A partir del mes de mayo la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia iniciará un relevamiento para conocer el número exacto de amas de casa que estuvieron afiliadas al sistema jubilatorio y que perdieron esa condición a raíz de lo que se denomina la “caducidad”, es decir, que dejaron de pagar la cuota correspondiente durante más de 12 meses consecutivos.

El año pasado, en base a un informe del organismo previsional, el gobernador Jorge Busti vetó un proyecto de ley sancionado que disponía una reinserción masiva de ex afiliadas al sistema, con el único requisito que completaran los aportes que faltaban para cumplir los 10 años. Entonces, la Caja había planteado que no existía una cuantificación de quienes estaban en esa situación como así tampoco un análisis del impacto que tendría su reincorporación.

En esa oportunidad, el gobernador, junto con el veto, asumió el compromiso de dar una solución al sector. “Ahora, estamos en condiciones de desarrollar realmente, con certeza, un relevamiento en toda la provincia que en no más de 90 días permita conocer quiénes son estas mujeres, cuántas son, cuántos años efectivamente aportaron y por qué dejaron de hacerlo”, explicó el titular de la Caja, Daniel Elías, al ampliar el anuncio que el gobernador hizo en Gualeguaychú el miércoles último.

Con el resultado de ese relevamiento, se llegará al diagnóstico que permita al Ejecutivo elaborar un nuevo proyecto de ley y enviarlo a la Legislatura a mediados de este año. Rastrear esa información se vuelve necesario debido a que “la base de datos con que cuenta el organismo no está bien desarrollada”, dijo el funcionario.

Es probable que la solución que se instrumente no abarque la totalidad de las mujeres que se encuentren en esta situación. En principio, el principal objetivo sería brindar una alternativa a la población que aportó durante una importante cantidad de años y que dejó de hacerlo en el período del 2000-2003 porque “se supone que dejaron de aportar por causas inherentes a la crisis”, argumentó Elías. El operativo se realizará en forma conjunta y coordinada con voluntarias del sistema, del Sindicato y de la Asociación Civil Amas de Casa, delegadas de los departamentos, allegados al Voluntariado de la Caja.

Que en mayo se inicie este registro se vincula a la decisión gubernamental de terminar de otorgar en el mes de junio, el beneficio a todas las afiliadas que han cumplido con los requisitos del régimen. “Nos pareció prioritario atender a quienes habían cumplido con la ley”, señaló el titular de la Caja.

Elías precisó a El Diario que cuando se inició la gestión, en diciembre de 2003, había alrededor de 2.100 mujeres en esa situación. En el tiempo transcurrido desde entonces, se han otorgado 1.800 altas mientras que, acotó, durante la gestión de Sergio Montiel se dieron 1.350 beneficios de los cuales 350 habían sido resueltos en el último tramo del anterior gobierno de Busti con lo cual, dedujo, “Montiel, en cuatro años, dio 1.000 jubilaciones al sector”.

La intención del gobierno es, a mediados de año, cuando esté regularizado el otorgamiento de beneficios, “promover una ley que, con mucha seriedad y con mucha precisión financiera, económica y social, pueda dar respuesta a quienes dejaron de pagar y hasta hoy no tienen ninguna respuesta”.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones acepta y define el régimen como “una reivindicación al ama de casa con altísimo contenido asistencial” pero, al mismo tiempo, aclara que “toda pretensión de encontrarle un sustento técnico previsional en función de la relación aportantes-beneficios no es aplicable” y que “se ha transformado en un sistema de alto contenido asistencial y muy bajo contenido contributivo”.

“Prácticamente inexistente” caracterizó el funcionario al aporte ingresado por las afiliadas. Explicó luego que, por un lado, “las únicas aportantes que quedan son las que tienen expectativa de obtener el beneficio en lo inmediato” y, por otro, “masivamente tenemos beneficiarias”.

Estimó que deben estar ingresando entre 80 y 90 mil pesos por mes en concepto de aportes mientras que el sistema abona, mensualmente, 3.100.000 pesos en concepto de prestaciones.

El porcentaje de recaudación del IAFAS que, por ley, debe destinarse a solventar este sistema se ha regularizado el año pasado pero alcanza apenas para cubrir las erogaciones de dos o tres meses de un año. Los ingresos anuales provenientes del IAFAS no superan los 8 ó 9 millones de pesos por lo que la mayoría de los recursos proceden del Tesoro provincial.