La Justicia provincial recibirá parte del expediente tramitado en el Juzgado Federal de Gualeguaychú.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en un fallo dictado por Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, resolvió que es la Justicia provincial la que debe investigar las presuntas irregularidades en torno a la camioneta de Abigeato que fue encontrada en un taller mecánico de la provincia de Buenos Aires en 2023, en el marco de un allanamiento por el robo de autopartes de vehículos secuestrados en el Puesto Caminero de la ruta 12, en Ibicuy.
Los camaristas revocaron el procesamiento dictado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, contra el policía Ricardo Galeano, sobre uno de los hechos imputados.
Este expediente se originó en el marco de la causa que tiene a policías imputados por sustraer piezas de vehículos incautados, alojados en el mencionado puesto caminero. De los múltiples allanamientos realizados aquel 23 de noviembre de 2023, uno fue en un taller de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas. Allí se encontró una camioneta Chevrolet S10, móvil patrullero 1324, perteneciente a la Brigada Islas del Ibicuy de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. Ante las sospechas de que esta área también podría estar involucrada en los delitos investigados, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú abrió una investigación al respecto.
El fiscal Pedro Rebollo solicitó a la fuerza de seguridad provincial información sobre el mencionado patrullero. El subcomisario Ricardo Galeano, jefe de la Brigada Islas del Ibicuy, informó que el móvil había presentado problemas eléctricos y mecánicos desde dos meses atrás, y que se contactó a los mecánicos F. O. y C. O. del mencionado taller por carecer de personal idóneo, y lo habían trasladado el 12 de octubre con una grúa, debido a la complejidad y falta de herramientas.
Posteriormente, la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de la Gendarmería Nacional, informó que en Gualeguaychú solo había un taller (“Chevroford Servicios”) con los medios necesarios, ubicado a unos 80 kilómetros de la Brigada de Abigeato, mientras que el taller de F. O. estaba a unos 133 kilómetros. El comisario Javier Balbuena, por entonces jefe de la División Logística de la PER, informó en una nota que Galeano dio intervención a los mecánicos bonaerenses por su practicidad y oferta de “reparar rápidamente el vehículo”, a pesar de que el taller estaba en otra provincia, y que el taller mecánico policial más cercano estaba a 380 kilómetros.
Tanto Galeano como Balbuena fueron imputados por que podrían “haber incurrido en falsedades al informar” sobre esta situación al fiscal federal. El 11 de septiembre de 2024, el juez Viri decretó el procesamiento de ambos por el delito de omisión de cumplimiento de los deberes de funcionario público, resolución que quedó firme y sigue su curso en el fuero federal.
Más tarde, el fiscal solicitó profundizar la investigación, imputando a Balbuena y Galeano por “haber omitido el cumplimiento del procedimiento previsto por la Policía de Entre Ríos para los casos en los que se requiere llevar a cabo la reparación de un móvil y la fuerza no cuenta con personal o herramientas idóneas”. Por lo tanto, se amplió el procesamiento de ambos por los dos hechos.
Esta última acusación fue motivo de la apelación ante la Cámara Federal de Paraná. Los abogados defensores cuestionaron la resolución por “arbitraria”, negaron los hechos imputados y, entre otras cuestiones, plantearon que la incompetencia del juez federal, argumentando que si se trataba de una violación de normas provinciales (Ley de Contabilidad Pública N° 5140, Decretos 404/95 y 795/96, y el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos), por lo que la Justicia provincial sería la competente, ya que el sujeto pasivo es en este caso el Estado entrerriano.
El ex fiscal general Ricardo Carlos María Álvarez, en una de sus últimas intervenciones en este cargo ya que se jubiló a partir del 1° de septiembre, valoró correctas las acusaciones, como las presuntas falsedades informadas por los policías al fiscal Rebollo, obstaculizando la investigación, pero coincidió en la infracción a la normativa administrativa de la PER debería remitirse a la justicia provincial.
Finalmente, los camaristas argumentaron que, cuando se investiga una pluralidad de delitos, corresponde separar el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque medie una relación de conexidad. Por lo tanto, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación de la defensa, revocó la ampliación del procesamiento Galeano y Balbuena en relación con el segundo hecho, declaró la incompetencia parcial del fuero federal para y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.
