La titular del Juzgado de Familia Nº 5 de Paraná, Yanina Mariel Yzet, obligó al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a entregar de forma inmediata los 17 medicamentos que en forma crónica debe recibir una mujer de 71 años que desde 2007 viene reclamando judicialmente al organismo la continuidad de la cobertura.

Se trata de un expediente de ejecución de sentencia que se inició en 2021. “Hace casi cinco años que venimos tramitando la ejecución de esta sentencia de amparo por incumplimientos reiterados. De esta manera llegamos a esta situación que ya es de vida o muerte, literalmente, porque se le suspendió en el mes de abril la totalidad de la medicación que consiste en diecisiete medicamentos. Todos están recetados por los médicos que la tratan”, explicó el abogado Daniel Casas, representante legal de Raquel Muñoz, la afiliada al Iosper.

“No soy médico, pero la nómina y la lista de drogas que está consumiendo diariamente esta persona habla de por sí de lo dedicado del estado de salud y de la asistencia que necesita por parte de la obra social -apuntó-. Llegamos a esta ejecución de sentencia porque Iosper incumple permanentemente. Entrega en forma parcial la medicación. Va sacando una, pagando una, atrasado dos, tres, cuatro meses, se pone al día. Entonces, está todo el tiempo forzando la sentencia”.

En los últimos días, la obra social le notificó a la afiliada “por correo electrónico que le va a pagar solamente el 40%. Entonces, tuvimos que ejecutar la sentencia. Pero es muy probable que dentro de un mes, dos meses, tres meses, vuelva de nuevo a esto, a no aprobar la totalidad de la medicación, poner requisitos que son, a veces, inexplicables, y obliga al afiliado a estar mensualmente presentando una serie de documentación que ellos la tienen. Realmente, es una lucha. Y el afiliado tiene que acudir a los servicios de un abogado”.

Pero nada de todo pudo conseguir sino hasta que acudió a la sede de Iosper y se “atrincheró”, según contó el abogado. Allí insistió para que la obra social le entregase los medicamentos que sus médicos le habían recetado y que la Justicia había obligado a Iosper a suministrar.

Sólo entonces pudo resolver, en una situación de extrema exposición, su situación: que le den los medicamentos.

El caso

En 2007 Raquel Regina Muñoz debió acudir a la Justicia con un recurso de amparo para que el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) cubriera las prestaciones que requiere y que le fueran prescriptas por sus médicos tratantes.

Entonces no pensó que trece años después debería acudir a los servicios de un abogado e iniciar, otra vez, el camino de la Justicia para conseguir que Iosper le sostenga la cobertura y no la deje a la deriva. Ahora, se presentó en una dependencia policial, la Comisaría 10ª, en Paraná, y denunció “abandono de persona”.

La mujer, de 71 años, domiciliada en barrio Paraná V, expuso ante la dependencia policial: “Me hago presente en esta dependencia policial a los fines de denunciar a la obra social Iosper (…), por el delito de abandono de persona”.

Recuerda que el 23 de marzo de 2007 el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 emitió una sentencia que ordenó a Iosper “cubrirme los gastos médicos, rehabilitación, transporte para la rehabilitación, cuidador domiciliario de persona discapacitada y acompañante domiciliario. Sin embargo, Iosper ha incumplido reiteradamente con las obligaciones ordenadas en la sentencia judicial, dejándome en total abandono”.

Y agrega: “Este abandono pone en grave riesgo mi vida ya que no tengo familia ni a quien acudir para solventar los gastos de traslados y cuidadoras domiciliarias, adeudándose más de ocho meses de atraso de transporte, lo que me impide continuar con mis tratamientos, imprescindibles, decayendo diariamente la poca salud que tengo, corriendo riesgo de muerte”.

A esa situación grave agrega que por una “caída no pude concurrir a tratamientos de urgencias de drenaje linfático, y otros indicados por médicos, por no contar con transporte para asistir a los mismos. En referencia a las cuidadoras domiciliarias, a quienes les deben tres meses, es menor el tiempo pero es mayor el riesgo de dejar de contar con la prestación por cuanto al ser yo una paciente cuidadora-dependiente de no solucionarse el problema de las mismas y estoy avisada que dejaría de contar con la presentación, lo que me deja en absoluta vulnerabilidad en lo más básico que necesita una persona para subsistir”.

Agrega que a la terapista ocupacional “le deben la misma cantidad de meses que a transporte, hasta ahora ella concurre a mi domicilio porque la tarea que realiza puede hacerse en el mismo y solo por buena voluntad. Estudiando el delito típico penal, vemos que no consiste en abandonar (verbo que significa desentenderse, dejar de lado un objeto, un interés o una obligación, desamparar o resignar) como parece indicarlo el título, pues lo esencial es poner en peligro la vida o la salud de otro. El colocar en situación de desamparo o abandonar a su suerte son las formas tipificadas de crear riesgo para esos bienes”.

El abogado Daniel Casas, que representa a la mujer, adelantó que el caso llegará la Justicia mediante un recurso de ejecución de sentencia por cuanto el amparo, de 2007, sigue vigente. Solo que Iosper lo incumple.

(Entre Ríos Ahora)