Por Luis María Serroels
Especial para ANÁLISIS

El pasado viernes 13 de diciembre la prensa dio cuenta de que un juez aparentemente muy decidido a sobresalir, Carlos Villafuerte Ruzzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, decidió procesar a sendos expresidentes de las entidades madres de las organizaciones que nuclean a los productores del campo, por hallarlos responsables de los cortes de ruta que ocurrieron hace 11 años, cuando una protesta generalizada rechazaba la tristemente célebre y malhadada Resolución 125, que imponía retenciones móviles a las exportaciones mediante una fórmula de cálculo que a medida que el precio de la soja aumentaba, el Estado se quedaba con la mayor parte de la renta.

Recordemos que el proyecto original había sido llevado ante Néstor Kirchner el 29 de febrero de 2008 por Guillermo Moreno, donde se apuntaba a una retención del 63% (en ese momento Kirhner ya no era mandatario).

La medida alternativa ideada por el ministro de Economía Martín Lousteau, tuvo un pecado original: la Carta Magna le asigna facultades exclusivas al Congreso en materia tributaria y por lo tanto una simple resolución resultaba inválida. Como se esperaba, la norma murió al nacer.

Rápida de reflejos, la presidente Cristina Fernández (asumida en diciembre de 2007) envió a las Cámaras otro proyecto que en nada tranquilizaba a los chacareros. De allí que surgieron las marchas, piquetes y concentraciones que rechazaban la eventual legislación.

Tras ser aprobado en la Cámara Baja y luego de ardorosas jornadas en el Senado, se llegó al 16 de julo con miles de productores en vela y por el otro lado, militantes del gobierno que apoyaban la ley en ciernes.

En la madrugada del día 17 y luego de extenuantes exposiciones en uno y otro sentido, la votación arribó a un empate que dejó en manos del vicepresidente de la nación  y presidente nato del Senado, Julio Cobos, la enorme responsabilidad de definir una sesión tan difícil como urticante.

Un país trasnochador escuchó al político radical mendocino pronunciar una frase que desfiguró el rostro del senador oficialista Miguel Ángel Pichetto: “Mi voto es no positivo”. Tal postura hizo trizas las intenciones del gobierno y sirva recordar que el hoy flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue un férreo defensor de la medida que los ruralistas reprobaban y cuya lucha tuvo como gran protagonista al actual senador nacional reelecto por Entre Ríos,  Alfredo De Ángeli. Una de las grandes crisis políticas y económicas en nuestro país, desembocó en un gran dolor de cabeza para el poder.

Tras este introito, retomemos el caso del juez que, a 11 años de aquellas jornadas, les abre proceso a los expresidentes de Federación Agraria Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina (que integraban la denominada Mesa de Enlace): Eduardo Buzzi, Mario Llambías y Luciano Miguens respectivamente.

Según el magistrado, los citados dirigentes “como motores de la organización agropecuaria nacional, siendo presidentes de las entidades y conformando la Mesa de Enlace, entorpecieron el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo que llevaron a cabo el 19 de marzo de 2008”.

Pregunta nada impertinente: cuando las rutas se cortan por caída de puentes mal construidos, ¿a quiénes se procesa? En setiembre de 1962 y por orden de un alto jefe militar destacado en Paraná se dinamitó un puente cercano a la capital entrerriana (enfrentamiento interno dentro del Ejército), se anuló un tránsito vital para la Mesopotamia. Muchos años se tardó en reconstruirlo pero ningún juez actuó.

Como era de suponer, las entidades cuya dirigencia ha sido destinataria de semejante resolución –difícil de comprender-, salieron al ruedo a manifestar su solidaridad. Indican que “aquel intento murió en el Congreso de la Nación y el rechazo democrático de la medida. Sin embargo, 11 años después, un sector de la justicia sigue el proceso por un acto público en  donde la espontaneidad de los afectados por la Resolución 125 organizaba actos de reclamo frente al poder público”.

Apelando con realismo a las situaciones que por estos tiempos se generan en las calles porteñas (citadas por su magnitud), el documento señala que “aquellos reclamos difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden”.

Y remata afirmando que cuesta entender el porqué de un tratamiento tan distinto a situaciones tácticamente idénticas, cuando reclama el campo: “Proceso Judicial”; cuando reclaman los movimientos sociales: “Justificación y solidaridad”.

Cotidianamente la TV nos muestra nutridas movilizaciones donde por distintos motivos pero con coincidente violencia se destrozan vidrieras, saquean comercios, rompen bienes del Estado (del pueblo) y convierten veredas en proyectiles. Si bien existe intervención policial, no se tienen noticias de intervenciones judiciales correctivas que disuadan a los vándalos profesionales. Centenares de miles de porteños se ven privados de arribar a tiempo a sus trabajos, incluso suelen quedar varados debiendo desistir de su asistencia con consecuencias no queridas.

El juez Villafuerte Ruzzo ¿toma nota de que sus pares tienen un enfoque diferente ante estas situaciones? Además, es sabido que aquellas jornadas de marzo de 2008 contaron con una adhesión muy alta en la que hasta los propios conductores del transporte pesado sumaron su apoyo.

¿Existe un código federal para San Nicolás y otro para la Ciudad Autónoma? Este juez debería buscar justificación de algún castigo en el contenido de las leyes, pero ¿cómo se explica que durante 11 años se olvidó la causa en algún armario? Si duerme el derecho pero no muere, debería morir la mala praxis judicial. Si el efecto de las leyes no es igual para todos en situaciones iguales, arrojémoslas al cesto. 

“Ley pareja no es rigurosa”. Esto lo enseña hasta el profesor Jirafales. Un antiguo aforismo reza que “Duerme el derecho pero no muere”. Los que se duermen suelen ser ciertos jueces.