Calveyra recordó que el artículo 2 de la norma en cuestión “establece que en junio de 2012 –porque fue sancionada en junio de 2011- caducarían automáticamente todos estos lugares que están habilitados como whiskerías o bares, pero enmascaran la actividad: se ejerce la prostitución y son lugares de explotación y maltrato hacia la mujeres y de violación de los derechos humanos”.
Sobre el operativo de la Policía, consideró: “Es buena esta actitud, lo que se necesitaba en realidad era voluntad política, de gestión, en cuanto a la aplicación de la ordenanza”.
La dirigente se esperanzó que para junio de este año “todos estos lugares estén cerrados”, y apeló además “a la continuidad de este Consejo del que habla la ordenanza, donde participan las organizaciones de la sociedad civil, para hacer un seguimiento del accionar e implementación de un programa de contención social y psicológica de las mujeres en situación de explotación, y que necesitarán ser reinsertadas en la sociedad y en cuanto a la fuente laboral”.
Por otra parte, felicitó a Gualeguaychú, “donde se cumplieron los plazos vigentes”, y adelantó: “Haremos un seguimiento de estos lugares, para que tras el cierre no se trasladen, porque estaríamos ante la misma problemática”.
“Nuestra tarea es abocarnos al ejido Paraná, pero desde el año pasado teníamos intención de poder pedir audiencias a intendentes municipales de ciudades donde hay lugares de este tipo que están funcionando para que también lleven adelante esta ordenanza, así como trabajar en conjunto con capacitación y prevención”, señaló en declaraciones a Recinto Net.
Finalmente, indicó que esperan ser convocados en marzo desde la Secretaría de Justicia para avanzar en el trabajo del Consejo creado en el marco del Protocolo de Actuación frente a casos de trata, dispuesto por la ley provincial 10.032.