Los diputados del Frente Social Entre Ríos tiene Futuro, Fabián Rogel (Paraná), Horacio Giorgio (Concordia) y Alba López (Feliciano) presentaron un pedido de informe sobre si se autorizó a la Secretaría de Salud la aprobación de aproximadamente 650 contratos de servicio con vigencia desde el 1° de mayo al 31 de diciembre de 2004 y sobre la compatibilidad de dichos contratos con el presupuesto del área de Salud. Asimismo, Rogel, junto al diputado provincial Eduardo Solari (Frente Social-Paraná) y la diputada provincial Lucy Grimalt (La Red-Paraná) pidieron al Poder Ejecutivo provincial que confirme si se dispuso la suspensión de la titularización de 5.000 docentes de escuelas intermedias y solicitaron que se responda si la “refuncionalización” que tiene prevista el Consejo General de Educación (CGE) implica despidos en el sector educativo.

Rogel, López y Giorgio remitieron un pedido de informe en el que se pregunta si se autorizó a la Secretaría de Salud de la provincia a aprobar 650 contratos en el área con vigencia entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2004, y requirieron información sobre si es cierto que se reconocerá el servicio prestado por 585 personas entre el 1° de febrero y el 30 de abril. Además, pidieron detalles de los montos de cada uno de los contratos, que según ha trascendió, oscilarían entre los 459 y 1.900 pesos, y preguntaron sobre las previsiones presupuestarias para pagar esos contratos, reclamando precisiones sobre su compatibilidad con el presupuesto del área de Salud.

Por otra parte, Rogel, junto al diputado provincial Eduardo Solari (Frente Social-Paraná) y la diputada provincial Lucy Grimalt (La Red-Paraná), requirieron al Poder Ejecutivo provincial que confirme si es cierto que el Consejo General de Educación (CGE) dispuso la suspensión de la titularización de los docentes pertenecientes a las escuelas intermedias.

En caso de respuesta afirmativa, los legisladores solicitaron que se informe “en virtud de qué valorización se tomó dicha medida, toda vez que se habían realizado por parte de los docentes cada uno de los pasos administrativos de rigor para su titularización”.

También pidieron que se responda si es voluntad del gobierno provincial producir despidos de trabajadores de la escuela intermedia y si es verdad que se suspendió la titularización a 5.000 docentes.

Por último, solicitaron que se responda si la “refuncionalización” que tiene prevista el CGE implica despidos “no sólo en los cargos docentes sino también en los de preceptores, empleados administrativos y servicios auxiliares en las 178 escuelas en las que funciona la escuela intermedia”.