El 23 de diciembre de 2022, casi sobre la Navidad, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) publicó la resolución N° 219 que le puso valor a los pedidos de recomposición del cuadro tarifario que presentaron las distribuidoras, con Energía Entre Ríos SA (Enersa) a la cabeza, durante la audiencia pública que se había convocado el 31 de agosto en Villaguay. Fue en el marco de la revisión quinquenal de la tarifa, tal como lo establece la Ley del Marco Regulatorio Eléctrico, que rige desde los tiempos del menemismo, cuando se privatizó la mayoría de los servicios públicos.

En Entre Ríos el servicio eléctrico estuvo en manos privadas -la norteamericana PSG- hasta que la crisis de 2001 hizo volar por los aires los esquemas que hasta entonces parecían arraigados. En 2005, durante el gobierno de Jorge Busti, la exEmpresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa) se convirtió en la actual Enersa, después de un ensayo que terminó en fracaso aplicado durante la administración del radical Sergio Montiel.  Ahora, Enersa absorbe más del 70% del mercado; el resto, está en poder de cooperativas eléctricas. En la audiencia pública de agosto último fue la principal impulsora de la revisión del cuadro tarifario que ahora regirá durante el próximo quinquenio.

Esa resolución que aprobó el nuevo cuadro tarifario que se aplicará hasta 2026 plantea que “durante el año 2020, no hubo aumento de VAD (valor agregado de distribución) en la provincia de Entre Ríos; en el año 2021 solo hubo un único incremento del 15% en tarifa media global y durante el año 2022. un 40,3% también en tarifa media global conforme a la aplicación del factor de adecuación trimestral de tarifa, lo que arroja como resultado que en los últimos 36 meses (3 años), el VAD ha aumentado 1,54% en forma mensual y 18,48% en forma anual. Sin embargo, durante igual período (años 2020, 2021 y 2022) la macroeconomía ha sufrido los efectos de una alta inflación, muy superior a esos guarismos, los cuales superan ampliamente el tope del 10% trimestral (40% al año), establecido para la adecuación de tarifa”, publicó Entre Ríos Ahora.

En ese escenario, y “atendiendo a lo solicitado por las empresas distribuidoras y por los defensores del usuario, desde este Ente se considera razonable, oportuno y conveniente, disponer los incrementos del Valor Agregado de Distribución en su implicancia económica y determinarlo en forma equivalente a su consecuencia en la Tarifa Media Global, estableciéndose ello en forma gradual, a fin de dar adecuada respuesta a las necesidades y requerimientos que necesitan las distribuidoras provinciales y a los derechos de los usuarios, de tener una tarifa justa y razonable y a que se conozca con debida anticipación el costo del servicio. Por ello, este Ente establecerá los incrementos del Valor Agregado de Distribución (VAD) en etapas anuales (sin perjuicio de la aplicación de la adecuación tarifaria que trimestralmente corresponda por efecto de la inflación)”, die la resolución del EPRE.

Así pues, el organismo que conduce José Carlos Halle estableció que ese aumento del VAD del primer año 2023 será del 20%; en tanto, habrá otro incremento, del 15%, para el año 2024; del 10% para el año 2025; y del 10% para el año 2026.

La resolución del Ente Regulador aprobó así “el procedimiento de Revisión Integral de Tarifa correspondiente al tercer periodo tarifario de los contratos de concesión vigente y, en consecuencia, el cuadro tarifario inicial del período, el que obra agregado como Anexo I y que regirá del 1 0 de febrero al 30 de abril de 2023 inclusive, por las razones y fundamentos explicitados en los considerandos de la presente, el cual contiene las categorías de usuarios y el traslado conforme a los precios de energía y potencia”.

También aprobó la modificación de los contratos de concesión de las distribuidoras denominado “Procedimientos para la Determinación del Cuadro Tarifario” y los cargos de los costos de distribución que se aplicarán anualmente en el mes de febrero de los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

En la audiencia pública de Villaguay, el defensor del usuario que representó al Colegio de la Abogacía, Alejandro Canavesio, consideró como “trascendente y en resguardo de los derechos de usuarios el bajar la carga tributaria que contiene la boleta de luz”. Señaló además que “la tarifa que se fije debe ser justa y razonable, tal que asegure la prestación de servicio con la calidad pactada en condiciones de eficiencia; y que los señores usuarios tienen que tener convicción en ese sentido, de que es necesario buscar tarifas que permitan la prestación del servicio, pues no se debe permitir una tarifa que lleven a márgenes de ganancia irrazonable, pero pretender una tarifa por debajo de los costos ni más ni menos es provocar la quiebra de las empresas distribuidoras, quedándonos sin el correspondiente servicio. De la presentación en estudio, a criterio de la defensoría, existen datos suficientes para inferir a simple vista que existe un incremento de los costos de estructura, operación y mantenimiento y comercialización”.

También expuso el Sindicato de Luz y Fuerza el Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos y manifestó que “nuestra Provincia no se encuentra ajena al difícil contexto inflacionario que se vivió y se vive a nivel nacional, provincial, agravado en su mayor parte por esta pandemia, incluso afectando a gran parte de la población mundial. Con todo este difícil contexto económico y sus efectos en provocar devaluación en nuestra moneda, genera una variación de los costos y precios operativos a nuestras empresas distribuidoras que proporcionan un servicio esencial y de calidad”.

El secretario general de Luz y Fuerza y vicepresidente de Enersa, Sergio Menéndez, manifestó que “nos encontramos ante una situación económico social muy complicada que nos coloca en la doble responsabilidad (la que vive el sector eléctrico y la sociedad entrerriana) a la hora de opinar sobre el precio justo de un servicio público”. Además, destacó a la audiencia pública como herramienta fundamental para que toda la sociedad pueda emitir su opinión, argumentos y propuestas. Reconoció, además, que hay una necesidad por parte de la empresa distribuidora y de todas las cooperativas, de mejorar sus sistemas para poder llegar a todo aquel sector que solicita el servicio eléctrico de calidad, calidad en Entre Ríos altamente positiva y una de las mejores del país. Alegó que los legisladores tendrían que estar en esta audiencia pública también emitiendo su opinión: “no hay ningún legislador, creo yo, anotado para emitir una opinión sobre, a favor o en contra, de lo que es un modelo regulatorio o de lo que es un modelo tarifario para poder brindar un servicio eléctrico. Acá es donde se deben dejar las propuestas y donde se deben debatir”.