Senado de la Nación.
Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, el gobierno de Javier Milei planeta avanzar con las leyes "Hojarasca" y la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Este sábado, el Gobierno nacional envió al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.
La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La decisión de ingresar los proyectos por el Senado responde a la mayoría sólida que allí logró construir el oficialismo. Esto le servirá para que la Cámara alta sea el origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.
Agenda parlamentaria y prioridades del Gobierno
Con el foco puesto en la agenda legislativa, el oficialismo en el Congreso de la Nación busca recuperar la iniciativa política en la antesala del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, el Poder Ejecutivo analiza impulsar nuevos proyectos y acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.
La estrategia del Gobierno contempla avanzar con el proyecto de Hojarasca el próximo martes en comisión, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto al día siguiente si no surgen obstáculos durante el debate.
En relación con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la discusión permanece abierta en el Senado, sin una fecha definida para el dictamen. Las objeciones provienen de sectores de la oposición dialoguista, que cuestionan cambios introducidos tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger en comisiones.
De acuerdo con los tiempos reglamentarios, el oficialismo prevé que el proyecto llegue al recinto recién durante mayo, en un escenario atravesado por negociaciones políticas y revisiones técnicas.
Qué es la Ley Hojarasca que impulsa el Gobierno de Javier Milei
El proyecto de ley conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el gobierno de Javier Milei y elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, propone una revisión integral del marco normativo vigente con el objetivo de eliminar leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. La iniciativa fue enviada al Congreso en 2024 como parte del programa de desregulación del Estado.
El núcleo del proyecto consiste en la derogación de entre 60 y 70 normas sancionadas a lo largo del siglo XX, muchas de ellas vinculadas a regulaciones que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas frente a cambios tecnológicos, económicos y sociales. Entre los fundamentos oficiales se menciona la necesidad de “limpiar” el sistema legal para reducir burocracia y eliminar costos innecesarios para el Estado y los contribuyentes.
La propuesta también se apoya en un criterio conceptual: que todo aquello que no esté prohibido por la Constitución no requiere una ley específica. Bajo esa lógica, el Gobierno plantea que numerosas regulaciones vigentes generan trabas al desarrollo económico o limitan libertades individuales, por lo que su eliminación permitiría simplificar el funcionamiento del sistema jurídico.
Entre los ejemplos mencionados en el debate público aparecen normas vinculadas a actividades o contextos ya superados —como regulaciones sobre enfermedades erradicadas o tecnologías en desuso—, lo que refuerza el argumento oficial de que se trata de legislación sin impacto real en la actualidad.
En términos técnicos, el proyecto no solo contempla derogaciones totales, sino también modificaciones parciales de otras leyes, en un intento por reordenar el entramado normativo vigente y avanzar en un proceso más amplio de reforma del Estado.
Qué es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno
El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” también fue elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, y busca reforzar las garantías jurídicas sobre el derecho de propiedad en la Argentina. La iniciativa ingresó al Senado a fines de marzo de 2026 y forma parte del paquete de reformas estructurales orientadas a la desregulación económica.
El eje central del proyecto apunta a modificar el régimen de expropiaciones y limitar la capacidad del Estado para intervenir sobre bienes privados. En paralelo, propone ampliar las compensaciones a los propietarios en esos casos y establecer reglas más estrictas para avanzar sobre activos particulares, bajo el argumento oficial de otorgar mayor previsibilidad jurídica.
Otro de los puntos clave es la agilización de los desalojos ante situaciones como falta de pago de alquileres u ocupaciones de inmuebles. El texto plantea procedimientos más rápidos y con menos requisitos judiciales, en línea con la intención del Ejecutivo de reducir tiempos y costos en conflictos de propiedad.
La iniciativa también introduce cambios en normativas vinculadas al uso del suelo y a la propiedad de tierras rurales. Entre ellos, se incluye la flexibilización de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Dentro del proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", uno de los capítulos más sensibles es el referido a la modificación de la normativa sobre manejo del fuego. El texto propone cambios concretos sobre las restricciones vigentes para el uso de tierras afectadas por incendios.
En particular, la iniciativa busca eliminar limitaciones establecidas por la legislación actual que impiden cambiar el destino de terrenos incendiados durante largos períodos. Hasta ahora, la ley prohíbe modificar el uso del suelo —por ejemplo, para desarrollos inmobiliarios o productivos— durante décadas tras un incendio, con el objetivo de evitar prácticas especulativas.
El proyecto del Gobierno plantea suprimir esos plazos, que hoy alcanzan hasta 60 años en algunas zonas y 30 años en otras, lo que permitiría vender, subdividir o reconvertir esas tierras sin las restricciones vigentes.
Desde el enfoque oficial, esta modificación busca “liberar” el uso productivo de los terrenos y evitar que las regulaciones funcionen como un obstáculo económico para los propietarios. En ese sentido, la reforma se inscribe dentro de una lógica más amplia de reducción de regulaciones sobre la propiedad privada.
En términos técnicos, esto implica alterar el régimen que había sido diseñado para desalentar incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria o agropecuaria. La discusión en el Congreso se centra, justamente, en el impacto que podría tener esa flexibilización sobre el uso del suelo en zonas afectadas por incendios.
Fuente: Perfil.
