El diputado provincial Enrique Cresto presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Energía, inste al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes que aseguren la concreción de obras de fundamental importancia para el funcionamiento sistema energético nacional.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de las diputadas Lorena Arrozogaray, Silvina Deccó, Silvia del Carmen Moreno, Laura Stratta y del diputado Yari Demian Seyler.

El proyecto surge como respuesta al decreto nacional 234/2025, que dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), instrumento clave en el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica en alta tensión.

Además, se solicita que el Gobierno Nacional brinde precisiones sobre la aplicación del artículo 31 inciso a) del mismo decreto, que redistribuye los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica: el 60 por ciento se destinaría a subsidios para compensaciones tarifarias regionales a usuarios finales y el 40 por ciento restante al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.

“El FFTEF fue creado para garantizar inversiones en ampliaciones del sistema de transporte eléctrico de alta tensión, necesarias para asegurar el abastecimiento y la interconexión regional. Su eliminación, sin una alternativa clara, pone en riesgo obras fundamentales que hoy están paralizadas o sin definiciones concretas”, advirtió Cresto.

Un grave error

Referentes del sector energético también manifestaron su preocupación por esta medida. Tal como se destacó en medios especializados como Energía Estratégica, la disolución del FFTEF representa “un grave error”, ya que el fondo estaba conformado por aportes de provincias, organismos multilaterales y agentes del sistema. Su rol era esencial para viabilizar proyectos que, por su escala o ubicación, no resultan atractivos para el financiamiento privado. En este contexto, alertan que muchos de estos desarrollos podrían quedar sin ejecución o depender exclusivamente del presupuesto nacional, condicionado hoy por una política de fuerte ajuste fiscal.

En los fundamentos del proyecto se advierte que la actual crisis energética responde, en buena medida, a la falta de inversión en transporte eléctrico, una infraestructura crítica que no ha logrado atraer capitales privados como sí ocurre con la generación y la distribución.

Se recuerda también que, a lo largo de las últimas gestiones nacionales, se promovieron diversas estrategias de inversión en el sector: durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se avanzó en la ampliación del sistema nacional de interconexión eléctrica, mientras que en las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández se impulsaron proyectos de energías renovables, especialmente eólica y solar. Actualmente, estas líneas de desarrollo no cuentan con respaldo por parte del Estado Nacional.

“El desarrollo energético del país no puede quedar librado al mercado. Es imprescindible que el Estado garantice la continuidad de proyectos estructurales que aseguren calidad de servicio, integración regional y equidad en el acceso a la energía”, concluyó Cresto.