El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través del Decreto Nº 3.005/22 formalizó el traspaso de la Dirección de Tierras Fiscales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial.

La decisión apunta a “regularizar la posesión a través de identificación de actuales usuarios”, comentó la titular de Ambiente, Daniela García. La funcionaria señaló que será dentro de un proceso en el que se prevé también otorgar nuevas concesiones “previo proyecto aprobado” según los fines que se propongan.

Con el fin de “regularizar el uso de las Tierras Fiscales”, una nueva normativa provincial reorganiza la Dirección a cargo de esta de administración y la traslada al ámbito de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. La decisión con fecha 9 de septiembre fue refrendada a través de un decreto de la Gobernación, firmado por Gustavo Bordet; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y el ministro de Economía, Hugo Balay, publicó el portal Era Verde.

Entre los fundamentos de la norma se señala que “un gran número de inmuebles administrados por esa Dirección son islas y anegadizos que se encuentran ubicados en zonas que integran el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 10.479) cuyo órgano de aplicación es la Secretaría de Ambiente”.

Y precisamente las islas del Delta entrerriano sobre el río Paraná inferior se encuentran bajo esta jurisdicción y hoy son centro de atención por los devastadores incendios que afectan la zona. Justamente en búsqueda de las responsabilidades por estos siniestros ígneos ha quedado expuesto que gran parte del territorio afectado pertenece a tierras fiscales donde se realizan prácticas productivas sin ningún tipo de registro y control sobre el cuidado que debiera tener.

En este complejo escenario se debe leer la decisión donde, el mismo decreto apunta que “algunos de esos inmuebles han sido intrusados por particulares, y que han producido otros hechos ilícitos como son los incendios, lo cual implica una situación que el Estado debe hacer cesar y/o impedir que se produzca en el futuro, a partir de acciones y normas establecidas a tales fines”, señala la normativa.

Además, se cree propicio “la implementación de políticas ambientales que permitan el desarrollo de actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, señala el texto. Este cambio administrativo, se apunta, “conlleva un cambio de paradigma en cuanto a la perspectiva ambiental que debe tenerse sobre los bienes del Estado”, se afirmó.

En lo formal se dispone también el traspaso de presupuesto, personal y bienes patrimoniales que dejan de pertenecer ahora a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Territorio

Consultada sobre las dimensiones que abarca esta regularización que se deberá encarar desde Tierras Fiscales, la secretaria de Ambiente señaló que, de aproximadamente 1.500.000 hectáreas de Delta entrerriano, unas 280.000 hectáreas son de dominio público. Es, aclaró, una cifra estimada. Justamente sobre esta superficie, en esta nueva etapa se prevé ver cómo están ocupadas y establecer mecanismos para darlas nuevamente en concesión para su uso con una serie de requisitos y “proyecto aprobado”, publicó el portal Era Verde.

“La Dirección de Tierras Fiscales históricamente dependió de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia. El director, (Leonardo Caluva) un abogado, joven, con muchas pilas (sic), hace mucho tiempo que venía pensando un proyecto para regularizar tenencias de las islas, más que nada con un fin recaudatorio. Porque él veía que las islas nuestras no tenían un dueño claro, pero se seguían usando y nadie pagaba nada. Así que antes de los incendios ya tenía una idea. Como mucho asidero no tuvo en la Secretaría donde estaba, comenzó a trabajar mucho con nosotros por los incendios, pero también por las áreas protegidas. Es como que surgió la posibilidad de este traspaso para sí poder darle un poco más de impulso de volver a regularizar la tenencia de las islas de dominio público, sabiendo quién las ocupa, con qué proyecto, con un plazo, con un canon, con indicadores anuales de manejo y controles que podamos hacer. Así que esa fue la razón y en eso es lo que nos vamos a ocupar ahora ya que está con nosotros”, indicó García.

El Decreto