El empresario Ricardo Adolfo La Regina está acusado de los supuestos delitos de maltrato animal y daño agravado al ecosistema por el caso conocido como la “masacre de pingüinos” de Punta Tomba, la colonia más importante de estas aves marinas en el mundo, ubicada en la provincia de Chubut. Este viernes, la jueza Ana Karina Breckle decidirá si sobresee al acusado antes del juicio o si la causa continuará su camino, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiarioAR.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, La Perla, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos en época de cría, de acuerdo a la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. 

Los acusadores sostienen que La Regina tenía “pleno conocimiento de la ilegalidad de su accionar”, ya que su finca es lindera con la Reserva Punta Tombo y tu familia había donado parte de las tierras donde anidan las aves que hoy forma parte de la reserva. Los daños fueron provocados mediante la utilización de maquinaria pesada (una retroexcavadora) sin autorización previa y sin estudio de impacto ambiental previo. Además, La Regina colocó un alambrado electrificado a lo largo de ese camino que impidió la circulación de los pingüinos, publicó elDiarioAR. 

El empresario pidió su sobreseimiento y la audiencia preliminar es clave. La jueza Breckle podrá hacer lugar al pedido del acusado, solicitar nuevas pruebas a la fiscalía para avanzar hacia el juicio, cuestionar la calificación legal o confirmar lo actuado hasta ahora en el expediente y dar pie al inicio del debate.

La Regina está imputado por haber arrollado cientos de pingüinos vivos de diferentes edades y huevos en incubación, “matándolos, lastimándolos y ocasionándoles sufrimientos”, sostuvo la querella. La defensa del empresario, a cargo del abogado Federico Ruffa, sostiene que el empresario no sabía sobre la presencia de los pingüinos en el lugar y que la acusación “no explica cuál sería la cosa ajena dañada” ni “afectada”.

“Las obras ilegales de apertura de caminos, cercado, desmonte y movimientos de suelo fueron llevadas adelante sin la realización de un estudio de impacto ambiental ni la obtención de la debida autorización administrativa”, concluyeron los querellantes.

La Regina realizó la apertura de un camino, entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, y la máquina removió en algunos tramos hasta 40 centímetros de la superficie del suelo, destruyendo el hábitat reproductivo del Pingüino de Magallanes, sostienen los acusadores.

Dicho camino destruyó el área de nidificación del Pingüino de Magallanes. También se desmontó la vegetación nativa por completo.

Un mes más tarde, el acusado realizó un nuevo desmonte y la apertura de otro camino, donde también había nidos con pingüinos.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre, La Regina desmontó por completo la vegetación nativa y volvió a remover la capa superficial de suelo de monte nativo, destruyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos de Magallanes. La destrucción alcanzó alrededor del 58% del área de nidificación de alta y media densidad. 

La defensa sostuvo en un escrito que el empresario no puede ser acusado de crueldad animal, debido a que “no se explica cuál fue el daño o sufrimiento infringido a algún animal” y que sólo se identifica “genéricamente” a los pingüinos afectados. “No se ha descripto en el relato de los hechos la existencia de un animal afectado de cualquier manera y mucho menos se ha traído o señalado un animal que pueda sospecharse objeto pasivo de este tipo de comportamientos por parte de mi asistido y sobre el cuál pueda evaluarse ese supuesto daño”.

Las organizaciones querellantes afirman “que la prueba es abundante y los hechos imputados están acreditados en atención a que generaron un grave daño a la colonia de pingüinos de Punta Tombo, parte de la Reserva de

Biosfera de la UNESCO llamada Patagonia Azul, designada internacionalmente también como AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)“. También que esto último es central, ya que si el imputado ”no solo atentó contra la vida de cientos de pingüinos adultos sino que también extinguió sus crías y destruyó la zona de nidificación señalada, deforestó especies nativas y modificó el suelo de esa área natural, en caso de que el Estado no ejerza su función punitiva, existió la violación de numerosos pactos internacionales“.