El abogado de Gualeguaychú, Luis Leissa, valoró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que planteó nuevos principios de cuidado ambiental y dejó sin efecto el rechazo del STJ al amparo para que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del proyecto inmobiliario Amarras en la ribera del río Gualeguaychú.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Leissa destacó que “es muy importante poner las cosas en su lugar, entender este nuevo concepto de que no cualquiera puede hacer lo que se le antoje con la propiedad privada en desmedro de los derechos colectivos de una sociedad y que después de muchos años trate de reencauzarse el tema dentro de lo que es la normativa vigente en materia ambiental en Entre Ríos y la Nación”.

En tal sentido, ratificó que “el objeto final tiene que ser que termine la actividad de Amarras y se desmantele ese emprendimiento de barrio náutico”.

En cuanto al emprendimiento, recordó que “comenzó con un proyecto que tenía el aval del municipio de Pueblo Belgrano, donde la administración municipal de Gualeguaychú de ese entonces dejó pasar bajo el prejuicio de no entorpecer lo que podía ser una inversión sin tener en cuenta valores muy superiores, que tienen que ver con el normal desarrollo urbano, la protección contra las inundaciones y el cuidado riguroso del agua”. Y agregó que “se tuvo que llegar a esta instancia después de dos fallos de primera instancia de dos jueces de Gualeguaychú que prohibían la continuidad de la obra, pero que lamentablemente el último de ellos fue revocado por el STJ”.

Respecto de la implicancia del fallo de la Corte Suprema, Leissa señaló que se deberá desmantelar el proyecto dado que “es lo que dispone la Ley de Ambiente y es lo que corresponde a un emprendimiento que se hizo sin contar con autorización”.

“Cualquier emprendimiento comercial en cualquier ciudad organizada tiene que tener el aval y la autorización correspondiente de las autoridades administrativas, sea municipal o provincial. Pero este emprendimiento nunca tuvo aprobación definitiva de parte de la Secretaría de Ambiente, organismo que falló a lo largo de todo este proceso y que tuvo actuación realmente lamentable, permitiendo la continuidad de las obras, guardando una enorme inacción y pasividad frente al avance constante de una obra que quería ampararse en el aval del municipio de Pueblo Belgrano. Eso se revirtió y por suerte se pudo poner un freno frente a los hechos consumados, y ahora debería venir de forma inmediata la paralización total lo que espero que se produzca cuanto antes y que el Ejecutivo provincial ordene la clausura definitiva a través de los órganos que corresponden”, analizó.

Sobre el avance imparable de la empresa pese a los cuestionamientos de la sociedad, el abogado consideró que “hay un desprecio por las normas ambientales provinciales, utilizaron como plataforma el aval irresponsable que dio el municipio de Pueblo Belgrano; también hubo inacción por parte de todos nosotros –especialmente de quienes tienen más responsabilidad de gobierno- y porque todavía subsiste un concepto de que se puede hacer lo que se quiere en la propiedad privada”.

En ese sentido, afirmó: “Nadie quiere impedir la inversión pero se busca que respete normas mínimas de carácter precautorio, como las que rigen el derecho ambiental. Pero sucede que también influye en el ánimo de quienes invierten el hecho de que le Estado nunca actúe, que sea un Estado bobo que permanece impávido ante este tipo de construcciones y que solamente se tomen acciones cuando los hechos ocurren y ya es tarde”.

Como ejemplo, sostuvo que “en el municipio de Escobar, por vía de una ordenanza municipal, se prohibieron los barrios náuticos, y hoy toda la tendencia es entender que este tipo de emprendimientos tiene impacto en la destrucción de flora autóctona y en lo que significa afectar el curso natural del agua por el compromiso que se le hace al valle de inundación que es una especie de protección que tienen las costas ribereñas cuando se producen las crecientes”. “Todo esto fue violado por Amarras y esto que viene ahora, que no lo dispuso el Poder Ejecutivo, lo solucionó el Poder Judicial, cosa que es una enseñanza y hay que tener en cuenta”, sentenció.

Consultado respecto de posibles consecuencias que ya estén ocurriendo, Leissa explicó que “el parámetro para definir la viabilidad de este tipo de emprendimiento, no es que el Estado tenga que demostrar que las obras afectan y comprometen recursos ambientales sino que es al revés: la ley de ambiente y el decreto que rige en la provincia establecen claramente que hay que tener un certificado de aptitud ambiental previo. Es el interesado quien debe demostrar acabadamente y de manera fehaciente que su obra no va a generar daño y ante la duda, el Estado puede prohibir”.

“En ese contexto, hay que destacar que en la última inundación la Municipalidad de Gualeguaychú hizo un replanteo pidiendo el desmantelamiento en base a la previsión y a cierta aproximación que muestra que el comportamiento del agua fue distinto al de antes de Amarras. Que esto sea culpa de Amarras o no, es otra problemática. Acá lo importante es que no se puede hacer lo que se quiera con una empresa privada que afectó especies autóctonas, arboleda de la zona y que en un primer momento hasta amagó con alterar el curso natural del río Gualeguaychú, lo cual esta absolutamente prohibido”.

Ante la situación, advirtió que “en este es necesario mantener una posición tajante porque al amparo de este emprendimiento podía aparecer otro, lo que hace falta es reactivar el poder de policía que tiene el Estado, terminar con las dudas que existen al respecto y no tener criterios como el del actual titular de Ambiente, (Eduardo) Asueta, de aplicar una multa de 2 millones de pesos y con eso seguir adelante con el emprendimiento porque era una nueva visión de lo que significaba la naturaleza y los cambios que se producían”.

“Esta es la paradoja con la que convivimos, que haya funcionarios que todavía no entiendan el daño que tiene este tipo de emprendimientos”, sentenció.

En el mismo sentido, consideró que la insistencia del secretario de Ambiente del gobierno de Sergio Urribarri, Fernando Raffo, para sostener el emprendimiento se debe “al desconocimiento” y a que “se ignora la problemática, el contenido y el impacto que tiene este tipo de cosas”. “No hay convicción respecto de lo que significa hoy el cuidado del ambiente y las medidas protectorias que se deben tomar. Cuando se habla de ambiente, para algunos funcionarios es imaginar pajaritos y flores, y esto es un concepto mucho más importante y trascendente que se entronca con cuestiones como la salud, el cuidado de nuestro suelo, la educación, y esa mirada amplia, que además es entreverada y contradictoria, es la que se debe tener”, opinó.

“El tema ambiental es muy complejo y encima siempre roza el aspecto económico, lo cual lo hace más trabajoso de entender. Considero que el grueso de la dirigencia política a este tema no lo comprende”, alertó.  

Asimismo, reflexionó que “la labor que desarrollan las organizaciones ambientalistas es muy buena, tienen una respuesta mucho más rápida que la del Estado pero debe haber un acercamiento para entender que hay funcionarios estatales que colaboran y entienden. Y es importante que este tema sea parte de la agenda de la discusión pública porque en esta guerra que se emprende con la naturaleza el que pierde siempre es el hombre, y especialmente los sectores más humildes y más desposeídos”.

“En esto hace falta una revisión de los conceptos, sabiendo que no es un tema fácil y que no se trata de paralizar la inversión y el desarrollo, sino que se busca un equilibrio entre cuidar los recursos naturales y entender que las leyes están para aplicarlas. Nosotros tenemos las leyes necesarias pero acá no se aplicaban nunca”, concluyó.