(De ANÁLISIS)

Los presuntos sobornos entre el ex concesionario José Uriburu y funcionarios del Puerto de Concepción del Uruguay de la gestión de Gustavo Bordet ya habían sido denunciados en Tribunales por el gobierno provincial hace más de un mes, según se informó a ANÁLISIS. Fue a través de una presentación judicial realizada por el presidente del Ente Portuario de Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, luego de la recepción de un correo electrónico enviado por Uriburu con audios y videos de las supuestas coimas. Luego de que la situación tomara estado público, se pidió el inicio de un sumario contra los ex funcionarios Carlos Scelzi y Leonardo Cabrera.

La denuncia fue presentada por Di Giuseppe en los Tribunales de Concepción del Uruguay el viernes 19 de abril ante la fiscalía a cargo de María José Labalta. Tres días antes, el martes 16, había recibido un e-mail de parte de Uriburu. 

“La empresa necesita contar con la prórroga. Espero sepan entender, pero voy a defender mi inversión. El que mal anda, mal acaba. Yo siempre cumplí y pagué lo que me pidieron. Ahora me voy a defender como un león herido”, expresaba en el texto enviado por el empresario a correos institucionales del organismo, según pudo saber este medio.

Uriburu accedió a la concesión de algunos servicios del puerto al comprar una empresa que ya tenía un permiso de uso. Hoy la firma tiene decretada la quiebra e importantes deudas en AFIP y ATER. Estas y otras irregularidades hacen imposible concederle la prórroga que pretende. Ante ello, denunció los presuntos sobornos.

Un empresario portuario denunció haber pagado coimas en dólares a funcionarios bordetistas

En el mail Uriburu adjuntó audios y videos de conversaciones y situaciones que, según sus dichos, acreditan el pago de coimas, la participación de funcionarios y también el presunto armado de juicios laborales en el marco de negociaciones sobre la administración de la terminal portuaria.

Con estos elementos, Di Giuseppe consultó a su superior, el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, y se tomó la decisión de hacer la presentación en Tribunales. 

Di Giuseppe, proveniente de las filas del GEN en Concepción del Uruguay, fue funcionario en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) durante la Presidencia de Mauricio Macri y en la gestión siguiente continuó en un puesto técnico.

El lunes posterior a la denuncia, según pudo saber ANÁLISIS, Orrico viajó a Paraná y se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción a fin de consultar si debía también accionar en ese ámbito. Se le respondió que era suficiente con la presentación radicada en los Tribunales uruguayenses.

Según se explicó a este medio, la presentación fue efectuada en el marco de la obligatoriedad de los funcionarios públicos de denunciar si toman conocimiento de un presunto ilícito. Y la cuestión no se dio a conocer al entender que es el Poder Judicial el que debe investigar y determinar la veracidad de los elementos aportados y la eventual comisión de delitos.

Con su empresa, Uriburu se ocupaba de la operación del depósito fiscal de la terminal, que es una facultad que otorga la Aduana para que se puedan consolidar en el lugar las cargas destinadas a exportación.

Una vez caída la concesión a raíz de la quiebra de la empresa, ese trabajo no se está haciendo y de momento no hay ningún prestador disponible. Los accesos a los depósitos están fajados por orden judicial. 

“Contenedores no están saliendo y un camión de arroz que llega desde San Salvador no puede consolidar la carga y tiene que irse a otro puerto para poder exportar”, explicó a este medio un conocedor de la actividad para graficar el perjuicio que ocasiona la irregular situación. Un puerto activo y en regla genera movimiento económico y puestos de trabajo especializados.

Funcionarios y sumarios

Una vez que la situación tomó estado público, desde el Instituto Portuario se solicitó a la Dirección de Sumarios la instrucción de una investigación para determinar responsabilidades administrativas.

Los apuntados son los antecesores de Orrico y Di Giuseppe: el ex titular del Instituto Portuario, Leonardo Cabrera, y el ex presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi, que a su vez también presidió el Instituto Portuario.

Cabrera fue uno de los entrerrianos que el ex gobernador Gustavo Bordet logró colocar en el gobierno nacional. Luego de ser presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos y de los entes de Concepción del Uruguay y luego de Ibicuy, fue designado subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación.

El nombramiento se produjo en marzo de 2020 en la órbita del Ministerio de Transporte durante la gestión del massista Alexis Guerrera, designado por el ex presidente Alberto Fernández tras el fallecimiento de Mario Meoni en un accidente automovilístico.

Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2022, Cabrera fue apartado del cargo en medio de objeciones por su supuesta ineficiencia.

Según trascendió, la inacción de la repartición que encabezaba fue determinante para un pedido de renuncia que el funcionario desoyó. Un punto en contra fue la imposibilidad de llevar adelante el proceso de licitación de la denominada Hidrovía. Finalmente, fue apartado mediante una resolución.

Tres meses más tarde, en diciembre de 2022, fue nuevamente designado por Bordet al frente del Instituto Portuario “por su idoneidad y por cumplir los requisitos exigidos para el cargo”, según se expresa en el decreto 4.510 de ese año.

En octubre de 2023, aún en ejercicio del cargo, Leonardo Cabrera fue designado como empleado de planta permanente del Instituto Portuario, puesto en el que revista actualmente y por el cual se le pidió la instrucción sumaria.

Carlos María Scelzi, por su parte, es empleado de planta del Ente Puerto Concepción del Uruguay, con jerarquía de administrador, por lo que también es pasible de un sumario administrativo.

Scelzi es hijo del ex diputado provincial y nacional Carlos Scelzi y nieto del viejo caudillo peronista de Concepción del Uruguay y ex intendente de la ciudad, del mismo nombre. En las últimas elecciones, fue candidato a diputado provincial por el justicialismo, pero no entró.