“El viernes 12 del corriente, mientras alumnos y docentes realizábamos educación física en el predio de la escuela, un mosquito nos fumigó pasando a unos 30 metros. La neblina del agroquímico arrastrado por una suave brisa que provenía del sur ingresaba lentamente por nuestras fosas nasales y por nuestra piel, mientras la impotencia nos paralizaba al saber que podíamos engrosar la lista de los tantos niños que murieron últimamente en la zona de Mojones Sur”, enunció el educador sobre la delicadada situación que atraviesa la comunidad educativa.

Ante esta realidad que aqueja no sólo a los alumnos y docentes, sino a una vasta región, este medio se comunicó con Dellazuana para desentrañar los engranajes de un negocio que se cobra vidas y destroza familias.

En el primer tramo de su alocución comentó el temor de los estudiantes por denunciar la intoxicación a la que son sometidos. “Muchos de nuestros alumnos son empleados de las empresas que regentean los campos y tienen miedo de perder el trabajo”, indicó, a lo que agregó: “En la mayoría de los casos se trata de gente pobre”.

Al recordar el día en que vivieron en carne propia el efecto devastador que provocan este tipo de productos en sus cuerpos, el docente resaltó lo complicado que resultó radicar la denuncia en sede policial, aunque como primera medida decidieron recurrir a la asistencia médica. “ Concurrimos al hospital público Santa Rosa de Villaguay. Allí se constataron diferentes patologías, como alergias y otras afecciones respiratorias. En algunos casos nos recetaron decadrón”, aseveró.

Asimismo reveló que se trata de males menores en comparación con los perjuicios fatales que tiene sobre el ser humano. “La acumulación de agroquímicos en el cuerpo produce leucemia”, advirtió Dellazuana.

De acuerdo a datos que pudo recabar en la zona, en los últimos 10 años se multiplicaron las muertes de niños y adultos. No obstante, dejó entrever su angustia por la dificultad que tienen los pobladores cuando necesitan asistencia médica y todo se vuelve más engorroso a la hora de radicar una denuncia. “Para ellos todo se pone cuesta arriba. Este tipo de estudios cuesta entre 10.000 y 15.000 pesos”, razonó.

Las consencuencias de los agroquímicos –un silencioso veneno esparcido en el aire– no sólo se cobran vidas en un margen cada vez más reducido de tiempo, sino que también se conocieron denuncias de familias que sufrieron la pérdida de entre 300 a 400 colmenas.

“No hemos hecho los pasos legales. Necesitamos la mínima seguridad para dictar clases en el campo y las mismas que necesitan los niños para asistir a la institución. En definitiva los derechos propios de su edad”, explicó el docente.

A la vez dejó abierto un gran interrogante en cuanto al compromiso que tienen sus vecinos para seguir avanzando en la cuestión. “El personal docente me acompaña, pero en general hay poca voluntad; es un tema candente”.

Los alumnos que concurren a la institución son alrededor de 80, mientras que la planta de personal docente asciende a 15. “La directora Gabriela Brumbertoló nos acompaña en esta iniciativa”, dijo Dellazuna a Uno.