El dato es parte de un informe que el Poder Judicial de Entre Ríos desarrolló para 2025 respecto de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento del control judicial en la suspensión del juicio a prueba, la condena de ejecución condicional, la mediación penal, la atención a víctimas de violencia de género y la capacitación permanente de sus equipos técnicos, con acciones articuladas junto a fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y diversas instituciones.
En ese marco, desde la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) se mantuvieron reuniones de coordinación con el jefe de la Policía Departamental de Paraná, comisario inspector Carlos Ariel Schmunk, y con autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos el director inspector general Alejandro Miotti y el director principal de Tratamiento, prefecto Alejandro Mondragón. El objetivo fue acordar que las personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba o condenas de ejecución condicional por delitos tipificados en el artículo 119 y concordantes del Código Penal realicen tareas comunitarias en comisarías, dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia.
Asimismo, 141 personas probadas o condenadas por delitos cometidos en contextos de violencia de género fueron derivadas al “Dispositivo de Masculinidad sin Violencia”, a cargo del licenciado Javier Ortiz. Esta propuesta, desarrollada a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), apunta a abordar y trabajar las problemáticas vinculadas a este tipo de conductas.
En Concordia, oficiales de prueba gestionaron junto al padre Nicolás Frigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, charlas sobre convivencia familiar destinadas a personas con condenas condicionales o probation (suspensión de juicio a prueba). Las actividades se realizaron durante junio de 2025 y contaron con la participación de 18 asistentes.
Por otra parte, los equipos de mediación penal se trasladaron a distintas localidades de la provincial y realizaron audiencias en los lugares de residencia de las partes, garantizando así el acceso a la justicia en todo el territorio. Mediadores de Paraná trabajaron en Crespo, Hernandarias y María Grande; los de Gualeguaychú en Urdinarrain; y los de Gualeguay en General Galarza. Estas intervenciones no solo facilitaron el acceso a la justicia, sino que permitieron resolver positivamente numerosos conflictos penales.
En el marco del proyecto “Atención a víctimas de violencia de género y/o abuso sexual en la OMA”, orientado a brindar un abordaje específico e interdisciplinario, durante 2025 fueron contactadas y entrevistadas 318 mujeres víctimas en la ciudad de Paraná, priorizando la preservación de sus derechos, seguridad y dignidad, así como la de sus hijos e hijas.
Capacitación permanente
Durante el año también se impulsaron diversas instancias de formación. Junto al Instituto Alberdi se organizaron el webinar “La experiencia del seguimiento y control de la suspensión del proceso a prueba en CABA”, con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conversatorio “Intercambio de saberes sobre la Mediación Penal Entre Ríos – Salta”, con referentes del Ministerio Público Fiscal salteño.
Además, en conjunto con la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, se llevó a cabo la Jornada Anual de Capacitación de Mediadores Penales en la ciudad de Victoria, el 7 de agosto, y la Jornada Interjurisdiccional de Mediadores y Mediadoras Penales, los días 27 y 28 de octubre, en Concepción del Uruguay.
Datos de gestión
Al 30 de noviembre de 2025, ingresaron a las Oficinas de Control de toda la provincia 1.708 personas con suspensión de juicio a prueba y 642 con condenas de ejecución condicional, lo que totaliza 2.350 nuevas personas bajo seguimiento, que se suman a las que vienen de años anteriores.
En el mismo período, el Ministerio Público Fiscal derivó 4.706 legajos a las Oficinas de Mediación Penal. De ellos, se trabajaron 4.667, pudiéndose llevar adelante el proceso de mediación en 3.818 casos. El conflicto fue resuelto positivamente en 2.970 legajos, lo que representa un índice de eficacia del 78 por ciento.
Estas acciones reflejan el compromiso del Poder Judicial entrerriano con una justicia cercana, eficiente y orientada a la resolución pacífica de los conflictos, la prevención de la violencia y la protección de las víctimas.
