El titular del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, se refirió a la polémica que generaron los dichos del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, respecto a los celulares que ingresan a las cárceles.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Miotti indicó que “como se dijo en el procedimiento de destrucción y compactación de telefonía celular días pasados, los métodos de ingreso han sido varios: por visitantes a los cuales se les secuestraron teléfonos, por los famosos revoleos y por los procedimientos habituales de requisa de los pabellones donde se han secuestrado la mayoría de estos teléfonos. El caso particular al que hizo referencia el ministro, fue una situación en la Unidad Penal 1 en el año 2012 con un abogado que, luego de finalizada la entrevista con su defendido, se le secuestró al interno un celular”.

“Fue en esa oportunidad y quizás se sacó de contexto esa afirmación, porque cuando hay entrevista con los abogados, al interno se lo requisa antes de reunirse con el abogado por cuestiones de seguridad y luego de finalizada la entrevista. Eso es un procedimiento reglamentado y se hace habitualmente cuando los abogados visitan a sus defendidos. Fue únicamente en esa oportunidad”, aclaró.

Además, admitió que “seguramente también hay personal infiel y estamos trabajando fuertemente para detectarlo, pero hago referencia a lo que sucede con los abogados en base a lo vivido personalmente por mí en una ocasión. Si hubiera otra situación, también lo diría”.

En cuanto a la forma de dar solución a la temática del uso de celulares en las cárceles, el funcionario explicitó que “por reglamentación tenemos que brindar comunicación a los internos. Hace muy poco hicimos un dispositivo de telefonía que armó el Departamento de Seguridad Informática donde en cada pabellón de la Unidad Penal 1 tienen un teléfono para recibir llamadas de sus familiares, y se está replicando el mismo dispositivo en los demás penales. Es cierto que estar comunicado con los familiares baja las tensiones, pero tenemos la otra pata que es que se utilizan para cometer ilícitos”.

En este marco, dijo que “no se puede saber qué cantidad de celulares se usan para cometer ilícitos, porque la mayoría están bloqueados y los que tenemos indicios que pueden ser siendo usados para ilícitos los ponemos a disposición de la justicia para investigación”. “Las comunicaciones se les brindan a los internos también tratando de dar un poco de seguridad con estos dispositivos que armamos nosotros hace muy poco tiempo. Sería una falacia decir que mañana se va a terminar la droga y los teléfonos dentro de las unidades penales, porque lamentablemente es algo que vamos a tener que luchar por mucho tiempo, pero estamos trabajando fuertemente en esta situación”, refirió.  

Por otra parte, sostuvo que “hay algunos sumarios” contra personal penitenciario “pero ninguno es por apremios ni situaciones de ese tipo como violencia institucional; sí hay algunos casos en el interior o en Paraná sobre violencia de género que están en disponibilidad y con sumario administrativo”. “Es difícil detectar cuándo un funcionario hace entrega de droga o aparatos telefónicos a un interno, pero al tener información sobre alguna situación hacemos una investigación, ponemos a disposición telefonía secuestrada donde existe mensajería del personal con los internos y eso lo está investigando la Justicia y esperamos que se resuelva. Mientras tanto están pasados a disponibilidad”, admitió.

En tanto, indicó que “hay 2.902 internos sumados a otros 180 que están con supervisión electrónica, que son tobilleras, que están fuera de las unidades penales. De los que están en la cárcel, hay 2.470 penados y alrededor de 500 con prisión preventiva”.

En cuanto a la capacidad de las cárceles, planteó: “No me gusta hablar de superpoblación porque no estamos a ese nivel, pero sí tenemos una cantidad importante de alojados, en algunas unidades superados en unos cinco a 10 internos en la capacidad. Hoy estamos derivando internos a la Unidad Penal 9 que está un poco más aliviada en cantidad y en espacio. Nos vamos manejando con esos parámetros, obviamente los ingresos son más que las libertades, pero nos vamos adaptando a la situación”.

Por último, mencionó que “hay otros 258 internos federales entre penados y con prisión preventiva. Iniciamos las gestiones con el Tribunal Oral Federal y de otras jurisdicciones para que esos internos penados que no son de la provincia estén alojados en la provincia o ciudad que determine el Juzgado. Son 35 es decir que estamos gestionando 35 traslados para que sean llevados fuera de la provincia”.

En un procedimiento en la Dirección de Vías Navegables se compactaron 4.300 celulares incautados en penales.

Abogados penalistas rechazan dichos de Roncaglia y le piden que “reflexione públicamente”