Ávalos en 2012, durante el juicio en su contra (Foto: Uno).
El gobernador Rogelio Frigerio rechazó mediante un decreto el pedido de conmutación de pena presentado por Adrián Eduardo Ávalos, condenado a prisión perpetua por incinerar a su esposa y su hijastra embarazada en 2011 en Barrio Humito en una salida transitoria.
La conmutación de pena es una atribución del gobernador que consiste en reducir o reemplazar una pena impuesta por sentencia judicial firme. No implica la absolución del condenado ni cuestiona el fallo de los jueces, sino que modifica el tipo o la duración del castigo por razones humanitarias o de política criminal.
Ávalos realizó la solicitud en relación a la pena a prisión perpetua dictada en su contra hace 13 años, en diciembre de 2012, cuando fue considerado autor material y responsable de los delitos de homicidio y aborto sin consentimiento en concurso ideal, en concurso real con delito de homicidio agravado por el vínculo.
Ávalos estaba alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná cuando cometió los crímenes. Cumplía una condena de nueve años por una violación en la ciudad de La Paz. En prisión conoció a Vanina Marisol Hemmerling, de 33 años, y se casaron. Luego, consiguió salidas transitorias.
En una de esas salidas, el 8 de agosto de 2011, Ávalos golpeó y encerró a su esposa y a la hija de ella, Adriana Cetau, que tenía de 17 años y estaba embarazada de tres meses.
A la mujer le rompió una botella en la cabeza y a la adolescente la ahorcó. Luego, las tapó a ambas con un colchón, cerró herméticamente la casa que compartían en Barro Humito en Paraná y la prendió fuego. Madre e hija murieron incineradas.
La condena quedó firme cuando Ávalos tenía 30 años, en 2013. Ahora, con 43 años, pidió la conmutación desde su alojamiento en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay.
Frigerio rechazó la solicitud mediante el decreto Nº 3.616, fechado el 15 de diciembre pasado y refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La disposición es en base a informes desfavorables para Ávalos suscriptos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Secretaría de Justicia y otros organismos consultados.
