En el programa Cuestión de Fondo, el exdiputado Rodolfo Miguel Parente y el periodista Antonio Tardelli hablaron sobre la situación del vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón. Analizaron la actualidad del Poder Judicial y los posibles escenarios ante las denuncias por violencia y el posible juicio político contra el expresidente del STJ.

—Parente: Lo primero que me sorprendió, al inicio, es que fuera designado como miembro del Superior Tribunal. En algún momento tomé conocimiento de que hubo un pedido de unos cuantos abogados que se opusieron a que Castrillón fuera designado que no prosperó y consiguió el acuerdo necesario. Para ponerlo en claro, yo no dudaba ni dudo de la capacidad o conocimiento del Derecho que puede tener Castrillón, pero creo que la faceta que se cuestionaba era otra, su personalidad, que la gran mayoría del foro y del Poder Judicial conoce, su comportamiento en La Paz y en la Legislatura cuando fue legislador, que no lo hacían, a mi juicio, merecedor de semejante canongía. Máxime en esta provincia donde hasta no hace mucho tiempo, formar parte del Superior Tribunal de Justicia era una distinción extraordinaria. Tuvimos grandes jueces, la Justicia de Entre Ríos fue muy buena y muy caracterizada. Especialmente en la década del 30 y del 40, hubo grandes juristas que integraron el Poder Judicial, y se caracterizaron por su sapiencia y además por su honorabilidad y por su discreción, que son condiciones que a mi juicio en parte le falta a este miembro del Superior Tribunal.

—Tardelli: Me parece muy atinada la referencia al funcionamiento de la Justicia en otros tiempos. Se pueden inscribir estos episodios en un proceso de degradación general. Sería injusto si lo circunscribiera al Poder Judicial, creo que hay un problema de degradación institucional muy grande y en todos los órdenes. Hoy venimos a hablar de Castrillón y la Justicia en Entre Ríos al día siguiente de que la vicepresidenta de la República dice que un fallo adverso al Poder Ejecutivo es poco menos que un golpe institucional. Y se escucha de ahí para abajo una serie de consideraciones bastante difíciles de aceptar, de concebir y por supuesto de compartir. Yo creo que hay un proceso de degradación de la Justicia que genera condiciones para que la política la ataque. Buena parte de la sociedad está disconforme con la Justicia porque hay un montón de razones para estar disconformes con el funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, las razones del poder político para denostar a la Justicia son muy diferentes. El poder político puede llegar a decir “hay lawfare”, “hay persecución a determinados dirigentes comprometidos con el campo popular, con la democracia y con el progresismo”, pero buena parte de la sociedad dirá todo lo contrario: “el problema no es la persecución penal sino la impunidad”. O sea hay razones para descreer de la Justicia pero no son las mismas las que tiene la sociedad que la política cuando ataca a los jueces.

—Cuánto de interesante han sido estos procesos como la situación de Carlos Chiara Díaz, de Mizawak, la destitución del juez Salem, esto que pasa con Castrillón ¿Cuánto nos sirve al sistema democrático de poner en foco que todos tienen la posibilidad de ser investigados?

—P: Coincido con la caracterización de la decrepitud del ejercicio del poder en la Argentina. Es decir, hay una disminución objetiva de la capacidad que tienen los poderes del Estado para operar en democracia. Es decir, tenemos un Poder Legislativo que viene siendo degradado desde hace décadas, justamente por las famosas mayorías. En Entre Ríos llegó a haber una Cámara que fue monocolor, y eso permitió cualquier cantidad de episodios que en la revista Análisis han hecho referencia. Todos estos episodios son alentadores, pero también tengo que decir que en lo personal a mí me alienta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando pone en su justo lugar el papel de las autonomías, y particularmente el papel de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por algo se llama así.        Ese fue un gran esfuerzo que se hizo en la Convención Constituyente del 94. Eso es bueno, y no me llama la atención de que Rosatti haya votado de la manera como votó y francamente porque él fue intendente de Santa Fe y además fue convencional constituyente, o sea que no es un improvisado. Ahora, a mí me parece que en Entre Ríos ha habido un manoseo indebido de la más alta jerarquía del Poder Judicial. Los gobernadores se han sacado el gusto de hacer propuestas que no todos los casos merecían el reconocimiento que tienen que tener los miembros del Superior Tribunal de la provincia, máxime teniendo en cuenta el grado de descreimiento en el que ha caído la Justicia. Teníamos una Justicia que era muy prestigiosa a todo nivel. En el país figuraba entre los primeros rankeados. Hoy en día si se hace una encuesta, la Justicia figura en los últimos lugares porque hubo un descreimiento, porque en parte ha habido un comportamiento esquizofrénico del Poder Judicial. Pasamos de una hiperactividad tendiente a fomentar los procesamientos, justificados por cierto, con privaciones de libertad, justificadas o no, a la libertad para todo el mundo como producto de la pandemia. Las cárceles no son todo lo adecuadas que tienen que ser, pero tienen el mismo derecho a gozar de esa libertad ambulatoria una persona que cometió un delito, si se quiere intermedio, que los que han cometido los latrocinios de las décadas del 90 y del 2.000. La gente nota que hay una disminución en la calidad de la Justicia y además una disminución de la forma de calificar los comportamientos de los funcionarios públicos.

—¿Qué encontraste esta semana que te haya sorprendido?

—T: Lo que me sorprende es que el desenlace está a la vuelta de la esquina. Creo que este jueves o el viernes el presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia firma el beneficio jubilatorio del doctor Castrillón. A mí me dijeron que sale el beneficio, se le comunica al beneficiario y en ese caso se comunica automáticamente al Superior Tribunal de Justicia que puede disponer de inmediato el cese de las funciones. Tienen 60 días, pero entramos en un terreno de especulación. Acá pueden jugar algunas relaciones de fuerzas internas en el Superior Tribunal. Se asegura que Castrillón ha sido abandonado por alguno de sus colegas del Superior, y que sólo habría recibido algún nivel de solidaridad en los últimos días de parte de su par Carlomagno. En ese contexto serían dos (con Salduna) más Castrillón eventualmente frente a una eventual mayoría que podría definir el cese. Mis fuentes me dicen que en ese caso Castrillón debería aceptar la resolución del beneficio, cosa que a él no le es particularmente grato. Yo creo que él quiere ir a la Comisión de Juicio Político a decir algunas cosas. Hay dos cosas: él inicia, de una manera bastante extraña, oralmente, en febrero su trámite de jubilación, cuando no teníamos noticias ni del incidente de La Paz ni de que iba a estar sometido a un proceso de juicio político. Y formalmente el día 29, porque faltaba una documentación del Senado que llegó en ese momento. La pregunta que en todo caso nos podríamos hacer frente a este trámite tan acelerado no es respecto de Castrillón, sino de la Caja de Jubilaciones y el poder político. Me parece que sale aceleradamente.

P: Si es así, sería francamente escandaloso. Es decir, frente a un episodio como el que nos está ocupando, frente al pedido de juicio político, frente a la posibilidad que la Cámara de Diputados inicie un proceso investigativo que son 30 días, frente a la posibilidad que él tiene de ir a exponer su posición… quiero hacer una disquisición: las distinciones de Castrillón entre los votos del Superior Tribunal, la que conozco no han sido desafortunadas, han sido muy razonables las soluciones. Pero detrás de todo esto hay otros factores. Y en el Superior Tribunal francamente son pocos los que pueden arrojar la primera piedra. Lamentablemente en el Superior Tribunal, producto de lo que ha pasado en los últimos años, ha habido un manoseo, jueces que han cambiado los votos, fueron convencidos no sé cómo, entonces no me llamaría la atención que esto sucediera. Ahora, conociendo la personalidad de este señor, francamente creo que él está dispuesto a continuar.

—T: Pregunto lo siguiente: a Castrillón lo notifican del beneficio jubilatorio, notifican al Superior Tribunal de Justicia, que determina el cese. Castrillón no va a ir a ninguna Comisión de Juicio Político porque dice que esto es abstracto, lo único que hay que definir es si continúa o si cesa en sus funciones. Si ya cesó en sus funciones, es abstracto.

—P: Al renunciar, se termina todo. Este es el caso de González Moreno en la Cámara de Diputados de la Nación que fue la justificación del Jurado de Enjuiciamiento a nivel nacional, porque era un tremendo corrupto. Y en esa época hacer un juicio político era muy difícil. Cuando González Moreno estaba a punto de ser destituido renunció y se jubiló con todos los laureles.

—¿No deberíamos empezar a pensar que el gobernador se tiene que autolimitar en la designación de los futuros integrantes del Superior Tribunal de Justicia?

—P: Es un tema sustantivo. Nosotros venimos del derecho norteamericano, la Corte en Estados Unidos se elige a instancias del presidente de la Nación que es quien propone. Alberdi toma esa iniciativa. Este tema deberíamos analizarlo, no sé si autolimitarse, deberíamos analizarlo. Ahora, el episodio de Castrillón en La Paz ¿qué se le puede reprochar a Castrillón? Haber irrumpido en un lugar donde fue castigado, el principal perjudicado fue él porque le rompieron dos costillas, pero él lo que debería haber hecho es llamar a la Policía, no intervenir él como patrón de estancia intentando terminar una fiesta. Esto revela la disminución de los códigos y los valores.