Dura medida que soslayó el diálogo

estatales contra ley de emergencia

Por Luis María Serroels (*)

La solidaridad es un sentimiento que aflora incondicionalmente frente a causas o intereses ajenos y se practica con espontaneidad, en especial ante situaciones límites o cuanto menos altamente embarazosas. Pero es una decisión íntima y voluntaria que, por eso mismo, honra a quienes la revelan. No surge por imposiciones y menos si son forzadas por vías cuestionables que terminan perjudicando  al virtuoso.

Hay que convenir que en estos días no debe haber ningún entrerriano que quiera estar dentro del cuerpo del gobernador provincial, acosado por problemas muy graves. Tampoco que esté de acuerdo con medidas que enfilan directamente hacia el ya castigado bolsillo de los servidores del Estado en todos sus niveles, en momentos que se aguardaba todo lo contrario, es decir, un reajuste que alivie sus problemas cotidianos.

Si paralelo a esa carencia se incrementan tarifas e impuestos que estrechan severamente el poder adquisitivo, lo que más se aconsejaba era convocar a toda la dirigencia de los gremios estatales, fuerzas políticas y entidades privadas, aún a sabiendas de que el intercambio de ideas y posturas en una cuestión tan urticante, prometería un intercambio de alta temperatura.

Los esfuerzos de Gustavo Bordet procurando diferenciarse del espíritu nada conciliador de su antecesor, naufragaron frente a un asunto que, si algo reclamaba como nunca, era precisamente posturas que desemboquen en un mismo vértice. No fue así y se perdió una inmejorable ocasión.

Una conversación bien ordenada y franca, aunque descarnada y sin ocultamientos, hubiese servido mucho más que un proyecto muy duro redactado en silencio.

Los recortes de haberes a activos y pasivos que constituyen la contracara de los necesarios y aguardados aumentos, han hecho trinar al gremialismo. No es grato ceder porciones dinerarias cuando lo que hace falta es recuperar el disminuido poder de compra. Por su lado el sector comercial y de servicios  sentirá que sus entradas seguirán en caída con la previsible pérdida de recursos, aún en aquellos productos considerados básicos.

Cuesta suponer que estas medidas no hayan considerado el avance inflacionario que en poco tiempo castigará más a los agentes del Estado provincial cuyos bolsillos son testimonio contundente de un inesperado perjuicio.

Una cuestión curiosa y por ende sorprendente, es que eventuales incrementos salariales se financiarán con las sumas que previamente se descontarán a los ingresos merced a esta ley y en el caso de los jubilados y pensionados, habrá quienes le devolverán a la Caja parte de sus beneficios que son intocables.

La de por sí postergada clase pasiva –todo un clásico en las diferentes administraciones-, lejos está de ser justicieramente asistida porque en la mayoría de los casos su ingreso no tiene sólo destino alimentario sino también médico y farmacéutico.

Vulnerar derechos adquiridos no es permitido y ello se expone a enfrentar los tribunales. Una declaración amplia y minuciosa del sector docente no sólo aborda el avance sobre las normas que garantizan la estabilidad salarial libre de recortes y trasladan a los trabajadores el peso de una crisis sino que –puntualizan-  les hará tributar a los servidores públicos 2.500 millones anuales. Hay casos en que los propios agentes autofinanciarán sus mejoras con las podas que previamente se les aplicarán a sus bolsillos. El comunicado del Consejo General de Educación dando cuenta de que sólo el 10% de los docentes serán alcanzados por la emergencia, no es justificativo. Sería interesante que se confirme o descarte la existencia de otras reparticiones donde al parecer serían reducidos haberes inferiores a los 75.000 pesos.

En Entre Ríos habrá empleados que les financiarán los sueldos a otros empleados. Cuando más dura se presenta la situación económica, lejos de buscar paliativos se concretan recortes que, además, inciden muy negativamente en adquisiciones financiadas en cuotas (los alquileres también demandan cifras en el componente de erogaciones que seguramente serán reformuladas por los propietarios). ¿Cómo atender compromisos concertados sin imaginar una medida tan insólita como perjudicial? 

En buen romance, el gobierno provincial si se da el caso, afrontará posibles aumentos salariales apelando a los fondos previamente extraídos a los propios destinatarios.

Nunca una situación de alta dificultad puede convalidar un quebrantamiento de preceptos legales. ¿Qué explicaciones les darán los senadores a intendentes y pobladores de sus respectivos Departamentos, frente a este atropello al poder de compra de sus habitantes? ¿No es una puerta abierta al sector privado para que haga lo propio, no sin justificadas razones aunque seguramente con algo tan  importante como el diálogo (que no existió con la flamante ley)? Asimismo –cuándo no- se incluye al campo como si no tuviera sus problemas casi crónicos. El valor de los impuestos provinciales y la energía eléctrica ¿serán congelados?

No deja de ser importante que se informe el número de funcionarios políticos –no todos imprescindibles- y nuevas designaciones carentes de necesidad y cuya idoneidad parece lo menos exigible.

Al momento de cerrar esta nota no se confirmaba qué vías adoptarían los sindicatos estatales y en especial la Asociación Judicial impugnando la norma de tan veloz trámite cuya premura no se explicó. Volviendo al comienzo, cuando la solidaridad se impone por ley, el atropello se enfrenta con derecho y sentido común. Y que los jueces hablen sería muy apropiado.

Si esto se consumó bajo la añeja “disciplina partidaria” que unifica pensamientos y principios haciendo tambalear juramentos previos y promesas, vamos por el camino equivocado. La semana entrante ofrecerá mayores precisiones sobre reglamentación de la norma por un lado y eventuales impugnaciones ante los tribunales por el otro.

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