Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, presidenta de Las Margaritas SA, convocó a asamblea general de accionistas para el 25 de noviembre con el fin, principalmente, de aprobar los balances de la firma por el período 2019.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de Entre Ríos este miércoles 11 de noviembre y se da en medio del fuerte conflicto político-judicial con su hija Dolores, quien formuló varias denuncias contra su madre y sus tres hermanos, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere.

La sociedad jurídica regentea varios campos de la familia en la provincia, entre ellos el que es motivo de una fuerte disputa que tuvo alto impacto nacional: la Estancia Casa Nueva, ubicada en el paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena, en el departamento La Paz, publicó Entre Ríos Ahora.

El jueves 15 de octubre, por la mañana, Dolores e integrantes del Proyecto Artigas, referenciados con el dirigente social Juan Grabois, ingresaron al campo e iniciaron un proyecto agroecológico.

El 29 de octubre, luego de 14 días en el campo, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, dispuso el desalojo de Dolores y los militantes. Lo hizo en el marco de una denuncia por usurpación que formuló Leonor Etchevehere. En esta causa fueron imputados Dolores y su abogado Facundo Taboada.

Según se desprende del edicto publicado en el Boletín Oficial, Las Margaritas SA convocó a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de noviembre, a las 8,30, en calle Urquiza 1123, piso segundo, en Paraná.

En el punto 3º del llamado, se informa que se pondrá a consideración “los documentos prescriptos por el artículo 234 Inciso 1 de la Ley Nº 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales)”. Dicho artículo menciona que corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos.

En la asamblea también se prevé designar dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la Presidente el Acta de Asamblea; consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada excediendo el plazo Legal; consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; consideración del destino de los resultados del ejercicio en tratamiento; conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. 

Lisando Mobilia, abogado de Dolores, dijo que impugnarán la asamblea societaria. “Si se aprueban balances, Dolores los impugna. Es lo que viene haciendo desde hace más de 10 años. La impugnación es dejar constancia de que no se consiente lo que se trate. La mayoría de las cuestiones son simbólicas porque Dolores siempre estuvo en minoría. Básicamente queda la disconformidad”, explicó el letrado.

En ese sentido, resaltó que la impugnación de lo que se apruebe en la asamblea sirve como material probatorio en dos de las denuncias formuladas por Dolores: una por extorsión y violencia económica que lleva adelanta el fiscal federal Federico Delgado, cuyo expediente tramita en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas, en Capital Federal; y el de defraudación que está en el juzgado de Transición Nº 1 de Paraná, a cargo de Carlos Ríos.

“Ella cuando declara como testigo en la causa en Buenos Aires, por extorsión, lavado activos y negociaciones incompatibles con la función pública, al no consentir esas asambleas está legitimando su actuar en contra de su madre y sus hermanos”, explicó Mobilia.

En el juzgado de Transición Nº 1 se encuentra la denuncia por defraudación, formulada por Dolores en 2011. En dicho legajo, entre otras cosas, acusa a su familia de haber desviado unos préstamos en dólares que debían ser destinados a la producción agropecuaria, pero que se repartió entre los integrantes de la firma Las Margaritas.

Dice la acusación: “Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y  Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco”. 

Asimismo, sostuvo que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado con el Banco de la Nación Argentina, por un monto total de $900.000, otorgado el 7 de septiembre de 2016, para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú. El crédito del Banco de la Nación era para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores.

“De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido», agrega la denuncia.

Para la Justicia, Dolores Etchevehere ya no pertenece a la sociedad Las Margaritas SA. Así lo entendió la jueza María Carolina Castagno el 29 de octubre, cuando dispuso el desalojo del campo cerca de Santa Elena.

Para ello se apoyó en documentación de 2018 que muestra la cesión de acciones que tenía Dolores en Las Margaritas a favor de la firma Mirus.

Sin embargo, el abogado de Dolores plantea que ello sigue en discusión, tanto en la fase civil como penal, puesto que el trámite sucesorio sigue abierto y las denuncias por violencia económica y defraudación aún están en la fase investigativa.

El abogado Mobilia, además, insiste que es nulo el acuerdo firmado en 2018, que también incluía el desistimiento de la acción penal. “Son delitos de acción pública, el juez está obligado a investigar. No se puede renunciar a una denuncia por estos tipos de delitos. Son muy pocos los delitos en los que podés renunciar a las acciones: los delitos patrimoniales o de calumnias o injurias, por ejemplo. El desistimiento de la denuncia se incluyó en un convenio ridículamente”, aseveró.