Delitos de lesa humanidad en Paraná: Baridón señaló que su tarea será “acelerar una justicia que viene con muchos años de atraso injustificado”

Marcelo Baridón, patrocinante de las víctimas y familiares de desaparecidos del terrorismo de estado que se presentarán mañana como querellantes en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el área Paraná dependiente del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, comentó que si bien “la causa estará signada por una estrategia de la defensa destinada a prolongar este trámite”, su tarea “será todo lo contrario: acelerar una justicia que viene con muchos años de un atraso injustificado, en un tema en que la comunidad argentina se ha expresado en enorme cantidad de oportunidades por el respeto al sistema democrático y a los derechos humanos”. En ese marco, añadió que intentará que “la justicia se exprese de modo concreto frente a los más de 20 imputados en las causas que se tramitan en la ciudad de Paraná”.

Baridón relató que tras la detección del centro clandestino de detención en la zona de Paracao, en la capital provincial, “se inició una constitución como querellantes en una causa que denunciara Mónica Portillo, oriunda de Paraná, ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación”. Al respecto, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda emitido por Radio del Plata Paraná explicó que “la zona está bajo jurisdicción de la Justicia Federal y en la causa se ordenó la realización de una pericia por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, ya se designaron los peritos forenses y arqueólogos que trabajarán y las medidas de prueba comenzarán a la brevedad”.

En paralelo, “mañana se continuará con algunas medidas procesales”. “Nos estamos constituyendo como querellantes particulares por las personas que estuvieron detenidas ilegítimamente durante la última dictadura militar y también en representación de familiares de personas desaparecidas en la causa donde se investigan delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Paraná”, explicó.

En ese sentido, indicó que “la causa estará signada por una estrategia de la defensa destinada a prolongar este trámite que viene desde 1983 a la fecha”, la que “fue suspendida por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y sobre la que pesaron algunos indultos del ex Presidente (Carlos) Menem, hasta que el Juzgado Federal de Paraná -en consonancia con una resolución del Juez Federal (Gabriel) Cavallo y de algunos movimientos jurídicos internacionales de condena a los represores y violadores de los derechos humanos- declaró, en una sentencia importante e impecable, la inconstitucionalidad de esas leyes”.

A partir de allí, “comenzaron nuevamente estas causas” y “nuestra tarea será todo lo contrario a la estrategia de la defensa: acelerar una justicia que viene con muchos años de un atraso injustificado, en un tema en que la comunidad argentina se ha expresado en enorme cantidad de oportunidades por el respeto al sistema democrático y a los derechos humanos”, señaló Baridón. En ese sentido, añadió que se intentará que “la justicia se exprese de modo concreto frente a los más de 20 imputados en las causas que tramitan en la ciudad de Paraná”.

Por último, aclaró que la resolución que dictó hace un año la jueza Federal subrogante de la capital provincial, Miriam Gallizzi, “declaró inconstitucional las leyes que impidieron continuar con los procedimientos, y si bien es cierto que los mismos se suspendieron en 1985 en el momento en que el Juzgado Federal de Paraná citó a prestar declaración al Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri (a cargo de la Presidencia de la Nación desde diciembre de 1981 a 1983), al almirante Emilio Massera (integrante de la Junta Militar que impuso la dictadura militar desde marzo de 1976), al General Juan Carlos Trimarco (quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo de Entre Ríos desde el 24 de marzo de 1976), al General de Brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone (que se desempeñó como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército) y al ex General de Brigada, Abel Teodoro Catuzzi, (quien fuera jefe de la subzona 22, entre enero de 1976 y el mismo mes de 1977), el expediente debería recuperar rápidamente el estado de ese momento, citando al menos a éstos personajes”.

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