La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes por la mañana la detención de siete presos acusados de haber extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la que se puso especial énfasis en antecedentes de delitos similares, entre ellos un grave caso de grooming que tuvo como víctima a una niña de Entre Ríos, según registró ANÁLISIS.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva explicó que los detenidos habrían contactado al joven a través de una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”, desde el cual lo sometieron a maniobras extorsivas.
En ese contexto, la jueza Arroyo Salgado destacó la reiteración de delitos digitales cometidos desde establecimientos penitenciarios y mencionó como ejemplo un caso investigado en Entre Ríos. Se refirió a una causa por grooming y ciberacoso sexual infantil que se conoció a fines del año pasado, tras un operativo simultáneo realizado en Entre Ríos, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, a partir de la denuncia de una familia de la ciudad entrerriana de La Paz.
Según se detalló, la madre de una niña denunció que su hija estaba siendo extorsionada a través de redes sociales por un desconocido que le exigía la producción de contenidos sexuales, bajo la amenaza de difundir imágenes íntimas obtenidas previamente. La investigación, encabezada por la Fiscalía de La Paz, permitió determinar que el autor de los mensajes era un hombre de 45 años, detenido en la Unidad Penal Nº 35 de Magdalena, un penal de máxima seguridad bonaerense.
A pesar de estar privado de su libertad, el acusado tenía acceso a dispositivos electrónicos desde los cuales contactaba a menores de edad para coaccionarlas y obtener material íntimo. La jueza remarcó que este tipo de situaciones no son hechos aislados y recordó antecedentes similares.
En la conferencia, Arroyo Salgado afirmó: "Tenemos antecedentes de noviembre del año 2021 de presos por homicidios que, desde el mismo Penal de Magdalena lideraban una banda de estafadores".
Según registró ANÁLISIS, luego agregó: "Otro caso fue en julio del 2024, en el Penal de Magdalena, con estafas virtuales bajo otra modalidad, usurpando identidades peor siempre maniobras extorsivas. Tenemos otro caso de grooming de una joven adolescente, cuya madre denuncia el caso. Estaba en una situación de estrés. No quería ya salir de su habitación ni ir al colegio. Hasta que interviene la División Cibercrimen de Entre Ríos, porque este detenido le pedía videos íntimos a la niña y la amenazaba con difundirlos entre sus compañeros de colegio. Este detenido estaba ya condenado por sus vínculos con una operación que se llamó Niñas Empoderadas, donde se detectó una red de abusadores digitales que actuaba desde distintos centros de detención".
Finalmente, la magistrada advirtió sobre las consecuencias extremas que pueden derivarse de este tipo de delitos y concluyó: "Hay una infinidad de casos que derivan en consecuencias fatales. Una extorsión desde la cárcel de Batán que termina con el suicidio de un ciudadano en Esperanza (Santa Fe)".
La exposición del caso entrerriano buscó visibilizar la gravedad del grooming y las extorsiones digitales perpetradas desde cárceles, así como la necesidad de reforzar los controles penitenciarios y la protección de niños, niñas y adolescentes frente a este tipo de delitos.
