Por Gabriel Michi (*)
Las imágenes de la peor tragedia "natural" que sacudió a España en el siglo XXI no dejan de conmover. Como los relatos de los sobrevivientes y de aquellos que perdieron a sus seres queridos por el paso de esta feroz tormenta que hasta el momento ya dejó más de 200 muertos y un número indeterminado de desaparecidos (algunos arriesgan hasta 2.500). Mientras pasan los días y crece la desesperación de aquellos que perdieron todo y la indignación explota ante lo que consideran la negligencia del poder, ya sea porque sienten que no se enfatizó sobre el peligro de lo que venía con la llegada de esta DANA (Depresión Aislada en Niveles altos de la Atmósfera), ni se tomaron las medidas pertinentes como para que la gente no salga de sus casas y se ponga a resguardo en las horas previas al desastre desatado el martes 28 de octubre, o bien porque consideran que la ayuda de las autoridades no está llegando. Esa bronca quedó expuesta durante el último fin de semana cuando la ira se desató contra el rey Felipe VI y la reina Letizia -quienes se habían acercado hasta Paiporta, uno de pueblos más castigados- pero también contra el presidente de la Nación, Pedro Sánchez (PSOE) y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP).
En el caso de los monarcas, sobrevivientes enfurecidos les gritaron "asesinos" e "hijos de puta", a la vez que lanzaban barro contra ellos y alguna piedra u otro objeto ya que al menos dos custodios resultaron heridos. La pareja real quedó rodeada por una multitud indignada que le reclamaban por la falta de asistencia y hasta de agua y no parecían dispuestos a escuchar el diálogo que los reyes pretendían entablar con ellos. Nunca en toda la historia de España se había visto algo así. La bronca de los habitantes de Valencia se venía notando en los días previos a la visita real, pero aún así mostraron tener un gesto de cercanía con los sufrientes, quizás pensando que esa actitud podía cambiar las cosas. Los guardaespaldas reales abrieron paraguas para proteger a los monarcas y otros funcionarios del estiércol arrojado. Y la policía tuvo que intervenir, algunos oficiales a caballo, para contener a la multitud de varias docenas, algunos blandiendo palas y palos.
En el transcurso de la visita, la reina Letizia lloró al escuchar el relato que le hacía una mujer, mientras que otras por detrás le reclamaban a viva voz incluso el de una señora que le enrostró: "tú tienes agua, nosotros no". Fue después de eso que uno de sus custodios -que tenía una herida sangrante en la frente- empezó con los movimientos para tratar de retirarla del lugar. Por su parte, pese a verse obligado a buscar protección, el rey Felipe VI, con manchas de barro en la cara, mantuvo la calma e hizo varios intentos de hablar con los residentes individualmente. Pero el enojo creció y una mujer golpeó un coche oficial con un paraguas y otra le dio una patada antes de que se abandonara el lugar a toda velocidad. Frente a esa situación, la comitiva real canceló otra parada en un segundo pueblo muy afectado, Chiva, a media hora al este de la ciudad de Valencia.
Los indignados españoles se sienten abandonados por las autoridades y sostienen que de no ser por lo bomberos, los voluntarios y los propios vecinos del lugar, la tragedia sería aún peor. El Estado -nacional, local y la realeza- aparece ante sus ojos como incapaz de satisfacer las necesidades que plantea una emergencia semejante. Y casi una semana después de que se inicio la tragedia, ciudades como Paiporta -30.000 habitantes- siguen sumergidos en la destrucción total y, encima, sin electricidad, sin cobertura de Internet y el servicio de telefonía móvil sigue siendo irregular. Los comercios y supermercados están en ruinas y hay manzanas enteras atascadas de montañas de escombros, coches destrozados y una omnipresente capa de barro.
La DANA produjo que miles de personas vean sus hogares destruidos por una ola de lodo similar a un tsunami. Pero más allá de la cuestiones "naturales" - o no tanto dado el cambio climático- que se le pueda asignar a ese fenómeno, las víctimas acusan a las autoridades de una mala gestión del desastre ya que denuncian que las alertas llegaron demasiado tarde. Por ejemplo, en Paiporta las inundaciones ya habían comenzado cuando se lanzó un aviso a los teléfonos móviles, que sonó con dos horas de retraso. Y encima de todo eso, señalan que los responsables tampoco supieron responder rápidamente a las consecuencias.
Pero los reyes no fueron los únicos expulsados. El propio presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también fue corrido y las autoridades se vieron obligados a sacarlo rápidamente cuando su contingente comenzaba a caminar por las calles cubiertas de barro de una de las zonas más afectadas, donde más de 60 personas murieron y la vida de todos quedaron destrozadas. Luego de esto, Sánchez dijo: “Quiero expresar toda la solidaridad de mi Gobierno y su reconocimiento a la angustia, al sufrimiento, a la incertidumbre y a las necesidades de los vecinos de Paiporta y de la Comunitat Valenciana” y sostuvo "la mayoría de la gente rechaza los tipos de violencia que desgraciadamente hemos visto hoy”.
Otro político reprendido fue el presidente regional valenciano, Carlos Mazón, del derechista Partido Popular -enfrentado con el Gobierno nacional- a quien hubo una gran cantidad de personas que pidieron su dimisión. Él respondió por Twitter: “Entiendo la indignación y por supuesto que me quedé a recibirla. Era mi obligación moral y política. La actitud del rey esta mañana ha sido ejemplar”.
Luego de los tensos episodios vividos, el rey Felipe VI dijo más tarde a las autoridades regionales en el puesto de mando de Emergencias que tenían que dar “esperanza a los afectados por la inundación y atender sus necesidades, garantizando que el Estado está ahí para ellos”.
Pero, luego de los choques de los ciudadanos contra las autoridades, explotó una guerra de cruces de responsabilidades entre el gobierno nacional y el regional. Mazón acusó al Gobierno central porque la Confederación Hidrográfica, que está bajo la órbita del Ministerio de Transición Ecológica (dirigido por Teresa Ribera), de no lanzar las advertencias a tiempo y con eso los responsabilizó de que muchos ciudadanos continuaran con su vida normal en el momento de la catástrofe. Es más, Mazón insistió en que este organismo desactivó en tres ocasiones la alerta de riesgo de desbordamientos el pasado martes (a las 13.00, 14.00 y 16.00 horas) y "no fue hasta las 18.45 de la tarde, tras dos horas sin información de la confederación, cuando se nos advirtió que 'ojo, todo ha cambiado'".
Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica respondieron que su competencia no es emitir alertas, "ya que esa función recae en los servicios de emergencias autonómicos". Indican que proporcionan de manera actualizada dos tipos de información: datos de pluviometría automáticos y niveles de los cauces. "Ambos conjuntos de datos están actualizados automáticamente y son accesibles para la consulta de los órganos competentes", explicaron. Y contraatacaron argumentando que fue el Centre de Coordinació d'Emergències el que lanzó la Alerta Hidrológica a las 12.30 del martes. A pesar de esto, la alerta llegó a los teléfonos de los valencianos a las 19.45 horas, con las inundaciones ya en marcha.
Pero no sólo la guerra política se desató por el tema de las alertas sino que alcanzo el tema de la asistencia y la ayuda. El sábado por la mañana, Pedro Sánchez hizo una aparición pública en la que anunció una batería de medidas económicas, políticas y de logística -con más de 7.000 militare disponibles- para combatir el desastre y el caos que se vivía en los municipios afectados. Expuso decenas de medidas, 7.000 militares y una fragata: “Si necesita más recursos, que la Generalitat los pida”. Con eso, Sánchez golpeaba de lleno el discurso del Palau de la Generalitat y la estrategia culpabilizadora de la gestión de Mazón. Sin embargo, hubo contrataques valencianos que quedaron desarticulados cuando el general jefe de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Javier Marcos, señaló que el obstáculo para llegar con la ayuda era el freno que imponía el gobierno de Valencia: “Desde el primer momento todas las capacidades de las Fuerzas Armadas se pusieron al servicio de la Comunidad Valenciana. Puedo tener 1.000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar sin autorización".
Horas después, Mazón debió recalcular: pidió al Gobierno de Sánchez un primer paquete de 136 medidas valorado en 31.402 millones de euros, lo que supera el presupuesto de la comunidad en 2023. Además, la Generalitat que él conduce anunció una línea propia de ayudas de hasta 6.000 euros para las familias cuyas casas se hayan visto dañadas y solicitó al Ejecutivo que complemente con 15.000 euros.
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya tiene en sus manos la primera querella contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la crisis de la DANA. En el escrito se detallan una cadena de supuestos “fallos y omisiones flagrantes” que el presidente valenciano habría ignorado. Quien denuncia Iustitia Europa, lo acusa de presuntos delitos de "prevaricación, omisión del deber de socorro y homicidio de imprudencia grave". El mismo denunciante presentó ayer otra querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la también supuesta omisión de sus responsabilidades en la crisis de la "gota fría" que devastó a esa comunidad.
Así una tormenta letal y brutal pero "natural" se transformó en una tormenta política sin igual Una tormenta política que sacude tanto a los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, ubicados en veredas opuestas, y a dos gobiernos enfrentados. Pero también azota a una monarquía que, hasta el momento, parecía indemne ante semejantes vendavales. Pero este fue tan fuerte y tan trágico que sacudió todos los esquemas. E inundó de interrogantes el futuro.
(*) Periodista, publicado en MundoNews