Hugo Mena, uno de los sindicatos como “reclutadores” en la megacausa que investiga la supuesta existencia de contrataciones truchas de personal en la Legislatura entrerriana, realizó una presentación espontánea en Tribunales en una investigación penal paralela, la que investiga la sustracción de cheques que debían ser incorporados al expediente que tramitan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En su escrito, señala que “se me sindica como sospechoso” de ese robo, y linkea con una nota de ANÁLISIS, que menciona que la sustracción de esos cheques ocurrió en una zona próxima a su domicilio.

Lo hizo junto a su esposa, Flavia Beckman, consignó Entre Ríos Ahora.

La causa penal de los contratos truchos está caratulada, precisamente, “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”.

El dato sobre ese robo de cheques lo dio a conocer el sitio ANÁLISIS, que el 1° de agosto reveló la investigación que abrió la Procuración General de la Provincia para determinar si fue “un robo” o fue un ardid mafioso para borrar de la tierra una cuarta parte de los 4.500 cheques solicitados al Banco Bersa, como parte de las pruebas requeridas.

Los fiscales Yedro y Arramberri pidieron recientemente al Banco de Entre Ríos, la remisión cheques emitidos por la Legislatura entre 2008 y 2018, a fin de cotejar en detalle la documentación. Desde la entidad crediticia se informó que debían requerirlos a su archivo, que está tercerizado. El material documental del banco se encuentra en la ciudad santafesina de Rafaela -distante a no más de 155 kilómetros de Paraná-; específicamente, en la sede de la empresa AZ Administración de Archivos SA, dedicada a este rubro y que tiene plantas en la mencionada localidad, como así también en Rosario, Córdoba, Río Gallegos y Colonia Avellaneda. La empresa AZ tiene a su vez un contrato de transporte con la firma Adel Mar, de Rafaela, una pyme familiar de esa zona.

El 18 de julio, desde la firma AZ se depositaron 11 cajas cerradas en la sede de de la empresa de correos Adel Mar, que llegaron el 19 de julio a la sede de Colonia Avellaneda, para ser derivada al banco. Del total de cajas, una de ellas traía, específicamente, 1.227 cheques emitidos por la Legislatura entrerriana, para ser analizados. O sea, una primera parte enviada, de los 4.500 cheques. El punto en cuestión es que, casualmente, la caja con los cheques desapareció. Nunca llegó al Banco de Entre Ríos.

El representante de AZ en Paraná hizo una denuncia sobre la desaparición de la caja de cheques recién el 23 de julio, ante un fiscal de turno, pero nadie en la Justicia se percató que se trataba del material requerido por la causa de los contratos truchos de la legislatura.

El dueño de la empresa de transporte también radicó una denuncia ante la Jefatura Departamental de Rafaela. Allí consignó lo que le revelaron sus dos empleados: que llegaron a Paraná, fueron a una zapatería de calle Provincias Unidas a dejar una encomienda y que una persona no determinada les abrió la camioneta sin que ellos se dieran cuenta. Al parecer, bajaron los dos al lugar y no quedó nadie en el vehículo. Casualmente, les robó esa única caja de los cheques, que estaba junto a las otras diez enviadas al banco y demás encomiendas para entregar.

Esa zapatería está en la misma zona donde vive la familia Mena, cuyo matrimonio y familiares directos, aparecen como imputados en la causa. Pero no todo termina allí: en la denuncia en Rafaela, el señor Juan Ruatta -que es propietario de la empresa transportista- dijo que a sus empleados le avisaron de los hechos desde la misma zapatería, porque una señora había visto cuando le robaron la caja y salieron corriendo. Y que, ante el aviso, los empleados retornaron a la zona del robo y encontraron en un baldío la caja ya vacía. Pero esto último nunca lo denunció en Paraná el delegado de AZ en Colonia Avellaneda.

Recién se enteraron los fiscales Yedro y Arramberri cuando desde el banco se informó de lo que había sucedido, porque no pudieron cumplir con el requerimiento del Ministerio Público.

Los fiscales mencionados caratularon la causa como “Sustracción de medios de prueba”, en base al Artículo 255° del Código Procesal Penal, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”.

Mena dice lo suyo

En la presentación en la Justicia, Mena y Beckman, dicen: “A los fines de ejercer mi derecho de defensa y proteger mi buen nombre, es que solicito tomar vista del legajo para chequear, controlar y colaborar en materia probatoria para el descubrimiento de la verdad real”.

Y aseguran Mena y Beckman que “es la segunda vez que me involucran a mí y a mi familia como posibles sospechosos de operaciones”.

En el escrito que ingresaron en Fiscalía este lunes, designaron como sus abogados defensores a José Velázquez y a Hugo Franchi, que también los representan en la causa penal de los contratos truchos.

Misterioso robo

También efectuó una presentación en Tribunales Esteban Scialocomo, yerno de Beckman-Mena, incluido entre los reclutadores de la causa de los contratos, por un hecho curioso que sucedió en su vivienda, ubicada en calle Isidoro Almeida al 1800, en Paraná, el domingo.

Scialocomo amplió la denuncia que efectuó este domingo 4 en la Comisaría 10° por un hecho que detectó cuando regresó a su vivienda ese día, alrededor de las 20.30: “Al ingresar, observo una ventana abierta y rota, apto para que pueda pasar una persona de contextura media. Asimismo, había pisadas en las paredes contiguas por el cual se ayudó para entrar y salir. Lo llamativo es que me revolvieron los papeles y solo se llevaron un celular, no así la TV, computadora, play y otras cosas de valor”.

“Tengo miedo que hayan entrado para buscar algo en particular o introducir elementos que me o nos involucren en cuestiones ajenas a la verdad real”, planteó y pidió que su escrito seas agregado al legajo de la causa de los contratos truchos que se abrió en septiembre de 2018.