El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, se refirió a la situación del sector en el marco de la pandemia y el inicio de la flexibilización de actividades.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Ruberto señaló que hace un mes que se reabrieron los comercios y “en estos días hubo algunos chispazos porque había un pedido de la Cámara de Comerciantes del Microcentro respecto del horario, que se había establecido en una primera instancia –y el intendente había ratificado por decreto- de 9 a 17 y luego los comerciantes pidieron de 9 a 18 a lo cual el Sindicato accedió entendiendo que una cosa es el horario de apertura y cierre y otra cosa es la jornada laboral”. 

Explicó que “siempre hay algún vivillo que entendió que el horario de apertura y cierre era la jornada laboral y comenzaron a pedirle a los trabajadores que laboren nueve horas, pero el intendente no tiene ninguna potestad para legislar sobre jornada laboral que es legislación nacional laboral, Ley de Contrato de Trabajo que establece ocho horas de trabajo”.

Ante ello, sostuvo “el Sindicato haciéndose eco de la protesta del empleado de comercio que era obligado a trabajar nueve horas hizo una nota pidiendo que se retrotraiga la situación, ayer los referentes de la Cámara de Comerciantes hicieron una declaración muy buena en el mismo sentido y creo que está zanjada la cuestión”.

Por otra parte, el dirigente comentó que “Carrefour está vendiendo mucho y tiene abierto siempre un registro de retiro voluntario, porque es política del comercio, pero hasta ahora no hemos sido comunicados oficialmente por la empresa”. De todos modos, dijo que “se sabe de algunos compañeros que tienen más de 60 años y a quienes se les está ofreciendo pero todavía no nos comunicaron oficialmente”.

Asimismo, sostuvo que “en Coto estuvimos la semana pasada por un reclamo puntual por un bono que algunos no habían cobrado, y en cuanto a Coto Digital aumentó mucho sus ventas diarias, que rondan los 350 pedidos diarios cuando antes de la pandemia tenía unos 70 más o menos” y aclaró: “Esta empresa abarca el área de Santa Fe, aunque no sé si en este momento están pudiendo ir”.

En otro orden de cosas, se refirió a la situación de Bruzzoni Bebidas y anunció que desde el Sindicato “se está citando a la empresa, cuyo apoderado o socio es hijo de una senadora nacional por Entre Ríos (Stella Olalla), y estuvieron las empleadas porque no les pagan desde marzo”. Puntualizó que “son siete mujeres, muchas madres solteras y se está haciendo el reclamo, en el Ministerio de Trabajo no hubo ninguna respuesta y se abrió una instancia con el abogado”.

En ese marco, destacó que “esta empresa está recibiendo el 50% de apoyo del gobierno para pagar los sueldos, y si bien no hay fiestas y los bares están cerrados, no puede ser que esta distribuidora que aparentaba estar bien, no pague los sueldos desde marzo” y opinó que “pareciera que hay una situación de vaciamiento porque hasta hay denuncias de que se está facturando a nombre de una empresa distinta a la que figura”.

Al respecto, analizó que “la situación es complicada y es la tarea que viene para el Sindicato: la posibilidad de quiebra de empresa y de cesación de pagos, porque si bien algunas empresas del rubro alimentos tuvieron una explosión de ventas porque son productos de la canasta básica, en otras áreas como zapatos e indumentaria estamos mal porque no hay ventas, y no es por la pandemia es porque no hay dinero”.

“La gente puede ir, los comercios están abiertos; el Sindicato, los trabajadores y los pequeños empresarios han colaborado, pero la situación es compleja porque hay en juego a nivel país en el pequeño y mediano comercio más de 200.000 puestos de trabajo y no sé si se van a recuperar”, reflexionó.

Por último, recordó que “las suspensiones y despidos están prohibidos por un DN y está vigente la doble indemnización, así que suspensiones no hubo” pero advirtió que “el problema que estamos teniendo es el no pago de las sumas que no paga la AFIP: porque se determinó que los trabajadores deben cobrar por lo menos el 75% del sueldo y esa es la discusión porque algunos no quieren pagar lo que les corresponde y les piden a los empleados que se conformen con lo que paga la AFIP, que es el 50% del sueldo de marzo”.

“Ante eso estamos pidiendo que la empresa que ya está exceptuada de pagar aportes jubilatorios, anticipo de impuesto a las ganancias y otros tributos, pague ese 25% restante aunque no haya tenido actividad”, concluyó.