Antonio Tardelli
De seguro no ocurrirá. Pero razones para la desobediencia no faltan. Abundan los motivos para la rebeldía. El escándalo los aporta. Los ciudadanos de Entre Ríos deben comportarse de acuerdo con las normas sancionadas por un Poder Legislativo que a lo largo de una década, entre 2008 y 2018, fue objeto de una obscena sustracción de recursos que no pudo materializarse sin la impericia o el guiño de sus autoridades y sin la indiferencia o la incompetencia de decenas de diputados y senadores incapaces de advertir que un robo descarado se desplegaba delante de sus ojos.
El episodio es evidente: de las cámaras legislativas, con una impunidad de novela, se robaron decenas de millones de dólares. Pese a la conocida preocupación que suelen mostrar por los cupos que se les asignan para la contratación de personal, ni los diputados ni los senadores pudieron descubrir que del sitio donde se sancionan las leyes se estaba sustrayendo una cantidad de fondos que hacen pensar, más que en circunstanciales tentaciones, en un esquema irregular de financiamiento de la actividad política.
Establecido ya el daño económico, es imposible sin embargo determinar el perjuicio que a la política ocasiona la maniobra. Entendida como representación de los intereses populares, y como procedimiento potencialmente transformador, la política de Entre Ríos se mira ahora en un espejo que la refleja decadente y putrefacta. Un gran esfuerzo deberá emprender la clase dirigente, siempre experta en presentar excusas y enumerar dificultades, para recuperar algo del prestigio que por acciones de esta naturaleza va perdiendo por el camino.
Autores, cómplices, indolentes o ciegos han sido decenas de legisladores que en simultáneo al robo establecían para los entrerrianos pautas de comportamiento, diseñaban políticas o determinaban alícuotas de impuestos. Es un milagro que los pueblos obedezcan cuando con tales procedimientos se manda.
(Más información en la edición gráfica número 1121 de la revista ANALISIS del jueves 10 de junio de 2021)
