Por Verónica Torrás y Marcela Perelman (*)

En el pico de la violencia narco desatada en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (PB), insistió con que los militares intervengan en lo que caracteriza como una lucha contra el narco-terrorismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel (VV) sorprendió en aquel momento al confrontar con esta posición. Estas diferencias sobre el rol de las fuerzas armadas en el presente están directamente conectadas con los modos en que cada una caracteriza la represión de la última dictadura. Milei, por su parte, coincide con la visión del pasado de las fuerzas armadas con Villarruel y con la del presente de Bullrich, subordinando su visión sobre la defensa al alineamiento incondicional con Estados Unidos.

El límite entre seguridad interior y defensa exterior se estableció mediante un conjunto de leyes construido a lo largo de varias décadas, con el compromiso de diferentes gobiernos y partidos. El criterio principal es que inhabilita a las fuerzas armadas a intervenir en la conflictividad y seguridad internas. Este principio de demarcación se instituyó como valor de la democracia a partir de la revisión política, social y jurídica del terrorismo de Estado. 

Sin embargo, para VV los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad ni hubo terrorismo de Estado. Hubo una acción represiva frente a una demanda del gobierno civil encabezado por Isabel Perón, en la que eventualmente pueden haberse cometido excesos. VV omite así por partida doble. Por un lado, al decir que el error de las Fuerzas Armadas fue intervenir en el ámbito interno contra civiles, niega la cuestión principal que se ha probado en los juicios: que esa intervención fue ilegal, clandestina y criminal. Por otro, al establecer el inicio del aniquilamiento en los decretos de 1975, diluye el golpe de Estado, y el posterior control absoluto del aparato represivo estatal por parte de las fuerzas armadas para aplicar un plan sistemático de tortura, exterminio y desaparición. Esta posición es la misma que han sostenido los militares en los juicios por delitos de lesa humanidad. Expresa la desconfianza de un sector del mundo militar por lo que consideran una traición fundante: los civiles los enviaron a combatir contra un enemigo interno y luego desataron un reproche político y jurídico que culminó en el encarcelamiento de muchos militares y el descrédito de la institución. 

VV extrae de esta experiencia una moraleja que puede sorprender: su desacuerdo con la intervención actual de las fuerzas armadas en conflictos internos. Para la vicepresidenta no hay reproches a las fuerzas armadas por los métodos de la “lucha contra la subversión”, sino por su ingenuidad política. Por lo tanto, para ella resulta táctico expresar una negativa, con la cual se diferencia tanto del mundo de los derechos humanos, como del programa de Bullrich y Petri. Su sugerente negativa contiene, además, un mensaje revanchista: que el mundo civil se arregle ahora solo, que resuelvan las “nuevas amenazas” sin comprometer el futuro de las fuerzas armadas. 

Es posible también que la posición de VV no implique un rechazo de principios a la intervención en el ámbito interno, sino una exigencia reforzada de garantías y recursos para hacerlo. Si la clase política insiste con su solicitud, ella reclama claridad sobre la responsabilidad civil de ese mandamiento, la modificación del marco legal y mayores recursos.

Su vocería parece receptar la mirada sobre la última dictadura y el proceso de memoria, verdad y justicia de militares retirados. Pero VV va más allá, y suma también una agenda para los oficiales activos: asume la demanda de mayor presupuesto militar, tal como sostuvo en campaña y refuerza ahora. No sólo por lo que se requeriría para un gran despliegue en Rosario, sino sobre todo para concretar la equiparación prometida de la escala salarial militar con la de seguridad que está pendiente. Estos planteos tensionan con quienes empuñan la motosierra y la licuadora. 

PB replicó que no fue por intervenir en el ámbito interno que fueron enjuiciadas las fuerzas armadas, sino por los métodos ilegales que aplicaron: “Lo que se está discutiendo respecto al pasado no es haber participado del combate al terrorismo, sino también los métodos que el Estado usó para combatirlo”. No omite la ilegalidad de la represión, pero considera que ese rechazo ya fue suficiente, pertenece al pasado y no hay por qué extraer de allí recetas para el presente. Esta vez se puede hacer bien, sostiene la ministra. De esta forma, PB se recorta de sus ex aliados de coalición y de los sectores del mundo político y de los derechos humanos que sostienen el principio de demarcación como un valor de la democracia. A la vez, fortalece el esquema bi-ministerial que negoció para su ingreso al gobierno y que la instituye como la dama de hierro de la seguridad y la defensa, que se impuso sobre las expectativas de VV de manejar esas materias, ahora limitada al Senado.  

Mientras la nueva conducción civil y los militares retirados que PB nombró en el Ministerio de Defensa promueven su línea intervencionista, las mayores resistencias a su idea provienen de las propias fuerzas armadas, sobre todo de sectores en actividad: en las tres fuerzas hay oficiales que priorizan evitar las consecuencias de este tipo de intervención en función de la experiencia de la post-dictadura y de los desastrosos precedentes de Colombia y México en materia de derechos humanos, connivencia con el crimen organizado y corrupción. 

La decisión de Bullrich de poner el foco de manera acotada en los métodos ilegales de la última dictadura y no en la intervención militar en el ámbito interno, también es más táctica que principista. Y contribuye a postular el principio de demarcación como una fase agotada. Bullrich considera que ya es tiempo de sacar a los militares del rincón de la “penitencia”, mientras el ministro de Defensa, Petri, lleva más allá el discurso de su referenta: “A las Fuerzas Armadas se las ha demonizado, denostado, vapuleado, perseguido porque ha habido un sesgo ideológico”. El Ministro presenta al proceso de memoria, verdad y justicia -sostenido por la mayor parte del arco político, con una importante contribución de la UCR, su propio partido- como una campaña excesiva y sectorial, en un gesto negacionista que se toca con el programa de VV. En sintonía con esta perspectiva, su Ministerio habilitó hace pocos días un acto reivindicatorio de la dictadura en la ex ESMA, encabezado por un grupo de militares retirados que denuncian al sitio de memoria como “usurpación”. 

El presidente Milei también ha ido expresando sus posicionamientos sobre estos puntos. Comparte con ambas la idea de que las FFAA han sido hostigadas. Con VV además, que llegó el momento de la reconciliación y que los indultos contribuyeron a la pacificación. Pero a la vez, impulsa la agenda intervencionista en seguridad de PB. Es decir, retoma y sintetiza lo peor de cada postura, para subordinarse a la estrategia regional de los Estados Unidos y prometer una nueva etapa de reconciliación que resulta fuera de tiempo: la exaltación del rol represivo de las FFAA es un abrazo incómodo para los militares en actividad. Tenemos, entonces, un rompecabezas político-militar al que aún le faltan muchas piezas: 

¿Cuáles son los argumentos con los que diferentes oficiales resisten la tracción a sumarse a la seguridad interior? ¿Cuál es la consideración del proceso de memoria, verdad y justicia que hacen los oficiales en actividad con menor compromiso con la experiencia dictatorial? ¿No bregaron muchos de ellos por dejar atrás la reivindicación de la actuación ilegal de las fuerzas armadas durante la dictadura? ¿En qué medida se miran en los espejos de México y Colombia? ¿Qué potencia y vigencia tienen los valores soberanistas y nacionalistas en las fuerzas argentinas y cuán problemático resulta el alineamiento con Estados Unidos?   

En tiempos de este rompecabezas de militarismo civil, sopesar qué tan representativos son estos liderazgos políticos y sus propuestas para el universo militar, es una condición para construir un programa de futuro y democrático para la defensa nacional.   

(*) Marcela Perelman, directora de investigación del CELS  y Verónica Torras, comisión directiva del CELS; publicado en elDiarioAR