Por JCB de ANÁLISIS DIGITAL

El Ministerio Público Fiscal (MPF) archivó una causa contra un joven que cultivaba marihuana para su consumo medicinal. Así lo resolvió la fiscal Sofía Patat tras corroborar la versión del abogado defensor Andrés Bacigalupo. 

El joven demostró que el 27 de diciembre del 2012 sufrió un accidente automovilístico grave que derivó en una cuadriparexia en la sección de la médula espinal, con espasticidad y vejiga neuropática con talla vesical. Además, producto del cuadro referido realiza tratamientos psicológico, psiquiatricos y kinesiología neurológica. 

El 29 de marzo de este año, personal de la Comisaría Octava allanó el domicilio en donde secuestró 300 plantas, 500 gramos de cogollos, elementos de consumo (picadores, sedas, e insumos de cultivo y para la fabricación de aceite. 

La defensa exhibió las autorizaciones con las que contaba el acusado para cultivar en el marco de la normativa que regula el uso medicinal de la planta y su debida inscripción al Reprocan. Además, la madre del allanado está "inscripta ante el INASE en las categorías A y F, bajo el número 11992, refiriendo ser criadores de genética con proyecto de investigación monitoreado y controlado conforme la normativa nacional vigente", según refiere el archivo dispuesto por el MPF al que tuvo acceso ANÁLISIS.

Se trata de una causa más que pone en evidencia la contradicción de la normativa vigente en donde los funcionarios policiales avanzan bajo la órbita de la Ley de Narcomenudeo y se criminaliza a quien cultiva cannabis para la elaboración de aceites y consumo medicinal para mejorar su calidad de vida. 

"Expresó que la cantidad de cogollos secuestrados en su poder estaban destinados a la fabricación casera del aceite necesario para su consumo personal anual, ya que conforme al ciclo de cosecha, los mismos acababan de ser cortados de la planta y colocados en los frascos para la etapa de curación de frutos, proceso necesario y previo a la extracción de las resinas las cuales en las semanas siguientes se disponía a realizar", explicó la fiscal.

El cultivo de cannabis a cielo abierto tiene un ciclo natural a base de la exposición a la luz. Es por esto que dicho ciclo culmina con la cosecha del cogollo entre los meses de abril y mayo. 

Además, la madre y el hijo están inscritas en el INASE para ser "criadores de genética con proyecto de investigación monitoreado y controlado conforme la normativa nacional vigente". Los criadores de genética trabajan en la elaboración de semillas acorde a las distintas formas de consumo. "Acompañan al escrito copia simple del proyecto que llevan a cabo en el marco de la resolución conjunta INASE-Ministerio de Salud N° 5/2021, mediante el cual se autoriza la inscripción de variedades de germoplasma nacional y extranjero de cannabis sativa L en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro de la Propiedad de Cultivares".

La fiscal expresó que hay "un contexto de necesidad" y que esto "hace que en este caso la tenencia de la sustancia, se encuentre justificada en tanto implica anteponer la salud personal -manifestada en alteraciones o dolencias concretas- a la salud pública como bien jurídico abstracto".

"Tal tensión, se encuentra normativamente resuelta en favor de la salud personal a través de la sanción de la Ley 27.350 de 2017, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados, y su decreto reglamentario Nº 883/2020", explicó Patat.

Luego, la fiscal también valoró que "tanto el cultivo, como la producción y el consumo personal de la sustancia en ciernes, se ha producido dentro del domicilio allanado, es decir, no traspasó los límites de la intimidad, ni representó una injerencia indebida en la salud de terceras personas". Luego citó el caso Arriola en donde la Corte Suprema de Justicia ha resuelto a favor de quienes consuman en la privacidad sin que haya riesgos a terceros.

"Entiendo que los imputados se encuentran autorizados por la normativa legal vigente al cultivo de plantas de cannabis con los fines establecidos en las categorías arriba mencionadas. En consecuencia, considero que corresponde proceder al archivo de las actuaciones". Además, la fiscal le ordenó a la Dirección de Toxicología que "hagan entrega bajo acta de todos los elementos que fueran secuestrados de la vivienda".