La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, rechazó este viernes varios planteos defensivos en contra de decisiones de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, en el marco de la causa de los “contratos truchos”.
Los planteos de los defensores fueron producidos en el contexto de la elevación a juicio de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura de Entre Ríos que, desde julio, está suspendida. Los abogados llegaron hasta el tribunal que integra Castagno para pedir que revise los rechazos de Barbagelata en la instancia anterior.
En efecto, en el marco de la elevación a juicio de la causa, Barbagelata que es la jueza encargada de controlar la legalidad de ese proceso, refutó planteos de los defensores en cuanto a pedidos de exclusión probatoria, cambio de calificación legal, pedidos de nulidades, y solicitudes de sobreseimiento. La jueza de Garantías tomó tales decisiones en dos resoluciones, una del 9 de junio pasado y otra del 30 de junio.
Este viernes, Castagno rechazó las quejas de los defensores. Comenzó a leer su resolución antes de las 12. “Las pretensiones de las defensas, introducidas en la etapa procesal, habilitaron la vía recursiva”, introdujo.
Recordó que el 9 de junio, Barbagelata desestimó planteos de exclusión probatoria de efectos secuestrados en allanamientos y evidencia digital. Los defensores denunciaron incumplimiento de protocolos, violación de cadenas de custodias y falta de incumbencias profesionales de los técnicos encargados de las tareas sobre el material digital secuestrado. También pidieron la exclusión de los testigos de que van del orden 197 al 350. Dijeron que la incorporación de los mismos vulneraría el principio de prohibición de autoincriminación. Castagno adelantó que comparte con el análisis y resolución adoptada por Barbagelata. “Las defensas están pidiendo la exclusión de una prueba que todavía no se produjo”, señaló.
Agregó que los defensores reclamaron que se declaren nulas las autorizaciones de allanamientos en domicilios de los imputados Alfredo Bilbao y Ariel Faure, y se quejaron por “falta de fundamentos”. “No advierto la arbitrariedad denunciada”, dijo y retomó los elementos de la investigación que fundaron los pedidos de allanamientos que Barbagelata autorizó. “No surge que estos actos hayan sido infundados”.
En cuanto a la evidencia digital que obra en la causa, también cuestionada por los defensores, Castagno afirmó que “la jueza fijó del modo correcto el marco conceptual para el análisis”. “La prueba digital es documental. Los defensores acusaron a la jueza de tomar una decisión arbitraria pero ¿se violaron garantías para producir esa prueba digital? Todo fue autorizado, las intervenciones telefónicas, los allanamientos en los cuales se secuestraron los teléfonos y otros soportes informáticos. La Fiscalía fue autorizada a secuestrar y acceder a las cuentas”.
Castagno recordó que los defensores achacaron defectos en las actas de secuestro, en la aplicación de protocolos y cuestionaron los actos de extracción e infracciones administrativas por falta de matriculaciones profesionales. “Son formalidades sobre el contenido y es un problema que se traslada al valor probatorio”, señaló. Sin embargo, citó las decisiones judiciales que se tomaron en el megajuicio por corrupción, con cuestionamientos calcados por parte de los defensores.
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
