El Foro de Políticas Públicas difundió un documento en el que refiere a la destitución de la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, y a las vacantes abiertas en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tras las jubilaciones de Bernardo Salduna y Juan Smaldone.

En ese sentido, desde el espacio entendieron que “para salir de la crisis provincial, (hay que) pasar del tiempo de la queja al tiempo de la construcción”.

Tras el análisis que realizaron en el documento, consideraron “oportuno que se peticione por todos los medios, espacios, ámbitos, organizaciones y asambleas ciudadanas, la concreción de medidas urgentes cuya realización posibilitaría acceder al cambio positivo que reclama la Provincia”.

Y detallaron las siguientes:

Inmediata sanción de la reforma electoral provincial que adopte como sistema de votación la BOLETA ÚNICA. En esta cuestión, la hermana provincia de Santa Fe nos marca el camino.

2) Inmediata sanción de la reforma al sistema electoral en el que la denominada “FICHA LIMPIA” constituya un requisito de admisibilidad para la integración de listas de candidatos a cargos públicos electivos. En este tema, la hermana provincia de Mendoza nos marca el camino.

3) Se transparente y publicite ampliamente, en forma oportuna, las nominaciones para integrar las vacantes del S.T.J.E.R. Quien ocupe el cargo de Vocal del S.T.J.E.R. deberá contar, como único requisito de idoneidad, antecedentes de mérito profesional y probada independencia del poder político. Basta de Vocales salidos del riñón de la política.

4) Se inste a Diputados y Senadores Nacionales por Entre Ríos para que sostengan en el Congreso de la Nación la reforma del sistema electoral nacional que adopte Boleta Única y Ficha limpia y se rechace el aumento a 24 de los miembros de la Corte Suprema.

5) Urgente convocatoria del Gobierno Provincial a un acuerdo económico, social, cultural y ambiental. Conformación inmediata del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL sancionado por nuestra Constitución del 2008, en el que participen únicamente las organizaciones de la sociedad civil, ad-honorem. Dicho consejo actuará como caja de resonancia, diseño y contralor de políticas públicas, mejorando significativamente la calidad institucional y las acciones de gobierno. En este orden, la experiencia realizada por la Provincia de Santa Fe ha sido positivamente útil.

6) Designación del Defensor del Pueblo de la Provincia, con la legitimación y funciones otorgados por los arts. 215º y 216º de la Constitución Provincial.

7) Instar al Fiscal de Estado para que accione por daños y perjuicios contra los ex – funcionarios condenados por delitos de corrupción, en demanda de restitución del dinero sustraído al erario público con más intereses, multas y costas. Algo que el Fiscal de Estado no se conoce esté haciendo, en inexcusable apartamiento del rol que le asigna la Constitución Provincial en el art. 209º al encargarle de manera principal e irrenunciable: “defender el patrimonio del Estado Provincial”.

El documento completo