El Gobierno está condicionado. El kirchnerismo se alineó detrás de un rechazo total a la Ficha Limpia y ahora el proyecto deberá pasar por el Senado, donde ese espacio de la oposición es mayoría. En este contexto adverso, las autoridades nacionales se concentran en el resto de las iniciativas, como la suspensión de las PASO y el pliego del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

En la Casa Rosada, sin embargo, insisten en que quieren que se apruebe la propuesta para prohibir que los dirigentes con condenas en segunda instancia no puedan presentarse a las elecciones.

“No trabajamos dos meses en el texto, con reuniones con gente del PRO y especialistas en la materia, para que después se termine cayendo. Nosotros queremos que salga”, aseguró un funcionario al tanto de las negociaciones.

De hecho, cuando el asunto estaba trabado en Diputados, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, se reunió con los bloques dialoguistas para llegar a un acuerdo. Cuando se votó, quien estuvo en el recinto fue la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó el portal de Infobae.

Sin embargo, con los tiempos en contra, el Poder Ejecutivo analiza postergar este debate para los próximos meses, cuando ya haya comenzado el periodo legislativo ordinario.

El mensaje con el proyecto que recibió media sanción en la Cámara baja llegó este jueves por la tarde al Senado, por lo que recién a partir de ese momento pudo comenzar el extenso proceso previo para su tratamiento.

La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra María Vigo, debe fijar ahora una fecha de reunión para analizar la iniciativa en la que el oficialismo buscará dictamen.

Según anticiparon al portal de Infobae fuentes parlamentarias, la dirigente de la bancada Unidad Federal, que encabeza Carlos “Camau” Espínola, cercano al Gobierno, podría convocar al encuentro para el miércoles.

Una vez que consiga dictamen, deberán pasar, por reglamento, siete días hasta la votación, por lo que la misma se podría realizar recién el 26 de febrero, momento en el cual el Congreso ya no estará en funcionamiento.

La otra opción es que la medida se trate sobre tablas para incluirla en el temario de la sesión del jueves, pero para eso se necesita el apoyo de dos tercios de los presentes.

Entre el Frente Nacional y Popular, de José Mayans, y Unidad Ciudadana, de Juliana Di Tullio, el kirchnerismo reúne 33 senadores, por lo que puede rechazar el tratamiento sobre tablas fácilmente.

Además de esto, el Gobierno todavía necesitar sumar voluntades para convertir en ley tanto la suspensión de las PASO como el pliego de Lijo a la Corte Suprema, que no tienen el apoyo de todos los bloques.

Si bien durante el jueves se van a votar varios temas, incluidos los aprobados en Diputados, como los regímenes de reiterancia y reincidencia y el juicio en ausencia, los únicos conflictos giraban en torno a las elecciones primaras y la composición del máximo tribunal.

Por el momento, las autoridades nacionales no tienen previsto reunirse nuevamente con los senadores dialoguistas y todas las negociaciones están en manos tanto de la vicepresidenta Victoria Villarruel como de los referentes libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche.

La oposición dura no solamente rechazaba la candidatura de Lijo, sino que anticipó que va a intentar que se caiga el decreto con el que el Gobierno designará al otro miembro nuevo de la Corte, Manuel García Mansilla.

El pliego de este segundo magistrado ni siquiera obtuvo dictamen, pero en la Casa Rosada aseguraron que los dos van a estar ya en sus cargos cuando Javier Milei dé el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el sábado 1 de marzo, por la noche.

En Balcarce 50 están convencidos de que, por más que el kirchnerismo busque impugnar ese Decreto, el juez va a seguir estando nombrado “en comisión” al menos durante un año, consignó el portal de Infobae.

Hasta el momento, el oficialismo logró varias conquistas importantes en la Cámara de Diputados, donde consiguió aprobar la mayoría de los proyectos que presentó el Ejecutivo -excepto la ley de Quebrantos, que nunca se trató-. Ahora, tendrá que buscar los números en el Senado.