Por Carlos Suárez,
(especial para ANALISIS DIGITAL desde Federación)

El asesinato de Juan Alfredo Pezzelatto, Cacho, de 70 años, casado con Tuti Burna, padre de cuatro hijos, podría haber empezado a fines de 2015 cuando decidió tercerizar el corte de unas 40 hectáreas de eucaliptus de su propiedad. Esta es una práctica que se suele hacer periódicamente. Se trata de contratar una cuadrilla manejada por un capataz que se ocupa de cortar con una o dos motosierras los eucaliptos de determinada medida y grosor, eso dependerá del uso posterior de la madera. Una vez el eucaliptos en el piso la cuadrilla le saca las ramas, en algunos casos los pela de la cáscara, y los vuelve a cortar a una determinada medida ya sea que se use posteriormente para “tijera” (travesaño por lo general redondo que se usa en el cielo raso de viviendas) o que el uso sea otro. A fines del año 2015, cada eucaliptos se cobraba alrededor de $ 0,55. El capataz de la cuadrilla emplea entre cuatro y ocho peones que cobran menos de 50 pesos por día.

Esto era lo que estuvo haciendo Pezzelatto antes de morir, buscaba precios cómodos a su interés. Solicitó presupuestos a diversas cuadrillas conocidas en Federación y Concordia…y el rumor de eso circuló como reguero de pólvora.

Hasta aquí la hipótesis más fuerte sobre la que trabajó la Justicia para tratar de esclarecer el último asalto violento que le costó la vida a un trabajador rural de 70 años en el paraje conocido como Colonia La Argentina, a unos diez kilómetros del centro de Federación. Por esto es que se supone que el crimen, o por lo menos la intensión de asaltarlo, venía desde antes. Y esta vulnerabilidad por la que atraviesan muchos ruralistas, productores medianos, dueños de viviendas y campos en la zona rural, fue la chispa que encendió la mecha para que se marchara en dos oportunidades por las calles de Federación. Un vasto sector, de alrededor de 300 personas, ligado a la familia Pezzelatto pero también solidarizado con otros casos de crímenes aún no resueltos como el de Edwin Buchanan o el del joven Javier Irrazábal, pateó el avispero. Una de las hijas de Pezzelatto, Valeria, convocó a Julio Bazán, el mítico movilero del Grupo Clarín.

A través de las redes sociales se catalogó a los responsables, el intendente Carlos Cecco, el fiscal Francisco Ledesma y al jefe policial Nelson Vega, como “impresentables”. Muchos se molestaron acerca del título utilizado por el canal Todo Noticias para calificar a la ciudad turística que recibe 121.000 turistas en un mes como “Pueblo chico, miedo grande”.

Avispero pateado

Tras las dos marchas y la llegada del “periodismo nacional” este 5 de febrero se realizó una reunión en un lugar cercano a la zona rural y lejano de la gente, los medios de comunicación y los concejales. La reunión se había pautado para las 20 del pasado viernes en el local de la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación. A ese lugar y hora iban acudir el senador por Cambiemos departamento Federación, Miguel Piana, y el intendente de Federación, Carlos Cecco. A las 20.15, viendo este cronista que la Asociación mencionada permanecía cerrada y a oscuras, se estableció contacto con el presidente de la Asociación de Citricultores y Empacadores, Maximiliano Agosti. Agosti explicó que la reunión era “de trabajo, cerrada al público y la prensa” y que se iba a “trabajar en comisiones”. Esta modalidad la impuso el secretario de Seguridad del gobierno de Gustavo Bordet, Héctor Massuh.

La reunión, realizada en el complejo turístico Las Achiras, propiedad de la pareja de Dina Burna, representante de la Biblioteca Popular Rivadavia y recordada por su complacencia con la dictadura cívico-militar de 1976, se llevó a cabo con la presencia de Massuh, los intendentes del departamento Federación, Juan Pezzelatto (hijo del asesinado y representante de los apicultores federaenses) y los legisladores Miguel Piana y Gabriela Lena.

El precario y demagógico documento

De la reunión surgió algo que mal podría llamarse documento ya que las proposiciones escritas en él parecen más dedicadas a poner paños fríos que a solucionar algo concreto.

“En la ciudad de Federación a los 5 días del mes de febrero de 2016 se encuentran reunidos los miembros de instituciones intermedias, junto a autoridades municipales del Departamento Federación, autoridades legislativas provinciales y nacionales, autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

En la oportunidad se plantearon inquietudes referidas al accionar de la justicia y el esclarecimiento de los hechos delictivos ocurridos en las localidades del Departamento y que no han tenido respuesta favorable.

Luego de un extenso debate donde todas las partes expusieron sus propuestas se acordó la elevación de un petitorio con los siguientes temas:

*Compromiso del Secretario de Justicia de la Provincia de acelerar la designación de Jueces y Fiscales por concurso en toda la Provincia, como así también trabajar en los juzgados locales en cuanto al desempeño de los funcionarios suplentes.

*Solicitar que la Provincia a través de las respectivas cámaras legislativas, proceda a la adhesión y adecuación de la Ley de Lucha contra el Narcomenudeo, a fin de contrarrestar la comercialización de estupefacientes en menor escala o para consumo en distintos puntos del territorio provincial; y que en muchos casos son de conocimiento público.

*Promover vacantes de agentes de policía de manera que cubra las necesidades en todo el territorio provincial; como así también provisión de más equipamiento para llevar adelante el funcionamiento policial.

*Exigir a los legisladores la urgente reforma del Código Procesal Penal Nacional y Provincial, a fin de fortalecer los procedimientos procesales, donde las excarcelaciones sean debidamente analizadas”.

Tras su lectura y publicación cabe preguntarse:

¿No hubo ya una reforma del Código? ¿Acaso no fue lo que solicitó Nelson Vega al asumir la Jefatura Departamental de Policía de Federación, que le agreguen 50 efectivos más, algo que le negaron rotundamente? ¿No trabaja, y mucho, el fiscal Francisco Ledesma? ¿Con qué pruebas se maneja el juez de Garantías a cargo, Daniel Pessarinni, si el arma homicida no aparece todavía? ¿No había sido una estrategia de campaña del actual intendente de Concordia, Enrique Cresto, la hoy desestimada por dos jueces federales Ley de Narcomenudeo?

Si no aparecen pruebas contundentes, las que pueden aparecer a partir del rastrillaje hecho en arroyos que existen entre el lugar donde mataron a Pezzelatto y adonde se supone que pudieron arrojar el arma homicida y otras pruebas, todo seguirá igual.