El abogado Mariano Giampaolo enumeró las graves irregularidades denunciadas.
El abogado Mariano Giampaolo dio detalles del avance de la causa judicial que se inició contra las autoridades de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Giampaolo explicitó que “un grupo de denunciantes con nuestro patrocinio introdujo un escrito solicitando al juez de Garantías la constitución como querellantes para tener pleno acceso al expediente y poder colaborar como querellante o víctima en la investigación”. Al respecto, indicó que “el grupo que se viene conformando y viene trabajando en torno a la recuperación del IOSPER, de una intervención nefasta que estamos sufriendo, quiere aportar muchas pruebas, constancias que tenemos para que el fiscal se nutra de la mayor información posible. Ese escrito ingresó y ya lo está trabajando el Juzgado de Garantías N°5 que va a decidir en los próximos días la posibilidad o no de otorgarnos la participación activa el expediente para continuar adelante en colaboración con el fiscal Badano que es quien investiga la causa”.
Respecto de la denuncia propiamente dicha, informó que en la mañana de este viernes “hubo una reunión de los denunciantes con el fiscal Badano, que fue muy amable y muy predispuesto a conversar, y básicamente se están trabajando tres líneas investigativas de tres hechos para determinar si tienen los requisitos para constituirse en el tipo penal de tres delitos. Uno es el fallecimiento de un beneficiario –que no es el único y se van a agregar otros más- que era empleado municipal y que murió a la espera de un marcapaso, por una demora prestacional de mala gestión, y en ese marco se investiga la posible comisión del delito de abandono de persona o sus derivados”.
Agregó que “el segundo hecho o línea de investigación es la adquisición por compra directa por cifras que llegan al millón de pesos, en aparente violación de las normas de contabilidad y de buena práctica administrativa, de un sistema de sonido para una conferencia de prensa que está demostrado que fue realizada a la llegada del gobernador de La Paz para anunciar que se intervenía el IOSPER en Casa de Gobierno con los periodistas acreditados, con lo cual no hacía falta contratar un equipo especial”.
“Fue una adquisición absolutamente innecesaria, pero además utilizando fondos de la obra social; si el gobernador quiere anunciar algo tiene que usar fondos de la provincia, no fondos de los trabajadores. Esto parece menor, pero no lo es porque se toma como que la plata o el patrimonio de la obra social es de la provincia y puede gastarlo en lo que se le antoje, cuando en realidad el patrimonio que hay en la obra social es de los trabajadores, se genera de un descuento en los haberes del trabajador, por ende, no se puede disponer como que fuera de la provincia. Esta es la desprolijidad que denuda este hecho, y también otra cosa muy grave es que sospechamos que ese dinero fue usado en las costosísimas campañas en redes sociales para generar un mal clima. El IOSPER tenía muchas deficiencias prestacionales, mucha demora, había un montón de cosas que mejorar, pero es casi obvio que en ese momento se generó una clara campaña negativa de la imagen de IOSPER buscando calar en la sociedad de que el IOSPER era un desastre y por eso había que intervenirlo. En realidad, el IOSPER tenía problemas y había que hacer modificaciones a la ley, pero para mejorarlo, no para convertirlo en una caja económica que maneja una sola persona, que es el gobernador de la provincia y su nuevo amigo gremialista”, puntualizó.
Además, apuntó que “el tercer hecho que está investigando la Fiscalía es la anulación de hecho del convenio prestacional que había con la unión transitoria que conformaban todas las empresas proveedoras de prótesis de Entre Ríos, y a raíz de esa anulación la contratación en forma directa con cuatro empresas de la Capital Federal, para que provean prótesis que, según nuestros cálculos y estimaciones, documentadas en la denuncia, superan en un 150% el valor de las que se recibían antes y se compran sin ningún tipo de licitación o control o compulsa de precios previa, con grandes demoras y con violación de la ley de Compre Entrerriano”.
Asimismo, advirtió que “hay muchos más hechos en curso de ser denunciados. Por un lado, sigue habiendo incumplimientos prestacionales groseros, como sucedió con una persona a la cual le autorizaron una operación a corazón abierto sin proveerle la válvula, con lo cual hubo que hacer un amparo, el IOSPER se negó a proveerla y se llegó a un embargo económico para poder comprarla. Estos son delitos que se relacionan con el abandono de persona y que impactan directamente en la salud. Por otro lado, se está también investigando la usurpación de la oficina donde funcionaba la comisión fiscalizadora permanente del IOSPER, que era un organismo de contralor especificó que dependía del Poder Ejecutivo y por el cual pasaban todas las contrataciones de IOSPER”.
Al respecto, cuestionó que “con la comisión fiscalizadora ni siquiera hicieron un expediente administrativo que demuestre que no era necesaria, que había que eliminarla o modificarla, sino que previo a la ley OSER le cambiaron la cerradura y a quienes integrábamos la comisión fiscalizadora nos prohibieron el acceso a esta oficina pública, donde se guardaban las computadoras y los archivos de fiscalización, y violando las claves de seguridad de las PC se quitó la información que estaba dentro de los discos rígidos. Esto a nuestro criterio podría constituir un delito”.
“Por último, se está investigando junto con un grupo de jubilados y ex trabajadores del Instituto que conocen muy bien la problemática, la tercerización de la compra de medicamentos de alto costo. Hasta ahora había un sistema propio del IOSPER que adquiría este tipo de remedios, que hoy habrían pasado a una gerenciadora de la Capital Federal que, sin informar a qué laboratorio ni a qué precio, procede a comprar en forma directa. Mediante la muy anticuada figura de la tercerización, esta gente decidió volver a ese sistema de gerenciadora que es una forma ilegal de esquivarle a la ley de compras. Y según algunos beneficiarios que recibieron medicamentos, compraron a droguerías de famosa reputación como la Suizo Argentina o Luley, cuyo nombre suena a Lule (Menem), y que serían nuevos prestadores de la obra social. Y no se sabe a qué precio se compra porque esa información no está accesible y es lo que se va a pedir a la justicia que investigue, compras que se realizan con presupuesto que aporta cada uno de los trabajadores”, concluyó.
