En su declaración, el trabajador municipal Dionisio Britez, -encargado del volcadero en el Abasto- aseguró que no mantuvo contacto con la empresa Cetru durante los años que se investigan (2006-2007) y que las máquinas cargadoras que iban a distribuir y enterrar la basura a diario “pertenecían al municipio”. A ello le sumó que “no existía el uso de máquinas contratadas por Cetru para el relleno y tapado de la basura durante esos años”.

Una vez finalizada la testimonial, el ex intendente de Concordia y actual presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, solicitó el uso de la palabra para refutar los dichos del trabajador.

En ese sentido, aseguró: “Este señor dijo eso porque seguramente no debe saber que en realidad se contrataban máquinas privadas, que cobran por hora para ir a enterrar la basura”, y agregó: “Incluso nosotros desde la CTM de Salto Grande las hemos contratado, porque la Municipalidad no tenía maquinarias”. Además reiteró su argumento de que “al municipio este servicio le costaba entre 100.000 y 150.000 pesos mensuales”.

Por otro lado, el ex concejal Martín Santana, declaró: “Los trabajos que se realizaron en el campo del Abasto con maquinaria municipal, y con maquinaria contratada por el municipio, fueron ejecutados en el sector que todavía no había sido entregado a la empresa Cetru; que solo pudo realizar tareas de reciclado de material seco en la planta que había construido, sin haber tenido acceso a la totalidad del predio, para poder ejecutar el contrato según lo comprometido”.

“Lo que queda claro es que la Municipalidad nunca proporcionó material rodante a Cetru mientras la empresa estuvo en el campo del Abasto, sino que lo único que hizo el municipio fue seguir realizando las tareas de disposición final que todavía no habían sido trasladadas a la empresa contratada”, apuntó.

“Sin duda en esta causa se está queriendo buscar el pelo en la sopa, porque la fiscalía sabe que no tiene nada en concreto para mantener la acusación, por eso se va por las ramas queriendo introducir cuestiones ajenas a la imputación, la que se reduce a saber o determinar si el tratamiento o la disposición final de los residuos domiciliarios es o no un servicio público y, si en el caso de serlo, existió intencionalidad por parte de los imputados de violar una ley, es decir, si actuaron con dolo o no. Todo lo demás es cháchara, como la propia denuncia”, dijo ante el tribunal.

Próxima cita

La próxima cita será el jueves por la mañana, cuando atestiguarán cuatro empleados municipales que trabajaron durante 2006-2007 en el campo del Abasto.

Además se definió que la audiencia prevista para el martes 20 se traslade a un día antes a pedido del defensor Bacigaluppe, cuando atestiguarán el actual interventor del EDOS, Luis Fonseca, y Lidia Nogueira, publicó Diario Río Uruguay.

Junto a Cresto están siendo juzgados sus exsecretarios Daniel Martínez y Alfredo Francolini. Además de los exconcejales Jorge Ferrera, Martín Santana, Marcos Wdowiak, Roberto González, Ricardo Zubillaga, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón.

Causa para Moguilner

La fiscal María José Fonseca anunció que por orden del procurador general se abrirá una causa penal contra el exsecretario de Medio Ambiente de Entre Ríos (2003-2007) Gabriel Moguilner y también al exconcejal radical (en el mismo período) Ricardo Larocca, por presunto falso testimonio.

En el caso de Moguilner su testimonio sería muy distinto al que brindó en la etapa de instrucción.

Además fuentes consultadas por Uno, indicaron que también se podría iniciar una investigación para establecer qué paso con las plantas de reciclado cuya construcción se anunciaron en más de una oportunidad en Entre Ríos.