Los más de 150 testimonios de la causa por los contratos, con desvíos millonarios de dinero en la Legislatura entrerriana, muestran en detalle cómo fue el mecanismo corrupto y más saliente de los últimos años. ANÁLISIS accedió a más de 2.500 minutos de grabación, donde quedan demostrados los negocios particulares que se instrumentaron y la forma en que se usó a la gente más necesitada con el solo objeto de recaudar más de 2.000 millones de pesos entre el 2008 y el 2018.
Daniel Enz
Los videos cuentan con más de 2.500 minutos de entrevistas. Muestran la impunidad del manejo de dineros del Estado a manos de un grupo familiar de forajidos e inescrupulosos que tenían ese poder, derivado de “alguien más arriba” y que no dudaban en aprovecharse de la necesidad. Ya sea de la abuela que nunca se enteró ni firmó nada, de la madre soltera con hijos y desocupada, de aquel pobre hombre casi anciano, sordo y que nunca en la vida pisó la Casa de Gobierno. Pero también exhibe a esos denominados militantes -no aquellos que sacan horas a su familia para ayudar a la gente y apenas llegan a fin de mes-, que no dudaron en ufanarse ante los fiscales de ser “amigo de” y “asesor de” e incluso destacar que ellos tenían “una vocación de servicio por el prójimo” a la hora de colaborar. Incluso, pusieran en duda que se los estaba “atacando” con las preguntas que le hacían en la oficina judicial. Ante la cámara de video se jactaban de hacer “trabajo social”, pero tenían un contrato de 70 mil pesos o dos contratos de 50 mil pesos cada uno en la Legislatura, sin que nadie los controle. Tampoco estaban dispuestos a exhibir certificación alguna de lo que hacían, ni siquiera de tomar conciencia de que los dineros públicos deben ser rendidos. Ni estaban dispuestos a dar mayores explicaciones de cómo fue que llegaron a cobrar en pocos años, 4 o 5 millones de pesos, a través de más de 200 o 300 cheques.
“Nosotros te damos esta ayuda social. Vos firmá acá nomás y después te avisamos para que pases a cobrar”. Esa frase es la que más se repite de parte de la persona clave de esta historia de corrupción, Flavia Beckman, en los 154 videos que constan en la causa, que nunca fueron desgrabados por la justicia y vaya a saber si alguna vez fueron vistos en su totalidad por el grupo de abogados defensores. Son más de 2500 minutos de videos; o sea, el equivalente a casi 85 días y que se podrían ver en no menos de 100 días de trabajo casi a full, que fue lo que hizo ANÁLISIS desde fines de febrero.
Beckman nunca le decía a quienes rubricaban un contrato con la Legislatura entrerriana, que solamente le iban a dar el diez por ciento o a veces mucho menos de lo que figuraba como pago en el papel, que jamás podían observar y que el resto quedaba en manos de ellos, para dejarse una parte importante en su ámbito y derivar la mayor porción a la política. Los hacía ingresar a una pequeña oficinita de su casa y les daba no más de tres minutos para que firmaran o cobraran. “Estoy muy apurada”, les decía. Siempre firmaban sobre una hoja en blanco (que después sería el contrato) o el dorso de un cheque. Jamás permitía que dieran vuelta ese cheque.
(Más información en la edición gráfica número 1111 de la revista ANALISIS del jueves 4 de junio de 2020)
