El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en el marco de un esquema que busca descentralizar funciones operativas en materia vial.
La medida fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y habilita a las provincias a otorgar concesiones de obra pública con cobro de peaje a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las jurisdicciones incluidas en esta delegación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Según el texto oficial, la delegación de facultades tendrá carácter funcional, limitado, temporal y revocable. Además, el decreto aclara que el Estado nacional conservará en todos los casos la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
También se fijó un límite de 30 años para los contratos de gestión que se firmen a partir de este nuevo esquema.
Para avanzar con la implementación, cada provincia deberá celebrar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.
En esos acuerdos se establecerán los tramos a intervenir y el plan de obras correspondiente.
El decreto indica que los procesos deberán respetar principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Además, se estableció que, si una provincia no llama a licitación en el plazo de un año desde la firma del convenio, caerá la delegación sobre ese tramo.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión de los contratos.
