otros poderes del Estado, por ejemplo, a través de la ampliación del número de magistrados, la creación de nuevas estructuras judiciales, o la celeridad en los nombramientos.
Entre Ríos, por caso, es un ejemplo de esa necesidad: en la provincia hay en funcionamiento cuatro juzgados federales, dos en Paraná y dos en Concepción del Uruguay; un Tribunal Oral y una Cámara, ambas en Paraná; y cuatro nuevas estructuras no habilitadas: los juzgados federales de Victoria, Concordia y Gualeguaychú y el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay.
La creación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay se aprobó el 26 de noviembre de 2008 por Ley Número 26.429. La nueva estructura viene a aportar un cierto equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas, ya que allí se tramitarán los juicios orales de los departamentos Islas, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y Villaguay.
Actualmente, la provincia tiene un solo tribunal de juicios, en Paraná, integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, que se ocupa de todas las causas federales que llegan a la instancia de juicio oral. Por eso, la nueva estructura viene también a descomprimir y agilizar la administración de justicia en causas relacionadas con el tráfico de drogas, secuestros extorsivos o trata de personas, por ejemplo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 6 de Junio de 2013)
