Argentina, es uno de los tres Estados miembros de la ONU que votaron contra la Resolución que califica la esclavitud como el mayor crimen de lesa humanidad.
María Angélica Pivas
“La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de designar la trata transatlántica de africanos esclavizados y el sistema de esclavitud racializada como “el crimen más grave contra la humanidad”. Adoptada el miércoles 25 de marzo de 2026 con una abrumadora mayoría de 123 Estados Miembros a favor, la Resolución A/80/L.48 de la ONU marca un punto de inflexión histórico en el compromiso de la comunidad internacional con el legado perdurable de la esclavitud. Tres países —Argentina, Israel y Estados Unidos— votaron en contra y 52 se abstuvieron”. (Fuente ONU)
Nuevamente el Gobierno argentino manifestó su voluntad, en esta oportunidad contra la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene como tema central la trata de personas esclavizadas como el crimen más grave contra la humanidad y exige reparaciones como un paso concreto para remediar injusticias históricas.
La medida, liderada por Ghana y respaldada por la Unión Africana, representa un avance significativo en el debate global sobre la esclavitud, impulsando la transición de un reconocimiento simbólico hacia la rendición de cuentas y la justicia reparadora. En efecto, el texto aprobado cuenta con una petición manifiesta para "la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos". Contempla además medidas de restitución, pronta y sin trabas de bienes culturales, incluidas obras de arte, monumentos, piezas de museos a sus países de orígenes sin coste alguno. Una disculpa pública y formal, compensación, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y cambios en las leyes, programas y servicios para abordar el racismo y la discriminación sistemática. Acentuando dimensiones como la "magnitud, la duración, el carácter sistémico y las profundas consecuencias" de los crímenes a lo largo de los siglos. El documento hace hincapié además en "la discriminación, el trauma y la explotación económica" que todavía afecta a africanos y afrodescendientes en distintas regiones del mundo.
Este esfuerzo destaca la importancia de la memoria histórica y la reconciliación, y subraya la necesidad de medidas concretas que incluyan reparaciones más allá de lo económico, apostando por la verdad, la responsabilidad histórica y la transformación de las desigualdades que persisten debido al legado de la esclavitud.
La fecha escogida, 25 de marzo, no fue casual ya que se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, establecida en 2007 en honor a la memoria de aproximadamente trece millones de hombres, mujeres, niñas y niños africanos esclavizados a lo largo de los siglos. Esta conmemoración se inscribe en una historia más vasta, protagonizada por las propias personas esclavizadas, desde rebeliones hasta procesos de alcance continental como la Revolución olvidada de Haití de 1791. Insurrección de los exesclavos que no solo luchaban por la igualdad sino también por la independencia nacional, la que finalmente alcanzaron en 1804 con el nacimiento de la primer República negra del mundo y el primer país independiente de America Latina.
Aprobar esta concreta Resolución constituye una reafirmación clara y contundente de la necesidad de enfrentar las profundas injusticias históricas que la esclavitud ha dejado en la sociedad. Al tomar esta decisión, se reconoce el peso de las heridas del pasado y la urgencia de actuar para subsanar esas cicatrices. Es, además un paso esencial en la promoción de la justicia, ya que implica un compromiso activo con la reparación y el reconocimiento de los derechos humanos de quienes han sido afectados por la esclavitud. Este enfoque busca no solo responsabilizarse por los errores del pasado, sino también sentar bases sólidas para garantizar que tales injusticias no se repitan. Abordar estas problemáticas históricas es fundamental para restaurar la dignidad de las personas afectadas y avanzar hacia un proceso de sanación colectiva. La Resolución sirve como un llamado a la reflexión y a la acción conjunta, con el objetivo de construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos fundamentales de todos sus miembros.
Ante este escenario, la decisión del gobierno argentino de votar en contra de resoluciones clave en Naciones Unidas evidencia un cambio notorio respecto a su histórica postura diplomática. Tradicionalmente, Argentina se alineaba con los consensos internacionales que promovían la defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo, el actual gobierno ha optado por distanciarse de dichas posiciones, manifestando una actitud que contrasta fuertemente con la práctica establecida durante décadas.
Esta transformación se refleja especialmente en el ámbito de la ONU, donde Argentina, como miembro originario, siempre había sido reconocida por su compromiso con los principios de derechos humanos. El reciente voto negativo ante la resolución sobre la esclavitud, junto a Estados Unidos e Israel, y otras decisiones similares tomadas en corto tiempo, han dejado un mensaje contundente tanto para la comunidad internacional como para los propios ciudadanos argentinos: el país ya no acompaña de manera sistemática los consensos globales en materia de derechos humanos, marcando un giro radical en su rol diplomático y en su imagen frente al mundo.
En poco tiempo Argentina ha adoptado posturas similares en la ONU. Recordaremos aquí, solo algunas de ellas.
El 12 de noviembre de 2024, fue el único Estado miembro de los 193 que votó en contra de la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual buscaba promover la protección de los derechos de las comunidades originarias en cuestiones como acceso a la justicia, el ambiente y la preservación de sus creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas. La temática era objeto de regular tratamiento desde 2007 en la Asamblea General y Argentina desde entonces acompañó hasta el quiebre que marca la fecha antes citada.
El 14 de noviembre de 2024, Argentina fue el único país de las Naciones Unidas en votar en contra de Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en especial en el entorno digital, frente a 170 votos a favor. El 18 de diciembre de 2024, Argentina modificó su posición y finalmente apoyó la resolución en la sesión plenaria de la Asamblea General. Desde Cancillería explicaron que el cambio buscó aclarar que el país, sí está interesado en los derechos de las mujeres, intentando revertir la imagen de aislamiento generada por el solitario voto negativo. Pareciera que, recién entonces advirtió que, a nivel interno, Argentina cuenta desde 2023 con la Ley Olimpia (Ley 27.736), que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género en la normativa nacional.
El 20 de noviembre de 2025, se opuso una resolución sobre Prevención y erradicación de la tortura, que condena la tortura "en todo momento y lugar", junto a Estados Unidos e Israel, conformando una pequeña minoría de 3 Estados miembro, contra 169, indicando, como ya lo tenemos dicho en este mismo espacio, que prefiere mantener una incipiente alianza política-comercial, en lugar de respetar, tal es su obligación, con lo dispuesto por la Convención destinada a fortalecer la lucha global contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En diciembre de 2025, en lo atingente a Perspectiva de género en la Agenda 2030 votó en contra (junto a EE. UU. e Israel). La Resolución rechazada, cuyo título fue "Integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas”, buscaba asegurar que la igualdad de género fuera un eje transversal en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Volviendo a la Resolución que inspirara este artículo, la trata transatlántica de africanos esclavizados y el sistema de esclavitud racializada como “el crimen más grave contra la humanidad”, no podemos dejar de citar al jurista sudafricano Christof Heyns, en cuanto, hace más de dos décadas atrás afirmara; “Mientras que el término «derechos humanos» está vigente desde una época relativamente reciente, los pueblos han estado luchando durante siglos en Africa por la libertad, la igualdad, la dignidad y la justicia social”.
Tras la votación, de la Resolución, fuentes en la Asamblea firmaron que hubo festejos y aplausos de parte de quienes apoyaron la medida. Nuestro país, estuvo ausente de la muestra de aprobación o reconocimiento.
La reciente posición adoptada por Argentina en la escena internacional pone en evidencia una ruptura significativa con su tradición histórica de defensa de los derechos humanos. Este cambio, lamentablemente, se ha convertido en una práctica recurrente y cada vez menos sorpresiva, marcando un giro en la política exterior del país. El alejamiento de los consensos globales, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, revela una tendencia que contradice el legado de compromiso argentino con los principios de justicia, igualdad y dignidad.
Con lo que ya se nos está volviendo inveterada práctica finalizar con una frase que nos pertenece: “que la libertad avance no puede implicar, de modo alguno, que los derechos humanos retrocedan, porque es de su esencia la progresividad y la no regresividad”.
(*): profesora titular Cátedra de Derechos Humanos, Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).
