La Municipalidad de Santa Elena vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse que el intendente, Domingo Daniel Rossi, pretende saldar una deuda millonaria de alumbrado público con Enersa mediante la cesión de un inmueble municipal.
La operación, aprobada por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre, encendió alertas por su posible ilegalidad y porque podría sentar un precedente para otros municipios. Y es que podrían dejar de pagar sus obligaciones para luego, pasado un tiempo, buscar cancelarlas a través de la entrega de patrimonio público.
El proyecto, según fuentes confiables, contempla la entrega de terrenos municipales en pago de más de 1.200 millones de pesos que se le debe a Enersa. Sin embargo, hay quienes cuestionan la legalidad de esta iniciativa.
La situación de Rossi se agrava porque los organismos de control ya cuentan con profusa documentación que apunta a compras presuntamente irregulares realizadas durante su gestión. Es decir, adquisiciones sin la autorización del Concejo Deliberante. Ahora, según supo ANÁLISIS, esta iniciativa para cancelar la voluminosa deuda con la empresa de energía es observada con atención por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público Fiscal.
Como contó ANÁLISIS en marzo, el Tribunal de Cuentas detectó múltiples irregularidades en la gestión de Rossi:
-Funcionarios clave, como el Contador y el Tesorero Municipal, no poseen títulos habilitantes ni acuerdos del Concejo Deliberante ni fianza, incumpliendo la Ley de Régimen Municipal 10.027.
-No se realizan arqueos sorpresivos en Tesorería ni controles sobre conciliaciones bancarias o patrimonio de dependencias, y existen cajas de recaudación fuera de la Tesorería.
-No se presentan rendiciones de cuentas completas al HCD ni informes contables al Tribunal de Cuentas; la Municipalidad tampoco publica el estado de ingresos ni memorias anuales.
-Los subsidios municipales carecen de reglamentación y control, asignándose discrecionalmente sin registro de beneficiarios ni montos, generando un “agujero negro” en la administración de fondos públicos.
-Las cuentas municipales registran déficits reiterados, incumpliendo proyecciones presupuestarias, con ejecución incompleta y excesos de partidas.
-Contratos de obra y servicios se realizan con trabajadores en negro, sin recibos, seguros ni definición de tareas, lo que expone al municipio a juicios laborales.
-Se alquilan vehículos privados sin registro de pagos, seguros ni finalidad, y se realizan pagos en efectivo por productos y servicios, vulnerando normas de transparencia y control fiscal.
En conjunto, estas irregularidades reflejan omisiones deliberadas, falta de rendición de cuentas y una gestión financiera y administrativa que va a contramano de las leyes y la Constitución provincial, concentrando un manejo discrecional y opaco de los recursos municipales.
En este contexto, la entrega de un inmueble para saldar la deuda con Enersa llamó la atención a las autoridades administrativas y judiciales, que agregaron este hecho al expediente investigativo.
Una condenado y un juicio en suspenso
El 12 de junio de 2006 quedó firme la condena a Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una multa de 90 mil pesos.
Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el martes 1° de diciembre de 2009, dejó firme la condena.
Por último, cabe recordar que en agosto de este año debía iniciarse un juicio por presuntos sobreprecios en la obra de 20 cuadras realizada en 2014, pero fue suspendido luego de que la defensa de Rossi recusara al Tribunal.
La pericia contable arrojó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de 6.141.781,34 de pesos, según informes de Vialidad y de otras obras de pavimento similares, un 30% por encima del valor real. A valores actuales, según el Tribunal de Cuentas, equivaldría a 437.956 dólares. En la remisión a juicio, la Fiscalía adelantó que pedirá la pena de cinco años y seis meses de prisión para el intendente.
Paralelamente, Rossi y su esposa, la senadora Patricia Díaz, son investigados en otra causa por enriquecimiento ilícito, la cual también busca cerrar mediante recursos judiciales.
