Dietas: descaro en las bancas. Pre-crisis y señal de ajuste. Los asesores de CFK.

Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Sugestivamente y dejando de lado cualquier diferencia, ambas cámaras del Congreso Nacional acordaron un obsceno incremento en sus haberes, resistido por un grupo que tiene los pies sobre la tierra y que decidió destinar esta canonjía en calidad de donación hacia destinos aún no revelados.

Mientras la presidente elimina subsidios, apela a que el campo no le pida ayuda, advierte a los sindicalistas que se ajusten a una “sintonía fina” al negociar sus salarios en las paritarias y millones de ciudadanos realizar interminables colas para obtener su Tarjeta SUBE (desde la noche anterior como la celebración de San Cayetano) a fin de paliar sus necesidades cotidianas, los legisladores nacionales, bajo el ridículo rótulo de “dignidad funcional frente a dietas muy atrasadas” (sic), como si los demás no fueran dignos servidores ni sus sueldos no estuviesen desconectados de la realidad, aumentaron sus haberes groseramente, situándose en la vereda de enfrente de los pobres y los indigentes, que son muchos millones y que seguramente les dieron el voto pensando en una cosa muy distinta.

Las informaciones que han tomado estado público, dan cuenta de que esta auténtica afrenta al ciudadano común se gestó en diciembre, estando como una iniciativa de primera prioridad y siendo autorizada por los titulares del Senado, Amado Boudou, y de la cámara baja, Julián Domínguez. Un alambicado cuadro de razones inventadas para cohonestar semejante abuso, lo único que hace es dejar en

evidencia que cuando se trata de sus intereses personales, a nuestros representantes les aflora un ingenio envidiable que no requiere de paritaria alguna. Ellos negocian entre sí para establecer los montos finales.

¿Aceptará la presidente que estos incrementos sean tomados por el resto de los trabajadores como referencia para sus pretensiones al momento de enfrentarse con el sector patronal? Si cualquier sindicato fue avisado de que deberá respetar un tope del 18 por ciento, ¿cómo es posible que los hacedores de las leyes eleven cuatro veces ese guarismo por propia decisión? Los docentes activos que enseñan a los hijos de los legisladores y los jubilados que un día los formaron, deben sentir hoy un profundo malestar. El diputado Fernando “Pino” Solanas, quien estuvo fuera del país y se enteró de este desatino a su regreso, calificó como “una barbaridad semejante medida, que está a contramano de la situación del país”. Victoria Donda también se apresuró a criticar “este aumento ridículo”, dijo, prometiendo ambos donar el incremento.

Con esta prebenda, cada diputado y si se cumple una actividad similar a la del año pasado, podría llegar a percibir entre 3.700 y 17.500 pesos por sesión (la cámara baja se reunió ocho veces y muchas reuniones de comisión fracasaron por la falta de quórum). Si se efectivizara el total de sesiones, ese cobro se ajustaría entre 3.750 y 4.375 pesos. Es escandaloso observar que muchos legisladores apenas concurrieron a la mitad de sesiones y hasta solamente un par de ellas.

Pero además de este sueldo básico, existen otras menudencias, ya que deben sumar gastos de representación y desarraigo (dinero que perciben quienes residen a más de 100 kilómetros del Congreso). Como si fuera poco, cada uno dispone de 240 pasajes aéreos anuales gratuítos (20 por cada). Pero lo más bochornoso es que aquellos pasajes no utilizados, pueden ser canjeados por el dinero equivalente que, en algunos casos, significó que el “pasajero” se haga de más de 130 mil pesos al final del período ordinario. Los senadores del Frente para la Victoria y apenas asumido Amado Boudou como titular del cuerpo, lo primero que solicitaron fue un aumento de sueldo porque sufrían la pérdida del poder adquisitivo.

No vamos a consignar los argumentos usados por quienes defienden el colosal aumento, porque revolvería el estómago de nuestros lectores. Se calculó que entre dieta y adicionales por representación y desarraigo, más el monto por canje de pasajes, cada legislador podría encontrarse con más de 520 mil pesos por año.

El presidente de la cámara de Diputados, Julián Domínguez, un olvidable ministro de Agricultura, declaró que sin una buena dieta “tenemos que dejar la política para los ricos y los ladrones”. Parece que en su pensamiento, aquellos que modestamente se conforman con ganar un emolumento razonable en la función pública frente a las necesidades del pueblo, quedan sospechados de ladrones. El concepto debe invertirse: existen aquellos que honran la política y los que buscan enriquecerse con ella (casos existen centenares).

Domínguez –quién agravia a dos estadistas que vivieron austeramente, no tuvieron fortuna y murieron sin riquezas como Hipólito Yrigóyen y Arturo Illia por tomar sólo dos de los muchos ejemplos- menciona lo que vale un traje, una camisa y una corbata (cualquier mortal tiene derecho a vestirse dignamente), poniendo como ejemplo lo que cuesta llegar desde Jujuy y residir en Buenos Aires. Maliciosamente soslaya que el pasaje es gratuito y la residencia se paga con el ítem “desarraigo”.

El mismo presidente de la cámara, tratando de justificar lo injustificable, citó que los ministros nacionales perciben 10 mil dólares por mes (más de 40 mil pesos), con lo cual confesó cuánto cobraba él hasta el 10 de diciembre pasado. Pero es sabido que dos desatinos no hacen un acierto. Se está tensando la cuerda irresponsablemente. No debe haber instrumento más pacífico para protestar que las cacerolas que hoy, por las dudas, están bien resguardadas. Que la sensatez logre mantenerlas en silencio.

*Pre crisis y señal de ajuste

Por primera vez en la historia entrerriana, un gobernador dirige su quinto mensaje consecutivo ante la Asamblea Legislativa abriendo el período de sesiones ordinarias, producto de la reforma de la Constitución provincial de 2008. Y como siempre ocurre, la evaluación de sus dichos siempre genera diferencias entre partidarios y opositores. Cada uno utiliza un cristal diferente para la visión del discurso.

Esta exposición de Sergio Urribarri, de fuerte tono político y relativamente breve, no resultó exhaustiva ni minuciosa, porque si bien a cada legislador se les entrega un informe completo del estado de la provincia para su análisis y reflexiones, es natural que la ciudadanía desee acceder a mayores precisiones sobre cuestiones centrales. Más que lo que se dijo, el discurso puede llamar la atención por lo que no se dijo, mostrando un contenido caracterizado por buenas intenciones y anuncios. Muchas cosas importantes por hacer en un juego teórico, pero sin acceso al cómo se ha de concretar. Claro que en un abanico de generalidades, es difícil avizorar qué niveles de esfuerzo aportarán los entrerrianos y cuál ha de ser la dimensión de sus desvelos.

El mandatario llamó a encolumnarse en pos del crecimiento y desarrollo de Entre Ríos (un convite reiterado y nada ocioso) pero al instar a realizar sacrificios para defender lo conseguido en su gestión y para lograr avances significativos en distintas materias, dejó entrever que existe una crisis en ciernes y en ello tendrá mucho que ver la situación provincial pero también el derrame de los problemas que deberá enfrentar el gobierno federal y de lo cual ya se advierten signos claros. ¿Qué situaciones tan apremiantes se vislumbran, que demanden denuedo y empuje para preservar lo conseguido?

Proporcionó datos globales del presupuesto general confrontando cifras en el tiempo –seguramente la variable inflacionaria gravita en esto- pero nada se escuchó sobre la deuda pública y el modo y tiempo en que se atenderá su servicio y de qué modo esta cancelación incidirá en los gastos corrientes del Estado. No mencionó nada sobre la futura política salarial para los servidores públicos y no reflexionó sobre la grave situación de los docentes, que en la inminencia del inicio del período lectivo enfrentan la vieja historia de haberes sin ajustar y paritarias donde impera la crónica negativa oficial a reconocer la caída del salario real. Aguardar qué se resuelve en la metrópolis antes de asumir posiciones locales, no es un rasgo de federalismo. Resaltó aspectos de la política educativa aunque está claro que esta problemática excede largamente a las escuelas de jornada completa, una incorporación que aparece en el escenario de la enseñanza con buena aceptación.

En materia fiscal y al aludir a los bajos impuestos que se están pagando –algo que no parecía conocerse antes del 23 de octubre-, hizo un anticipo de lo que vendrá en el terreno de los ajustes, no obstante que éstos en su primer período ya fueron importantes en los rubros Inmobiliario y Automotor. Se observa como una elogiable decisión la lucha contra los evasores y los que practican una cultura de la morosidad.

Se sabe por boca del titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, que a los funcionarios políticos olvidadizos ase les efectuará una deducción en sus haberes para cancelar deudas fiscales.

Una reflexión del mandatario aludió a que “hay un gobierno nacional que por primera vez en 60 años practica el federalismo de los recursos y no de los discursos”. Con mencionar que el centralismo se queda con el 77 por ciento de la recaudación primaria (previo deducir el 15 por ciento para la Anses), que se apodera del total del Impuesto al Cheque y que un austero Fondo Solidario de la Soja le priva a las provincias decidir el destino de la inversión, este aserto del mensaje se debilita. Y digámoslo por enésima vez: el gobierno nacional hace como el hijo que le saca plata a su padre para hacerle el regalo de cumpleaños.

En síntesis, se vienen tiempos difíciles que pueden originar efervescencia social. El gobierno será acompañado por la ciudadanía en la medida que se le hable con franqueza diciéndole toda la verdad, sin eufemismos ni frases contradictorias. Porque afirmar que el crecimiento provincial ha sido inédito e impresionante, no se condice con las dificultades que van surgiendo y que como en la TV, son una clara señal de ajuste. Las autoponderaciones resultan siempre efímeras en la medida que evadan la realidad palpable. El valor de lo que se oculta puede tener mucho más significación y efecto que lo que se afirma en raptos de optimismo. Por eso, esa virtud teologal que es la esperanza, a veces termina cediendo lugar a la zozobra.

*Pésimos asesores

Nuestra provincia está posicionada como una de las principales sostenedoras del desarrollo agropecuario del país. Miles de sus habitantes ponen el hombro para que eso suceda. Desde que en marzo de 2008 se desencadenó el enfrentamiento con el campo, generado por la absoluta ignorancia gubernamental sobre su problemática y la falta de idoneidad para resolverla, se advierte un fenómeno nítidamente perceptible. En materia de producción primaria la presidente está muy mal asesorada, lo cual hace que a menudo se equivoque feamente. Desde aquella desafortunada frase que definió a la soja como un yuyo que crece a la vera de las rutas, pasando por la incapacidad para distinguir los verdaderos productores de los poderosos pooles de siembra y de exportación, hasta llegar a la caracterización de la actual sequía, cada construcción idiomática presidencial destinada a la Comisión de Aplauso y Pleitesía, la deja en posición incómoda.

Esta semana CFK les envió un mensaje a los campesinos sugiriéndoles que dejen de quejarse y aconsejándoles que para evitar rezarle a Dios y pedirle plata al gobierno aseguren sus cosechas. Una expresión más que pretende minimizar los crudos efectos que cualquier argentino puede constatar menos quienes deben hacerlo (organismos dedicados al seguimiento de la producción granera mundial, advierten esta situación).

La sequía –que algo se morigeró con las últimas lluvias que favorecieron a la soja, aunque sin revertir el daño ya ocasionado-, no es un cuento de los agricultores, porque sus mentiras quedarían al descubierto no bien se levanten las cosechas y se confronten sus volúmenes con las estimaciones iniciales según área sembrada, lucha contra las plagas y rindes calculados. Si hubiese habido lluvias abundantes, no se hubieran perdido alrededor de 20 millones de toneladas (esa reducción productiva se cotiza entre 8 mil y 10 mil millones de dólares). El Estado siempre ha sido para el campo un socio muy particular: comparte las ganancias pero no las pérdidas.

En Entre Ríos el perjuicio es importante, pero además de la caída de la producción que ya no se podrá comercializar, debe computarse el gasto de siembra. Sólo la gran tecnología del campo argentino hace que, por ejemplo, con el sistema de siembra directa se aproveche el agua llovida antes de iniciar cada campaña.

Ningún funcionario le explicó a Cristina Fernández que no es fácil tomar seguros, porque en el país el propio Banco Nación no hay seguro multi riesgo. Las compañías se ven obligadas a reasegurar en empresas suizas o alemanas a muy altos costos no siempre factibles. Un productor denunció que se encuentra durmiendo en el Congreso Nacional –donde los legisladores andan demasiado ocupados en otras cosas-, el proyecto para el prometido Seguro de Cosecha. ¿Cuándo se tendrá la ley? En tanto dirigentes de la Federación Agraria señalaron que no hay seguro contra la sequía y lo que más se contrata es contra el granizo.

Aunque la mandataria ironice con la demandada intervención Divina en estos asuntos, debe aceptar que las puertas de Dios están siendo más fáciles de franquear que las de la Casa Rosada.

* Colofones

1- La presidente argentina dijo “qué suertudo que es el presidente español (Mariano Rajoy), baja los salarios y despide trabajadores y los gremios no le paran”. Este tiro por elevación contra cierta dirigencia sindical argentina puede interpretarse de dos maneras: que los trabajadores españoles son tibios y pusilánimes o bien su dirigencia está arreglada con el poder. En ambos casos de nada tienen que enorgullecerse. Las reacciones cotidianas de los gremios rebeldes de nuestro país han sido siempre un grano en el glúteo de los gobernantes, que sueñan con manipular la política sindical (aunque a veces lo han conseguido).

2- El presidente alemán, Christian Wulff, presentó su renuncia ante acusaciones de corrupción (cohecho y tráfico de influencias), aduciendo el “deterioro de la confianza de los ciudadanos”. En esto ha tenido mucho que ver la acción informativa de los medios periodísticos. En nuestro país, el vicepresidente Amado Boudou, gravemente imputado públicamente de estar metido en operaciones ilegales mediante el uso de un testaferro para la impresión de billetes de 100 pesos para el Banco Central, no se dio por aludido, tomó su guitarra y se fue a Tierra del Fuego a cantar canciones rockeras.

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