Lograr acuerdos, no hay otra opción

Por Germán Grané (*)

 

Nuestro país atraviesa una delicada situación económica y social. Muchas son las causas, mucho es el tiempo transcurrido y también los errores cometidos.

No es mi objetivo sumar otro análisis a los tantos que asistimos cotidianamente sobre “las razones” de porqué estamos como estamos, ni tampoco hacer otra propuesta a modo “gran solución” que nos permita dejar atrás de “manera inmediata” y “casi mágica” esta difícil realidad.

Prefiero hacer un aporte y reflexionar sobre un tema que nos alcanza por todos lados: los tributos (los impuestos como comúnmente se dice), que estoy convencido tienen implicancias tanto en las causas de esta realidad, como también en parte de la solución.

Frecuentemente se plantean análisis más o menos fundados, más o menos intencionados, que van desde que estamos llenos de impuestos, a que los recursos no alcanzan, que el problema son los impuestos nacionales, los provinciales o los municipales, que la evasión, a que la carga tributaria es excesiva, que la distribución, que hay que estar mendigando en Nación o en Provincia, que alcanzan o que no alcanzan, que los déficits, que la deuda, entre otros.

Pero de esa discusión sobre los impuestos, subyace una cuestión medular. El dilema, de quién debe pagar, quién no y por qué razón no debe hacerlo, y aquellos que pagan, en que medida, tiene que tener su correlato en la satisfacción de necesidades públicas. La razón de ser de los tributos. Y esa atención a lo colectivo tiene relación directa con las competencias de cada nivel de la organización estatal, lo que en las finanzas públicas se denomina Coordinación Financiera.

Entonces, en realidad, entiendo que en nuestro país federal, la cuestión no es solo “los impuestos”, sino también, de las funciones en cada nivel de gobierno.

En la actualidad, en muchos asuntos de interés colectivo, los tres niveles de gobierno desarrollan funciones para atender la misma problemática social. Por tanto, el análisis y el debate debe incluir esta perspectiva, la asignación de funciones más conveniente para nuestro país y su correspondiente esquema de recursos, desde una mirada federal y en la búsqueda de progreso y el desarrollo equitativo en todo el territorio.

Resumidamente, no se trata de distribuir solamente. Es coordinar, establecer las competencias, servicios y funciones, y asignar las fuentes tributarias de financiamiento.

En ese sentido, no es intención de estas líneas analizar cuales son los métodos de coordinación financiera más apropiados, dado que nuestra Constitución Nacional ya lo establece conforme a valoraciones políticas en un determinado tiempo en orden a momentos históricos e institucionales, e incluso fue receptando jurisprudencia de la CSJN. De esta manera, se establecieron originalmente y de forma parcial, no puros, la Separación de Fuentes y la Concurrencia, y a partir del año 1994 se incorporó constitucionalmente la Participación (de tributos nacionales), fijando como directriz la asignación de funciones y competencias y el grado equivalente de desarrollo en todo el territorio.

Es decir, los métodos de coordinación están definidos en nuestra constitución. Por tanto, sobre ese criterio, es imperioso que a través de los mecanismos institucionales del Estado, en todos sus niveles, y las demás instituciones que participan activamente nos demos a la tarea de acordar un nuevo régimen de coparticipación federal y la correspondiente asignación de funciones y competencias, y de igual modo concretar acuerdos fiscales de derecho intrafederal entre la Nación y las Provincias con compromisos recíprocos y garantizando la autonomía de los Municipios, que refuercen ese esquema desde la perspectiva del desarrollo con equidad y un sistema tributario que aliente la inversión y la generación de empleo.

Todo lo dicho, tiene sentido, en tanto y en cuanto una premisa: la necesidad de un Estado eficiente, que cumpla eficazmente con su cometido, y en nuestro país, de organización federal desde su génesis, esto comprende a los tres niveles de gobierno: Nacional, Provincial y Municipal; Cada uno debe ejecutar sus competencias donde sea más eficaz, y coordinadamente con los otros niveles. No pueden existir superposiciones ineficientes.

Previo a ir cerrando, para tampoco castigarnos los contemporáneos, vale aclarar que esta discusión no es nueva en nuestro país. Desde su origen nuestra Nación estuvo atravesada por discusiones tributarias y su asignación, por caso la referida a los derechos sobre el comercio exterior; solo basta con recurrir a las exposiciones de los constituyentes de aquel tiempo cuando se debatió el Artículo Nº4 de la Constitucional Nacional de 1853, o también los desacuerdos al momento de conformar la Confederación Argentina. De igual modo, y más actual, la última reforma constitucional de 1994, estableció la obligación de definir antes de la finalización del año 1996 un nuevo régimen de coparticipación conforme a los criterios establecidos en la misma. El resultado: eso no ha sucedido; Seguimos dirigiéndonos por la ley 23.548 y sus modificatorias y a través de diferentes acuerdos fiscales específicos.

Lo hecho o no, ya está. Es tiempo de mirar hacia adelante y ordenar “este asunto”. Alcanzar consensos federales exige una capacidad patriótica, la de acordar y cooperar de manera amplia, pensando un destino de progreso común. No hacerlo, es seguir profundizando las asimetrías, repitiendo errores que no hacen otra cosa que condicionar la Argentina, porque no resolver este tema tiene serias consecuencias para nuestro país.

 

(*) Ex titular de ATER

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