El reclamo de Cristina Kirchner por el secuestro de los bastones presidenciales -tanto de ella como el de Néstor Kirchner- no tardó en llegar: “Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite”, tuiteó.

El gobierno, en tanto, salió al cruce de la queja pública de la senadora de Unidad Ciudadana. Desde la Oficina Anticorrupción (OA) señalaron a Clarín: "Los bastones deberían estar en custodia en algún museo nacional, son patrimonio histórico no son objetos personales". En este sentido, explicaron que hay objetos que "pertenecen al Estado y se reclamará que vuelvan a donde corresponde".

Pese a ello, el juez Bonadío consideró que los bastones presidenciales no debían ser secuestrados y según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, ordenó que las fuerzas federales intervinientes en el operativo que demandó 72 horas, “sea devuelto en El Calafate al abogado de la familia Kirchner que presenció el operativo”.

De esta manera, el Juzgado procedió a la devolución de los bastones de mando que recibieron Néstor y Cristina Kirchner.

Los bastones secuestrados fueron, según el detalle del allanamiento: "bastón de mando de la Señora Presidente de la Nación en madera y metal blanco en estuche de madera; y el bastón de mando presidencial en madera, con empuñadura de metal color amarillo y Escudo Nacional Argentino, con dragona en hilos de metal de color amarillo, en estuche de color, marca Ricciardi".

El resto se los objetos secuestrados serán analizados por la Justicia y recién allí se decidirá si se convoca, por ejemplo, al Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) para asignarle un valor oficial a todos los bienes. El primer cálculo sobre los 100 objetos ronda los 10 millones de dólares.

Los bienes secuestrados, guardados en 94 cajas remitidas al Juzgado de Bonadío, podrán en parte tenerse en cuenta ante un eventual embargo en caso de un procesamiento, y además la Justicia busca determinar si varios de los elementos de valor “podrían haberse adquirido con fondos ilícitos”, indicaron fuentes judiciales.

En esta causa Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilícitos que se cobraban a empresas contratistas del Estado. El circuito de coimas investigado superaría los 200 millones de dólares y se busca determinar si parte de esos fondos, se volcaron a la adquisición de bienes para el enriquecimiento “ilegítimo de los principales acusados”.