El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ) se refirió al tratamiento en el cuerpo del proyecto de disolución del Iosper y creación de la OSER impulsado por el Poder Ejecutivo. Cuestionó lo escueto de los plazos que pretende el gobierno y consideró que derogar la norma anterior constituye “una sobreactuación política innecesaria”. También se refirió a las abstenciones de dos senadoras de su partido.

Bahillo confirmó que desde la Presidencia de la Cámara se les envió una “hoja de ruta” que prevé que la iniciativa ingrese para su tratamiento en comisiones el lunes, el martes se analice y se emita dictamen, tome estado parlamentario en la sesión del miércoles y se trate en sesión el viernes.

“Es una agenda muy escueta, breve y mezquina para una tema tan importante y trascendente como es la obra social de 300 mil familias entrerrianas”, opinó, en diálogo con el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

El diputado dijo que le gustaría tener la misma diversidad de opiniones que tuvo el Senado, que recibió a distintos sectores “para poder evaluar y analizar”.

“Todavía no tenemos una visión de bloque tomada formalmente, pero por lo que hemos hablado no he encontrado a ningún diputado que esté dudando o esté planteando alguna otra cuestión que no sea rechazar el proyecto”, expuso.

Consultado sobre su postura particular, Bahillo respondió: “Vamos a poner la cosa bien en claro: no tenemos que perder de vista que todo lo que se haga en la toma de decisiones tiene que ir en beneficio de los afiliados y de su grupo familiar. Esa es la discusión que nos tenemos que dar. Mayores prestaciones, de mayor calidad, a la mayor brevedad, mayor cobertura. Todo eso tiene que estar como objetivo y en eso no tenemos que ser mediocres. No vamos a andar anteponiendo la cuestión político partidaria a esa cuestión tan noble y tan sensible como es la salud”.

“Ese objetivo se estaba cumpliendo hasta el 31 de diciembre de 2023. Siempre se puede mejorar, pero se estaba cumpliendo. Después, la devaluación y el atraso salarial generaron inconvenientes financieros que también se podían solucionar. Lo que no es necesario, y hablo por mí, es la sobreactuación política innecesaria de derogar la ley  del Iosper y crear una nueva obra social con otra denominación”, manifestó.

“Eso no tiene nada que ver con mayor transparencia, mayor austeridad, mayor prestación de servicio a los afiliados. Todo eso se puede hacer, pero una ley nueva era absolutamente innecesario. Es nada más que una gestualidad política para darle cierto volumen en la comunicación, pero no es para nada necesario”, remarcó. “Nosotros a esa estrategia y a ese juego no nos queremos prestar”, acotó.

“El oficialismo tiene mayoría para sacar esta ley. No creo que haya ningún diputado del oficialismo que no lo acompañe. Pero antes que eso hay una decisión política. Esta ley tan importante amerita una evaluación con seriedad, con responsabilidad, con un análisis profundo de las implicancias que tiene. Se vence la intervención, entendemos que hay que tomar una decisión, pero ¿cuál es el problema para prorrogarla?”, propuso.

“Si el gobierno necesita alguna herramienta legislativa para ratificar una prórroga, diría que no habría problema. Prefiero eso a sacar una mala ley. Porque convengamos que una semana de análisis para un tema tan importante es poco serio. Si la opción es sancionar una ley tan importante en una semana o prorrogar la intervención por un par de meses para darle mayor análisis y mayor seriedad a la evaluación del proyecto, yo prefiero prorrogar por dos meses la intervención y trabajar con la tranquilidad y la responsabilidad necesarias que este tema amerita”, consideró Bahillo.

Consultado por la postura de las senadoras peronistas Gladys Domínguez (Feliciano) y Nancy Miranda (Federal), que con sus abstenciones posibilitaron la media sanción en el Senado, Bahillo contestó: “Me dolió la postura, pero no las voy a andar interpelando públicamente”.

Respecto a la posibilidad de sanciones en el seno del PJ, consideró que se puede llamar a una reunión para charlar del tema, pero “sin una decisión sancionatoria”.

“Ellas dieron las explicaciones. Para alguien serán suficientes, para otros serán insuficientes, pero una explicación dieron. Y si alguien necesita una explicación adicional en algún ámbito, se puede pedir”, explicó.

“Lo que uno no puede como funcionario desde el lugar en el que esté es enojarse porque te piden explicaciones. Cuando uno es funcionario público tiene la obligación de hacerlo. Si queremos mantener en la privacidad o en la reserva las opiniones y posturas que tenemos sobre diferentes temas, estamos en el trabajo equivocado”, dijo luego.