La disputa entre dos de los hermanos herederos del emporio de los jugos Baggio quedó expuesta públicamente a comienzos del año pasado, luego de la “desaparición” de casi USD 7 millones de la cuenta de la empresa familiar, RPB SA, que lleva las iniciales de su fundador, Rufino Pablo Baggio, ya fallecido. Ese episodio tuvo una resolución judicial que determinó que habría habido una estafa cometida por personal de la empresa. Esa decisión pareció calmar las diferencias entre ellos, al menos en la superficie. Ahora, la investigación internacional de Pandora Papers revela un dato que podría abrir otra hipótesis sobre el destino de ese dinero enviado al exterior.

En enero de 2020, uno de los cuatro hijos de Baggio, llamado igual que su padre y apodado “Pino”, denunció a su hermano Alejandro, presidente de la compañía familiar creada en Entre Ríos, una de las más importantes de la provincia. “Pino” Baggio - accionista mayoritario pero sin injerencia en la operatoria de la empresa- entendió que podía estar ocurriendo un vaciamiento de RPB SA y/o una fuga de dinero al exterior. “Alejandro robó plata de la empresa, hizo algo ilícito, y sacó dinero lícito que era de la empresa y la pasó a una actividad ilícita, o sea plata negra fuera del país”, sostuvo al ratificar su denuncia en sede judicial.

En sede judicial, enumeró el cúmulo de situaciones que despertaron sus sospechas, dirigidas hacia su hermano Juan Alejandro, quien maneja la compañía actualmente. Entre ellas, “la demora de casi un mes por parte de los miembros del directorio en detectar el fraude, dado que según los dichos de Diana Veronesi (jefa de Finanzas), ella enviaba reportes diarios de los movimientos bancarios a Juan Alejandro Baggio”.

Pero el señalado como presunto responsable negó cualquier participación en la maniobra de envío de los casi USD 7 al exterior. La empresa, bajo su mando, resolvió difundir una llamativa solicitada el 2 de febrero de 2020 que hizo pública la disputa en los medios de comunicación, en la que denunció una “estafa” contra “parte de la familia Baggio” a partir de la desaparición de los USD 7 millones, y mencionaba “personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma”.

La investigación quedó a cargo del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, quien sobreseyó a Alejandro Baggio en octubre del año pasado. La hipótesis a la que arribó el magistrado es que habría ocurrido una presunta defraudación por parte de dos directivos del área de Finanzas de RPB SA, que fueron procesados. ¿Cómo? A través de ocho transacciones a Hong Kong por facturas y contratos apócrifos que tuvieron lugar en solo dos semanas de diciembre de 2019. La maniobra habría sido posible por la falta de controles adecuados por parte de dos empleados del Banco Santander, que también fueron procesados.

Ahora Pandora Papers aporta nuevos datos sobre esta disputa familiar. Un año antes de que se concretaran esas llamativas transferencias a Hong Kong, la viuda del fundador de Baggio, Celia María Munilla, de 83 años, se convirtió en beneficiaria final de LSH Global Ltd, una sociedad inscripta en las Islas Vírgenes Británicas. Así surge a los documentos de la filtración a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integran por Argentina Infobae, La Nación y elDiarioAR.

La sociedad se creó para realizar “inversiones líquidas”, según se desprende del formulario del estudio OMC, que fue completado el 28 de noviembre de 2018. El movimiento de capital previsto era de USD 1 millón y los activos estimados, de USD 7 millones. La cifra es prácticamente la misma que suman las ocho transferencias realizadas en diciembre de 2019 hacia una empresa pantalla en Hong Kong.

Ante el requerimiento del equipo argentino de ICIJ, en el entorno de la familia señalaron que “no existe vinculación alguna” entre “la supuesta información” de la consulta por e-mail y “el fraude electrónico cometido contra RPB en diciembre de 2019″. Y agregaron: “(por) cualquier información adicional, pueden conectarse con el juzgado interviniente”.

El equipo local del Consorcio también buscó hablar con “Pino” Baggio, en su carácter de denunciante por la desaparición de los USD 7 millones, pero aunque recibió los mensajes, no respondió la consulta ni los llamados.

En el formulario se consignó que la offshore LSH Global LTD iba a desarrollar su actividad en Estados Unidos y que el objetivo era operar una cuenta bancaria en el Banco Oppenheimer & Co de Miami. Como origen de los ingresos, la viuda del fundador de Baggio informó: “herencia”. Su marido había muerto en 2005.

De los documentos también surge que los registros contables iban a ser llevados por el director de Angerona Trust Company LLC, Patricio Martinelli, con domicilio en Wyoming, Estados Unidos. Angerona Group, es un proveedor offshore con sede en ese estado norteamericano que promociona, entre sus servicios, la confidencialidad de las operatorias.

El beneficiario del fideicomiso

Si bien la viuda de Baggio es consignada como la beneficiaria final de LSH Global LTD, el accionista de esta offshore es Woodland Assets LLC. Registrada en Estados Unidos, con el mismo domicilio de Martinelli en el estado de Wyoming, esta otra sociedad iba a actuar - según los documentos - como “truste o fideicomisario, o sea quien maneja los bienes de otra persona u organización.

En una escritura de ese fideicomiso consta que el beneficiario principal de esos bienes administrados por Woodland Assets es Juan Alejandro Baggio, el hijo al cual Celia Munilla designó como el heredero para manejar la empresa, y que fue señalado por su hermano por su presunto vaciamiento. Como beneficiarios secundarios figuran su esposa, Silvina Maria Luisa Angelin, y sus cinco hijos, en partes iguales.

El documento está firmado por la propia viuda de Baggio dando su conformidad como settlor o fideicomitente. O sea la persona a la que pertenecen los bienes y que crea un fideicomiso transfiriendo los bienes objeto del mismo al trustee.La firma de Munilla aparece al lado de la de otro abogado de Angerona Trust Company LLC, Walter Sarries, por Woodland Assets LLC.

Como “protector inicial” del fideicomiso figura el abogado de Gualeguaychú Guillermo Jorge Strasser.

En un tercer documento que forma parte de Pandora Papers, Sarries es quien tiene a cargo certificar el proceso de due dilligence a Munilla ( o debido conocimiento del cliente, en inglés, requerido para prevenir el posible lavado de dinero). Incluye la certificación de los DNI de Alejandro Baggio, así como el pasaporte y DNI de su madre, cuya imagen consta en el archivo. Asimismo, se incluyó un servicio de Edesur a su nombre, correspondiente a un domicilio en la calle Posadas en el barrio de Retiro.

“Las preguntas realizadas en vuestro cuestionario son temas familiares, pero la familia me ha informado que los activos mencionados han sido correctamente declarados ante AFIP”, fue la escueta declaración que hicieron llegar al equipo argentino de ICIJ en el entorno de Alejandro Baggio.

Los Baggio: herencia y disputa

La compañía, con base en esa ciudad entrerriana, es una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados del país y fundada en 1959 por Rufino Pablo Baggio. Con 1500 personas en su planta y ventas por unos USD 300 millones por año a más de 70 países, es uno de los principales empleadores privados de la provincia. Desde Gualeguaychú se diversificó y expandió a Mendoza, donde adquirió bodegas, y se instaló en Uruguay, e incursionó en el negocio de los lácteos.

Cuando falleció el fundador, las acciones de la empresa familiar pasaron en partes iguales a sus cuatro hijos. La única hija mujer, Celia María Baggio, le vendió su parte a “Pino”, quien se hizo titular del 50%, mientras que Juan Alejandro conservó su 25% y el otro hermano Aníbal, el restante 25%.

Sin embargo, pese a ser el socio mayoritario, “Pino” no dirige la compañía ya que la viuda conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Juan Alejandro para esa tarea, quien se convirtió en el presidente de RPB SA. Esta decisión de Munilla enfrentó a los hermanos, ya que “Pino” no tendría siquiera el acceso permitido a la empresa, ni estaría al tanto de la operatoria diaria, solo a la información de los balances.

Las transferencias bajo sospecha

Las ocho transferencias de dinero al Standard Chartered Bank de Hong Kong por un total de USD 6,8 millones tuvieron lugar entre el 5 y el 16 de diciembre de 2019. Fueron pagadas a la empresa Hong Kong HRJ Trade Limited, que figura como emisora de las facturas apócrifas.

Según determinó la Justicia, los fondos se transfirieron inmediatamente, en 48 oportunidades, a varias otras cuentas de segundo y tercer nivel de empresas pantalla en Hong Kong y a más de una docena de firmas en EEUU. A distintos bancos norteamericanos - como el Citibank, el JP Morgan Chase bank, Bank of America y en U.S. Bank, entre otros - fueron enviados más de USD 3,4 millones. El saldo en la cuenta original en Hong Kong para cuando llegó el oficio de la Justicia argentina de congelamientos de fondos, el 20 de enero de 2020, era de solo USD 6.423.

De acuerdo a los registros corporativos consultados por el equipo argentino de ICIJ, Hong Kong HRJ Trade Limited se abrió en ese país en abril de 2019. Declara como actividad la venta al por mayor de autopartes y accesorios de vehículos, y su único accionista es el ciudadano de origen chino Chen Zhijie.
El certificado de registro de Hong Kong HRJ Trade Ltd, inscripta en abril de 2019, la empresa que figura como emisora de la facturas truchas a RPB SA
El certificado de registro de Hong Kong HRJ Trade Ltd, inscripta en abril de 2019, la empresa que figura como emisora de la facturas truchas a RPB SA

Los supuestos pagos en dólares a esta firma en Hong Kong fueron concretados por la jefa de Finanzas de la empresa de los Baggio, Diana Veronesi, luego de recibir un mail desde una supuesta casilla personal de Juan Alejandro Baggio, que no era la institucional de la empresa que usualmente utilizaba como presidente. En ese correo le pedía absoluta reserva y le decía que debía hacer unas transferencias por unas facturas que le enviaría un supuesto consultor de la firma de auditoría KPMG, Adrián Clamp, para adquirir una sociedad extranjera radicada en Asia.

Veronesi, si bien tenía más de 20 años en la empresa, no era la persona encargada de esos pagos al exterior. Por eso debió recurrir a otra empleada responsable de hacerlo habitualmente, quien le advirtió que el Banco Santander iba a rechazar esos pagos porque las facturas por los supuestos “servicios” prestados estaban mal confeccionadas y eran imprecisas.

Como supuesto respaldo documental del pago de esas facturas truchas, el “Sr Clamp” le había enviado a Veronesi un supuesto “acuerdo de adquisición” entre Hong Kong HRJ Trade Limited y RPB SA, fechado el 6 de diciembre de 2019, y un contrato de prestación de servicios por parte de Fengxu Trading Co Limited a empresa de los Baggio, del 19 de ese mismo mes. Estos contratos sólo incluían como concepto “merchandise payment”.

Pese a esto, las primeras ocho transferencias - que iban de USD 487.081 a USD 990.655, o sea, inferiores a USD 1 millón para no activar alertas de los oficiales antilavado - fueron aprobadas por el Banco Santander en Argentina. Recién la novena despertó sospechas. La coordinadora de Negocio Internacional de esa entidad bancaria, Fabiana Berardo, recién llegada de vacaciones, la rechazó y le reclamó a Veronesi un contrato respaldatorio de las operaciones. Al comprobar que la documentación era “insuficiente”, la ejecutiva bancaria decidió llamar a Alejandro Baggio para advertirle de estos pagos al exterior.

El presidente de los jugos Baggio aseguró en sede judicial no estar al tanto de esos movimientos de fondos al exterior. Y relató que se comunicó con Veronesi para consultarla sobre esos pagos apenas se enteró por el banco. Según declaró, él nunca los había ordenado ya que la casilla de correo desde donde salieron las supuestas directivas no era suya. Alejandro Baggio también afirmó que se comunicó luego con el Santander para tratar de revertir las transferencias y anular las pendientes. Dijo que, además, viajó a Buenos Aires para contactar a un estudio de abogados e intentar recuperar el dinero. Pero los USD 7 millones ya no estaban en la cuenta en el Standard Chartered Bank de Hong Kong que había recibido originalmente los fondos.

Posturas enfrentadas

En su denuncia, su hermano “Pino” Baggio había advertido que se enteró un día después y en horario inhábil de la primera presentación de la jefa de Finanzas en la comisaría de Gualeguaychú, cuando dijo haber sido víctima de una estafa, y que “se le retaceó información acerca de lo ocurrido”. También que le “llamó la atención” que “no se haya detectado que las facturas que justificaban las salidas hayan sido apócrifas; que nada se haya dicho sobre si el Banco Santander y/o la empresa RPB SA practicaron las retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias por servicios de auditoría o similares”; y que Alejandro Baggio “no haya efectuado reclamo alguno ante el Banco Santander”.

Sin embargo, las explicaciones de su hermano Alejandro fueron otras en su declaración ante la Justicia. Aseguró estar sorprendido de que el Banco hubiera aprobado las transferencias por casi USD 7 millones, “sumas no habituales para la empresa”, y que “no hayan consultado a ningún directivo o superior por el monto”, máxime teniendo en cuenta que las facturas decían “gastos de merchandising”. También, que “estando en pleno período de restricción cambiaria, se aprobara de parte del banco, estos ocho giros de esta abultada suma, pasando los controles del Banco Central que siempre exige por montos menores, un montón de documentación” y que “en este caso no pidió nada”.

El estado de la causa judicial

El juez Viri finalmente sobreseyó a Alejandro Baggio por considerarlo ajena a la maniobra de fraude en perjuicio de la empresa, y procesó a Veronesi (jefa de Finanzas), al gerente Financiero Stefani, quien ya se había reintegrado de sus vacaciones cuando se realizó la octava transferencia desde RPB SA a Hong Kong. También dispuso el procesamiento de dos empleados del Santander por no haber efectuado los controles requeridos. Estas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Paraná.

Desde el Santander le dijeron al equipo argentino de ICIJ que los dos empleados procesados “obraron de acuerdo a la ley” y que “en ningún momento se violó el protocolo”. Y agregaron: “No hay pruebas para incriminarlos, y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles”.

La Justicia de Entre Ríos, sin embargo, aún no pudo detectar al eventual autor o autores de la operación por la cual se habría cometido la “estafa” contra RPB SA. O sea, quién o quiénes crearon las casillas de mail y enviaron correos falsos con las facturas y los contratos apócrifos, y transfirieron los fondos recibidos desde la empresa en Argentinas a otras cuentas en Hong Kong y EEUU.

Debido a que más de la mitad del dinero terminó en bancos de ese país, RPB SA presentó una demanda en mayo del año pasado en los Tribunales de California, a los fines de intentar recuperar ese dinero. Ante la Justicia argentina, en tanto, RPB SA como querellante en la causa, informó que “producto de las gestiones y diligencias de recupero entabladas en las jurisdicciones de Hong Kong y de los Estados Unidos, se logró recuperar un total de USD 709.100″.
Carátula de la demanda presentada el 5 de mayo de 2020 por RPB SA en Estados Unidos para buscar recuperar el dinero transferido desde Hong Kong
Carátula de la demanda presentada el 5 de mayo de 2020 por RPB SA en Estados Unidos para buscar recuperar el dinero transferido desde Hong Kong

La coincidencia de la cifra de USD 7 millones no es la única en esta historia. En Hong Kong existe otra firma de idéntico nombre, LSH GLOBAL LTD, a la offshore de la viuda de Baggio registrada en las Islas Vírgenes. Pero esta sociedad homónima de Hong Kong habría sido creada en 1983. Según su sitio web, se dedica a la fabricación y venta de productos eco sustentables y biodegradables de merchandising.