Días antes de la asunción de Alberto Fernández como presidente, mientras la atención pública se concentra en los nombres que compondrán su gabinete, también hay miradas atentas a un tema de alta sensibilidad política: el futuro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), más conocida como la oficina de las escuchas. Es la dependencia encargada de interceptar las comunicaciones bajo las órdenes de un juez en causas de delitos complejos y, por ende, es considerada una herramienta de poder.

La Dajudeco actualmente se encuentra en la órbita de la Corte Suprema y su director es Martín Irurzun, uno de los camaristas federales que firmó los fallos más severos contra los exfuncionarios kirchneristas detenidos con prisión preventiva. Fue uno de los jueces apuntados por Alberto Fernández entre aquellos que iban a tener que "revisar" sus sentencias.

El 17 de febrero vence el mandato de Irurzun al frente de la oficina de escuchas y el juez dejará su cargo, confirmaron fuentes de esa dependencia a este medio. Asumirá el puesto de director quien ya se desempeña como subdirector, el juez Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Esa sucesión fue establecida por el decreto 102/2017 -firmado a principios de 2017 por Mauricio Macri-, en el que se avaló, junto a una serie de acordadas de la Corte, que Irurzun y Leal de Ibarra siguieran en sus cargos. El mismo decreto estableció que el rango de subdirector debe ser cubierto por sorteo entre los presidentes de todas las cámaras federales del país. El titular de esa oficina es el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Todos los cambios que hizo Macri en lo que respecta a los servicios de inteligencia y las escuchas telefónicas fueron por decreto. Sus decisiones en esta materia fueron impugnadas a lo largo de estos cuatro años por organismos civiles que controlan el sistema, especialmente por las entidades agrupadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi).

El kirchnerismo cuestionó todos los pasos que tomó el macrismo, desde el traslado de la Dajudeco a la Corte hasta la derogación del régimen de administración de fondos. ¿Derogará Alberto Fernández los decretos firmados por Macri? Aunque en las últimas semanas se especuló sobre la posible transferencia de las escuchas al Ministerio Público Fiscal, desde el entorno del presidente electo no dieron definiciones sobre el futuro de la Dajudeco ante la consulta de La Nación.

"No va a pasar nada, las escuchas se van a quedar acá", dijo una fuente judicial que integra esa dependencia. Y afirmó que mientras la Procuración General de la Nación siga a cargo del procurador interino nombrado por Macri, Eduardo Casal, las chances de un traspaso son aun menores.

Las escuchas telefónicas y la captación de otras comunicaciones, que se llevan adelante en el edificio de Avenida de los Incas 3834, estuvieron históricamente a cargo de la exSIDE (actual AFI). Durante el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner, en medio de la tensión entre la expresidenta y el espía Antonio Stiuso, mediante la modificación de la ley nacional de inteligencia las escuchas fueron transferidas al Ministerio Público  Fiscal, donde la fiscal Cristina Caamaño se desempeñó como directora del entonces Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom). Mientras las escuchas estuvieron a cargo de la Procuración no se denunciaron filtraciones.

A fines de 2015, poco después de asumir, y todavía con Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales, Macri estableció por decreto el traspaso de las escuchas a la Corte Suprema. También derogó el régimen de administración de fondos, y todos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvieron a ser confidenciales.

Ese decreto y una serie de acordadas de la Corte (2/16 y 30/16) fijaron las bases para ampliar las facultades de la Dajudeco y designar a sus autoridades. El sorteo bajo el cual se designó a Irurzun en febrero de 2016 director del organismo quedó envuelto en sospechas, precisamente por la falta de registros para acreditar que se hizo. Esto motivó que el extitular de la AFI Oscar Parrilli denunciara a principios de 2016 a los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco por el delito de "falsedad ideológica". La causa, a cargo del fiscal Federico Delgado y del juez Rodolfo Canicoba Corral, no tuvo avances significativos.