Por Daniel Enz (*)

Está claro que a pocos les sorprendió la destitución de la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche. Lo veníamos anticipando desde antes del inicio del Jury, precisamente porque fue juzgada por una comisión especial comandada por los vocales del Superior Tribunal de Justicia, que tenían escrito su voto destituyente desde que comenzó esta historia y lo que sucedió fue una instancia protocolar por la que había que atravesar y no más que eso. 

 Los tres vocales se cobraron venganza con Goyeneche, aunque nadie lo reconocerá. Sorprendió cuando en su voto, el vocal Daniel Carubia se ocupó de remarcar que él no tenía “ningún tipo de relación con persona alguna involucrada en causas de corrupción administrativa, más allá de la circunstancial y protocolar relación que pude haber mantenido con diversos funcionarios en cumplimiento de los deberes que nos impone el ejercicio de la función que a cada uno le ha tocado desempeñar”. Eso querría decir que nunca le pidió a nadie que familiares directos fueran empleados del Estado entrerriano, ni con Jorge Busti, ni con Sergio Urribarri, tal como sucedió con su esposa y sus hijos. Parece que tuvo algún problema de amnesia que le hizo olvidar cómo logró que se nombre a su hijo menor Santiago Carubia en el IAPSER de Santa Fe en el último trimestre del año pasado; ni que antes, a principio de 2016, lo hizo contratar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos a poco de asumir como presidente Sergio Urribarri. 

Se ve que Carubia olvidó las denuncias por delito de corrupción que tenía Urribarri y ha estado tan ocupado últimamente que ni siquiera se enteró que al exgobernador también lo condenaron a 8 años de cárcel por el mismo delito. 

 El problema de Carubia es que nunca se ocupó demasiado por ver, desde su lugar de poder durante 34 años, cómo se hacía para desterrar la corrupción de esta provincia. Y, en todo caso, fue funcional a que ese flagelo se desarrollara, creciera y se mantuviera por siempre en nuestra Estado entrerriano. No recuerdo que hayan hecho algo con las causas de las vergonzosas cajas de alimentos de los diputados y senadores del primer gobierno de Jorge Busti. Dejaron que prescribiera y santo remedio. Nadie le reclamó nada a jueces o fiscales de esos días. Y desde ahí para adelante el listado es eterno. No nos olvidamos de cómo lo cercaban a diario al juez Carlos Trajtemberg, de La Paz, en medio de la causa por enriquecimiento ilícito contra el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, con la excusa de que había cometido el delito de violación de secretos, al comunicar uno de los datos del expediente.

Tampoco cuando el mismo Carubia votó por la prescripción y absolución del exsenador provincial Félix Abelardo Pacayut, en una instancia de apelación. Ni cuando la Sala Penal absolvió al exescribano mayor de gobierno de Urribarri, Francisco Gastaldi, también condenado. Y más acá, no olvidamos el Operativo Nochebuena, que dejó en libertad, Carubia y Mizawak mediante, a todos los detenidos por la causa contratos truchos, entre los que estaba Juan Pablo Aguilera y otros tantos, ni el fallo Cozzi, de acortamiento de los plazos de investigación, por el que ya quedaron en libertad varios corruptos, como el exdiputado provincial Ricardo Troncoso, que le robaba los sueldos a sus empleados legislativos.

Lo mismo le podría caber a los vocales Juan Smaldone o Gisela Schumacher, pese a su tránsito por la Fiscalía de Estado, antes de llegar al Poder Judicial, aunque seguramente habrá aprendido mucho también en el estudio jurídico de su amiga Claudia Mizawak, la vocal del STJ y exabogada de Urribarri.

Smaldone se tiene que haber cansado de escuchar las historias de nuevos ricos del poder de sus hijos Guillermo y Tomás, cada vez que se reunían con sus amigos Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera. Pero siempre fue mejor mirar para otro lado o ver cómo se le daba cobertura a tal o cual situación. 

 Los tres vocales desconocen cómo es luchar contra la corrupción en Entre Ríos, porque prefieren negarla o compartir largas mesas de fines de semana o de fiestas con aquellos a los que nunca se animarían a denunciar. Total, todo se arregla con un telefonazo o un buen vino de por medio, en las sobremesas del poder. ¿Si no, para qué está el poder en esta provincia? 

 Destituirla a Cecilia Goyeneche era el objetivo, después de un plan secreto y silencioso muy bien acordado entre determinados vocales del Superior Tribunal de Justicia, algunos altos funcionarios del gobierno de Urribarri y de la actual administración de Gustavo Bordet, junto a los abogados denunciantes. Estos últimos solamente querían venganza por no haberle dado Goyeneche algunos beneficios al imputado que pretendía ser arrepentido, Alfredo Bilbao, en el caso contratos o desquitarse por el avance de la nueva causa contra Domingo Daniel Rossi y su mujer, por otras cuentas en el Uruguay. 

 Goyeneche era mala palabra para ellos. Y la seguirán acosando y poniendo trabas. Porque siempre les molestó y porque nunca se sentó a negociar nada con ninguno de ellos. Y en el poder, el que no negocia nada, debe ser exterminado.

Pero como dijimos la semana pasada, esto recién empieza. Acá hay un largo camino todavía. Faltan pronunciamientos de la Corte Suprema, de organismos internacionales y está claro que la doctora Goyeneche no se quedará de brazos cruzados. Por más que el poder crea que con destituirla se ganó la batalla. 

(*) Columna desarrollada en el programa de televisión Cuestión de Fondo, de Canal 9 Litoral.