El domingo 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la Presidenta de la Nación, el fiscal Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento. Un año después, esa es la única certeza. La justicia todavía no ha podido dilucidar el gran dilema: ¿Se suicidó? ¿Lo mataron? ¿Pudo ser un accidente?, se pregunta un artículo periodístico publicado en Página Judicial.

Los investigadores dicen no poder asegurar todavía si Nisman fue asesinado o se suicidó. Para la fiscal Viviana Fein, no hay ninguna prueba en la causa que hoy demuestre que fue víctima de un homicidio. Las querellas afirman todo lo contrario, que a Nisman lo mataron, que el hecho tuvo que ver con la denuncia contra la Presidenta y pidieron que la investigación pase a la justicia federal. Mientras tanto, la jueza Fabiana Palmaghini parece ahondar en pistas que podrían apuntar a que el fiscal fue asesinado.

Nisman, fiscal de la nación, jefe de la Unidad Fiscal AMIA, venía de denunciar “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní” acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la mutual judía, en el que murieron 85 personas, “para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”.

Según dijo, “la decisión deliberada” de encubrir a los imputados fue tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e instrumentada, principalmente, por el canciller Héctor Timerman. También les atribuyó una “intervención activa en el plan encubridor” al líder de La Cámpora, Andrés Larroque; al piquetero Luis D’Elía; al líder de Quebracho, Fernando Esteche, y otros personajes, para cerrar el caso con falsos culpables y permitir que la Argentina intercambie con Irán petróleo por granos.

Ese era, según la hipótesis de Nisman, el objetivo del memorándum que firmaron los cancilleres de Argentina e Irán, el 27 de enero de 2013, en Etiopía, en el cual se creó la denominada Comisión de Verdad para investigar el atentado terrorista.

Nisman acusó a la Presidenta de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”. El interés del Gobierno argentino, según el fiscal, era “intercambiar granos por petróleo”, para saldar la crisis energética que se vivía en el país.

El fiscal creía, incluso, que la Presidenta había decidido y tramado todo entre octubre de 2010 y enero de 2011 y que las negociaciones entre el Gobierno argentino para encubrir a los iraníes comenzaron antes de la firma del memorándum con Irán.

La mayor parte de la fundamentación estaba basada en escuchas telefónicas (miles y miles de horas de grabaciones), declaraciones de funcionarios en diarios y revistas y en artículos de prensa.

Aquí el primer punto de contacto.

Arroz entrerriano para los iraníes

El 13 de agosto de 2012 se anunció que Argentina, después de 19 años, volvería a exportar arroz a la República Islámica de Irán. Eran 14.000 toneladas de arroz entrerriano de alta calidad que dos meses después salieron desde el puerto de Concepción del Uruguay. La operación comercial fue compleja. El transporte lo hizo un buque con bandera de Barbados y se utilizó un trader, un comprador ficticio, que era la empresa austríaca Voest Alpine Intertrading, para que hiciera la exportación, a raíz del bloqueo comercial que tenía Irán.

Sin embargo, luego de ese primer embarque que entusiasmó tanto al Gobierno de Sergio Urribarri y a las cooperativas, la Provincia no volvió a venderle un solo grano más de arroz a Irán.

El periodista Gerardo Tato Young, autor del libro Código Stiuso, señaló que tal vez la de Nisman “podía ser una denuncia poco contundente, pero no era una denuncia improvisada, sino el resultado de muchísimas horas de trabajo, de analizar escuchas telefónicas, cruzar datos, hacer recortes periodísticos, analizar el contexto de lo que pasaba en torno al pacto que había intentado Cristina Kirchner con Irán”. Parecía, más bien, una hipótesis de investigación. Pero la justicia terminó por desestimarla.

Ahora bien, la muerte de Nisman, haya sido un suicidio o un homicidio, sin dudas, está vinculada con esa denuncia que había presentado cuatro días antes.

De Paraná al teléfono del fiscal

Un año después, la investigación sobre la muerte de Nisman está envuelta en un mar de dudas y sospechas de todo tipo.

La causa está caratulada como “N.N. s/delito de acción pública, damnificado Alberto Nisman”. La investigación es un laberinto de intereses políticos y el expediente se convirtió un escenario de disputa entre las querellas, la jueza y la fiscal.

En ese escenario surgió que el teléfono celular y la computadora personal de Nisman habían sido hackeados con un virus troyano que permitía descargar y ejecutar programas en los dispositivos del fiscal, así como “realizar una búsqueda física de la IP del equipo infectado”. Más claro: el virus serviría como una especie de GPS oculto para controlar los movimientos del fiscal en tiempo real.

Aquí el segundo punto de contacto.

Una pericia determinó que el virus ingresó por la cuenta e-mail de Yahoo! del fiscal con el nombre de “Estrictamente Secreto y Confidencial.pdf”. Los peritos informáticos detectaron, además, que se borraron registros de la computadora de Nisman, que se alteró el reloj del sistema y que también se borraron registros de llamadas y mensajes de texto del celular del fiscal anteriores al domingo 18 de enero: no quedó ningún registro de los llamados telefónicos, de los WhatsApp ni los correos electrónicos.

El “código malicioso”, como denominan al virus, reportaba a una consola de control ubicada en el dominio “deyrep24.ddns.net”. Tras un análisis de las direcciones de IP que se utilizaron para administrar esa consola, los investigadores determinaron que el virus había sido disparado desde una cuenta radicada en la ciudad de Paraná (desde un smartphone o desde una computadora) y que reportaba a una consola con sede en Miami.

El auditor y consultor en seguridad informática Luciano Salellas explicó la operatoria: “Se inicia la contaminación de la computadora y el teléfono de Nisman desde aquí (Paraná). Le mandan un archivo en pdf –puede infectarse hasta un archivo de Word–, el receptor lo abre y contamina su teléfono y computadora”, y sigue: “La información del GPS va a Miami, (donde) hay un panel de control –un cPanel– que le permite al creador del troyano saber con exactitud dónde está el teléfono o dónde está la computadora”. Así lo consignó el periodista Silvio Méndez en un informe publicado en la REVISTA ANALISIS.

Otro experto, consultado por Página Judicial, aclaró que “también es posible enmascarar el origen del ataque, triangular las comunicaciones y hacer que la maniobra parezca realizada en Paraná, pero hacerla territorialmente desde cualquier lugar del mundo. Para eso se utilizan redes denominadas botnet, un sistema capaz de controlar equipos de muchos usuarios de forma remota para, por ejemplo, propagar un virus”. Esto permitiría simular el envío del “código malicioso” desde una dirección IP en Paraná.

Lo cierto es que desde esa IP radicada en Paraná se detectaron conexiones el 6 y 13 de enero, es decir, unos días antes de que Nisman presentara la denuncia contra la Presidenta, y el 11 y 13 de febrero. Para los peritos, esos datos no dejan dudas: el contenido de los aparatos fue manipulado antes y después de la muerte del fiscal.

Los peritos sugirieron en el informe que se autoricen allanamientos en una dirección postal determinada, en Paraná. Pero eso nunca ocurrió.