Marcelo Albarenque
Por estas semanas, la escena pública provincial se encuentra inmersa en la discusión sobre una reforma al sistema jubilatorio provincial. Días atrás, el presidente de la caja de jubilaciones, Gastón Bagnat, sugirió que “transparentar la realidad previsional también es gobernar”, al publicar un artículo de su autoría.
Las cajas previsionales constituyen un pasivo presupuestario en las provincias que las mantienen. Lo mismo ocurre en el ámbito nacional y en otros países: el déficit previsional es una realidad global. Ya no aplica el dogma según el cual se esperaba tener una cantidad fija de activos por cada trabajador jubilado. Ni en este país ni en ningún otro lo lograremos: en los últimos años las tasas de natalidad se han reducido drásticamente, y a la vez la esperanza de vida se extiende. Los beneficios previsionales deben solventarse -también- con rentas generales, igual que la salud, la educación y la seguridad. La única forma de sostener un estado de bienestar en generando crecimiento económico con producción y empleo, hoy el modelo nacional y sus lacayos serviles en la provincia marchan, aceleradamente, en sentido contrario. Solo como ejemplo mencionemos que Entre Ríos perdió en dos años 1000 empleadores formales privados.
A criterio de este autor, la discusión de la reforma es necesaria, dada sin plazos, sobre un texto de proyecto de ley -no sobre “vectores”, lo que sea que eso signifique-. Es atendible extender la edad laboral, por ejemplo, hasta los 65 años para hombres y mujeres -cualquier distingo por género es infundado, además de ilegítimo-, pero debe saberse que por cada persona que no se jubile, hay un joven que no ingresa al mercado laboral. Y debe saberse que, aunque la esperanza de vida se extienda, no proponemos un sistema en el cual los adultos mayores deban continuar trabajando por subsistencia. Requerir un mínimo de años de aportes y/o aumentar ese mínimo vigente resulta -nuevamente- atendible, en la medida que no signifique la pérdida de acceso al beneficio a personas de edad avanzada.
Se podrían explorar soluciones como la de la vecina provincia de Santa Fe en su reciente reforma previsional, que establece un tope a las jubilaciones más altas, incluyendo ingresos por grupo matrimonial -habiendo beneficiarios de la misma caja-. Asimismo, entiendo no solo viable sino recomendable aumentar las alícuotas de aportes de trabajadores con ingresos mayores, solución ya practicada durante la emergencia del COVID 19 en la provincia.
La reforma jubilatoria propuesta por Frigerio nace con algunos vicios genéticos en cuanto a la discusión plural y seria que debe darse sobre una norma que regirá este instituto por décadas y que, en su versión actual, significará judicialización con su correlativo pasivo para el tesoro provincial.
Tal vez el punto que mayor polémica generó es la propuesta de modificar la forma de obtener el 82 % móvil con el que se calcula el haber previsional: tal como lo planteó el ejecutivo, este número será meramente declarativo ya que se extenderá al doble o triple de años el historial de salarios para calcularlo. Ciertos sindicatos, de los no dirigidos por mafiosos con problemas judiciales afines al oficialismo, estiman una reducción de entre 30 y 40 puntos porcentuales en los haberes futuros. La solución “frigerista” para los problemas entrerrianos es el empobrecimiento de los adultos mayores. La reforma saldrá como el ejecutivo dicte, aprovechando la distracción de la atención pública por el Mundial de Fútbol de la FIFA y el vigente acuerdo con algunas senadoras de origen “pejotista”. Parafraseando a Perón “las muchachas se ponen nombres”.
Y en cuanto a lo afirmado por el presidente de la caja -postura compartida por el resto de la casa gris-, al decir que “transparentar es gobernar”, propongo que piense mejor que “gobernar es dar soluciones”. O al menos no crear problemas nuevos en una provincia que ya tiene suficientes.
(*) Abogado.
